VALENCIA. Un recoveco legal de 2010, que fue aprobado el 29 de julio de 2011 por el Consell, sin publicidad, es el que ha permitido el arrendamiento de la licencia de TDT de Las Provincias  a la empresa Beovisión, hasta ahora ignota, y propiedad del empresario valenciano del sector Ángel Raga.

Se trata en concreto de una disposición de la Ley 7/2010, del 31 de marzo de ese año, bautizada como ley General de la Comunicación Audiovisual. En virtud de esta nueva norma de ámbito estatal, el Consell rebautizó las concesiones de TDT para la Comunidad Valenciana y transformó lo que eran "concesiones para la explotación del servicio público de televisión digital terrestre" en "licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual de televisión digital terrestre".

El cambio no era baladí, ya que le quitaba a las concesiones cualquier rasgo 'público' y las transformaba en concesiones sujetas a derecho privado. En la norma estatal se indicaba en el artículo 29 que la realización de cualquier negocio, entre los cuales se incluiría el alquiler de la licencia, "requeriría autorización previa de la autoridad audiovisual competente", en este caso el Consell. Es por ese motivo, explicaban este lunes fuentes de Presidència, por el que la Generalitat tenía que autorizar el alquiler de la señal de Las Provincias a Beovisión.

Entre las condiciones que se planteaban en la norma estatal, se señalaba que para que se pudiera llevar el alquiler de la señal debería haber transcurrido "al menos dos años desde la adjudicación inicial de la licencia", algo que se cumple en el caso de la licencia de Las Provincias.

El Consell, tal y como se recordaba en el DOCV de este lunes, en la reunión del 29 de julio adoptó el acuerdo por el que se transformaron las concesiones para la explotación de la TDT. Este viernes, igualmente, se producía un cambio en la planificación del espacio digital, por el cual el canal múltiple de cobertura autonómica, en la provincia de Alicante, el canal radioeléctrico 25, ha sido sustituido por el canal 62.

Con la resolución del viernes publicada este lunes se pone fin a la vía administrativa salvo que se interponga recurso de reposición ante el Consell en el plazo de un mes contado desde este lunes, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde hoy martes.

EL SECTOR, EXPECTANTE

La puesta en marcha del nuevo canal autonómico ha sido recibido con notable escepticismo por parte de la industria audiovisual. Así, fuentes consultadas insistieron en el hecho de que salvo que reciba financiación vía administrativa, en la actual coyuntura del mercado publicitario audiovisual es "bastante complicado" que tenga visos de perdurabilidad.

Igualmente, desde MilDeNou, plataforma que aglutina a una parte representativa de los ex trabajadores de RTVV, así como desde la MESAV, plataforma que aglutina a buena parte de la industria audiovisual valenciana, se dejó patente un cierto recelo hacia esta iniciativa, apadrinada por el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus.

En concreto desde MilDeNou, el realizador Luis Lizarán, indicó que no tenían constancia de que se hubiera destinado dinero público para este nuevo canal pero advirtió: "A la mínima que la Diputación [de Valencia] invierta un solo euro estará incurriendo en una ilegalidad". Es por eso que adelantó que si eso se produce, recurrirán ante los tribunales el acuerdo del Consell y pedirán las actuaciones judiciales que fueran necesarias.

Por su parte, desde la industria audiovisual recordaron que hasta la fecha ninguno de los dos canales, y muy especialmente Las Provincias, habían cumplido la normativa legal que les obligaba a contratar un 10% de la producción a empresas externas y emitir un 20% de su programación en valenciano. Y reclamaron que el Consell corrigiera esa situación, que constituye una ilegalidad más que se produce dentro del colapso que vive la TDT en la Comunitat Valenciana.

En el actual contexto, aquel cambio legal introducido en 2010 y aprobado por el Consell de manera sigilosa en el último pleno antes de las vacaciones de 2011, cobra una nueva dimensión y ha sido interpretado como una puerta que se dejó abierta entonces para poder realizar operaciones como la que se aprobó este viernes. "Visto ahora, con la perspectiva de tres años, es evidente que así lo parece", convenía Lizarán.