VALENCIA. Hay que ponerle un precio a vivir. La privatización del Registro Civil decidida por el ministro de Justica, Alberto Ruiz Gallardón, pone a los registradores mercantiles al frente de su gestión. Sin embargo, el Ejecutivo no ha concretado un aspecto importante: cómo se va a retribuir este trabajo a sus nuevos responsables.
Hace tres años se decidió que los jueces dejaran de ser los encargados de llevar el Registro Civil. Aunque hasta julio de 2014 no tenía que ponerse en marcha el nuevo sistema, lo cierto que el ministerio no especificó quién les tomaría el testigo hasta el Real Decreto 8/2014 del 4 julio, cuando apuntó a los registradores mercantiles.
Para la decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles en la Comunitat Valenciana, María Emilia Adan, la razón de esta elección se basa en que estos profesionales ya gestionan lo que afecta a los empresarios individuales, un aspecto que puede tener puntos en común con las exigencias registrales civiles.
QUIÉN Y CÓMO SE PAGA
En todo caso, los colegios están negociado a escala nacional cómo se retribuye esta nueva nueva tarea. "Hasta ahora lo que hay sobre la mesa es una declaración de principios, pero se debe negociar las condiciones", señala Adan. De hecho, se han dado un plazo de un año para que esta negociación llegue a puerto y se ponga en marcha a pleno rendimiento.
Cómo encajarán su nueva función y cuánto cobrarán los registradores viene acompañado de un debate complementario, que se refiere a la gratuidad de este registro para los contribuyentes que hacen uso de él. Hasta el momento, se ha cubierto con lo que se recauda a través de los impuestos sin que se tuviera que abonar por los tramites habituales.
Sobre ese aspecto, desde el Ministerio de Justicia se ha asegurado que las inscripciones por nacimiento y defunción seguirán siendo gratuitas, pero no se ha concretado oficialmente si seguirán siéndolo el resto, como es el caso de los matrimonios.
UN COLECTIVO REDUCIDO DE ALTA INCIDENCIA
En la Comunitat Valenciana hay actualmente 142 registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles colegiados y un millar en el conjunto de España. El boom inmobiliario hizo que aumentara la carga de trabajo, pero ha sido en las últimas fechas cuando han sumado nuevas funciones.
Éste es el caso del impuesto de plusvalía, que ha pasado a ser gestionado por estos profesionales en las localidades que lo han solicitado. La medida busca reducir la carga de trabajo municipal e incrementar el control sobre el mismo, reduciendo el fraude en el pago de este tributo.
