VALENCIA/BRUSELAS. "El ministro miente". Las duras críticas vertidas por el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, contra la oficina de la Comunidad Valenciana en Bruselas se han interpretado como la culminación de una larga serie de desencuentros basados en cuestiones "personales" e intereses políticos.

El ahora ministro aseguró en una reciente entrevista a la Cadena Cope que "en Valencia ha habido más de 60 personas trabajando en Bruselas a la orden del Gobierno valenciano y al margen del embajador". Además, García-Maragallo metió en el mismo saco el coste de esta entidad con el de los "aeropuertos peatonales", como el de Castellón.

Sin entrar a valorar la infraestructura impulsada por Carlos Fabra, fuentes conocedoras de la actividad realizada por la oficina para asuntos comunitarios reivindican la utilidad de esta entidad dedicada a la captación de subvenciones y ayudas comunitarias que, además, nunca tuvo más de 46 miembros, de los que únicamente 11 eran pagados por la Generalitat valenciana.

Además, se lamenta que las críticas se centraran en la oficina valenciana cuando hay otras autonomías que también están en Bruselas y "gastan más en el alquileres de los despachos de lo que cuesta toda la delegación valenciana", en referencia a la de la Generalitat de Cataluña.

COLABORACIÓN CON LAS EMPRESAS Y LA EMBAJADA ESPAÑOLA

Sin embargo, han sido las acusaciones realizadas por el ministro por la supuesta falta de colaboración con la delegación española ante la Unión Europea las que más han molestado. De hecho, se apunta que, fruto de esta buena e intensa colaboración la delegación incorporó a su equipo a Julián Talens, funcionario del IVF en Bruselas. Talens llegó a la delegación de la Comunitat Valenciana buscar financiación e incrementar su formación.

Después de dos años desarrollando una estrecha cooperación con la representación de España ante la Unión Europea, fue seleccionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores como uno de los consejeros autonómicos de la entidad. En este puesto se ocupa de garantizar una adecuada coordinación entre los técnicos de las oficinas regionales y los de la representación permanente.

De hecho, la precariedad de medios de la delegación española era solventada con la colaboración regional en aspectos como el reclutamiento de funcionarios, apuntan personas conocedoras de su actividad. A diferencia de lo que ocurre en España, los funcionarios europeos no sólo tienen que superar la oposición, sino ser elegidos por los departamentos a los que han de incorporarse.

La función asumida por la oficina valenciana era la localización de estos aprobados y su puesta en contacto con sus potenciales "contratantes". Fuentes conocedoras de estas gestiones cifran en un veintena los funcionarios promocionados, tanto valencianos como de otras autonomías.

Igualmente, la oficina sirvió para la presentación de alegaciones a distintas normas europeas, como la relativa a fritas y esmaltes en la que estaba muy interesado el sector azulejero o diversas acciones en defensa de cuestiones hídricas y fitosanitarias.

Igualmente, fuentes conocedoras de la gestión de Margallo en Bruselas aseguran que el eurodiputado mantenía una relación habitual con la oficina hasta hace unos pocos años. Acudía a las actividades organizadas y su despacho se ha cruzado con la oficina "centenares" de correos electrónico. Cuestiones personales y el cambio de determinados responsables abrían enfriado esta relación "que siempre fue utilitarista", apuntan.

VALENCIANO "POR TENER UN CHALET EN JÁVEA"

Las interpretaciones que se dan a esta reacción son diversas y van desde su escasa empatía con los últimos responsables de este servicio como por una voluntad de apartarse de todo lo valenciano, "por lo mal visto que está en Madrid".

El actual ministro de Exteriores entró por primera vez en el Parlamento Europeo en 1994, después de haber sido miembro del Congreso de los Diputados por la provincia de Valencia entre 1986 y 1994, y por Melilla entre 1977 y 1982. Madrileño de nacimiento, en 1968 ganó las oposiciones a Inspector Técnico Fiscal del Estado, teniendo como primer destino Castellón y después Guipúzcoa.

Su relación con la Comunitat Valenciana no es mucho más extensa, ya que en 1974 fija definitivamente su residencia en Madrid y, a excepción de las estancias estivales en Jávea, su paso por la Comunitat calificado de "puntual" y relacionado con actos del partido, especialmente los electorales.

CUESTIÓN DE RENTABILIDAD

Un eurodiputado, como ha sido hasta ahora el ministro Margallo, cobra un sueldo de 6.200,72 euros, descontados ya los impuestos y el pago de un aseguro obligatorio de accidentes. A esta cantidad hay que sumarle 4.299 euros mensuales para gastos corrientes (material de oficina, postal y teléfono).

Esta camtidad aumenta al sumarle los billetes de avión o el kilometraje hasta su circunscripción electoral o las dietas para los viajes que se realizan dentro y fuera de la Unión Europea, entre otros. En total, unos 15.000 euros mensuales.

A esta cantidad hay que sumarle los asistentes, un equipo personal de eurodiputado para el que reciben un máximo de 19.709 euros mensuales. Entre un concepto y otro, cada eurodiputado diputado tiene un coste de más de 425.000 euros anuales.

Desde fuentes conocedoras de la actividad parlamentaria europea advierten, además, que los eurodiputados lo son nacionales, por lo que responden a los intereses generales de su partido y no a los de las regiones con las que estén vinculados.

FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

Por contra, la Fundación Comunitat Valenciana Región Europea tuvo un coste al erario público valenciano de 500.000 euros, un 25% de su presupuesto total. El resto corre a cargo en un 26,22% de convenios de entidades valencianas y un 48,76% de proyectos europeos.

Esta fórmula de financiación pública y privada fue una de las novedades que significó la reordenación de la oficina en 2003 y fue reconocida con diversos premios y la aplicación del modelo en otras oficinas regionales, como la de la región de Sofía (Bulgaria).

Partiendo de la dificultad para medir el retorno económico de las gestiones de un eurodiputado, desde la Generalitat se asegura que por cada euro destinado a la Fundación Comunitat Valenciana Región Europea entre 2003 y 2011 se han conseguido 26 euros en ayudas y subvenciones europeas. En concreto, 108 proyectos y siete iniciativas cofinanciadas por la Comisión Europea que han repercutido en la Comunitat con una inversión productiva de 91.675.644,1 euros, según la propia oficina en Bruselas.

Además, mientras en 2003 la oficina estaba ocupada por cinco personas con el empleo de asesor de Presidencia, en 2007 no quedaba nadie bajo esa figura y se había ampliado la plantilla con funcionarios y personal en formación de distintas instituciones (IVF, IVAJ, instituto tecnológicos, asociaciones como Ascer o Febec o el Colegio de Farmacéuticos de Valencia) en función de las ayudas europeas disponibles para sufragarlos.