VALENCIA. Tres años de cárcel. Esa es la pena que pide la Fiscalía para el expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, por un presunto delito de fraude fiscal y falsedad documental. Olivas, que ostenta de por vida el título de 'Molt Honorable' por su condición de expresidente, se sentará en un banquillo junto al empresario Vicente Cotino, para el que se pide la misma pena.
Los hechos que se juzgarán ocurrieron en 2008. Olivas, que entonces era presidente de Bancaja, facturó 580.000 euros a Sedesa, la empresa de Cotino, por un asesoramiento que le prestó desde su empresa privada, Imarol SL. La Agencia Tributaria detectó irregularidades en el pago de impuestos por esa factura y lo puso en conocimiento de la justicia.
El juzgado de instrucción número 14 de Valencia se encargó de investigar el caso. Llamó a declarar como imputados a Olivas, a su esposa -socia en Imarol- y a Cotino. Con los datos de la Agencia Tributaria y las declaraciones, el juez procesó a los imputados y pidió a las partes personadas que calificaran los hechos. El primero en hacerlo ha sido la Fiscalía, que pide tres años de cárcel para Olivas y Cotino. Falta que lo haga la Abogacía del Estado y, después, las defensas de los acusados.
Pero los escritos que presenten los abogados de Olivas o Cotino ya no evitarán que el expresidente valenciano y todopoderoso señor de las finanzas valencianas como presidente de Bancaja -y posteriormente vicepresidente de Bankia- vaya a juicio. Una vez una de las acusaciones ha pedido que se juzgue el caso, la petición de sobreseimiento que pueda hacer la defensa de los acusados se sustanciará ante un juez o tribunal.
La imagen de un expresidente de la Generalitat sentado en un banquillo de los acusados se repetirá por segunda vez. Primero fue Francisco Camps, que fue absuelto de la acusación de cohecho impropio por el que se conoció como 'caso de los trajes', el proceso que empezó a destapar como estaba de arraigada la trama Gürtel en la Administración autonómica.
UNA HONORABILIDAD IRREVOCABLE POR SU PROPIA LEY
Olivas, en todo caso, no será juzgado por un jurado popular, sino por un juez o un tribunal, dependiendo de si es un juzgado de lo penal o la Audiencia Provincial de Valencia quien asuma el caso. Acabar en una u otra instancia depende de la cantidad de años de pena que se soliciten (en realidad, de lo que prevé el código penal). Pero este es un asunto menor.
El mayor es que la Fiscalía ya ha puesto un listón alto: los tres años de cárcel es, para hacer una comparación, es muy superior a la multa que se solicitó para Camps en el caso de los trajes. Pero además, el hecho de que se trate de un delito fiscal sitúa a Olivas en una posición muy delicada, dada la actual coyuntura social y política.
Aunque los casos de Olivas y del expresidente catalán Jordi Pujol no aguantan una comparación razonable -el expresidente de la Generalitat de Catalunya tuvo una fortuna millonaria en una cuenta en Suiza durante décadas, con la consiguiente evasión fiscal implícita, al margen de que alrededor de Pujol hay una trama de supuesta corrupción- sí tienen en común el supuesto delito fiscal y el hecho de ser expresidentes y, con ello, tener la condición de Molt Honorable.
Pujol ha renunciado a los derechos que le da su condición una vez se ha destapado el caso, entre ellos una pensión vitalicia y el tratamiento. Olivas, que precisamente firmó como presidente de la Generaltliat el estatuto del expresidente del Consell, no ha hecho uso de las prerrogativas a las que tiene derecho: coche oficial, tres personas a su servicio y la posibilidad de ser miembro del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Pero el tratamiento es para siempre.
Y lo es porque el estatuto no prevé la posibilidad de que se le retire. Ni a él ni a nadie. En la norma no se contempla ningún supuesto por el que un expresidente puede perder los derechos que le concede. Cuando Camps se sentó en el banquillo hubo algunas voces de la oposición que reclamaron un cambio, pero no se ha producido.
Este periódico consultó a Presidencia de la Generalitat Valenciana si habían recibido algún tipo de comunicación del expresidente Olivas. No lo ha habido, aseguraron. En la actualidad, de los cuatro presidentes que ha tenido la Generalitat Valenciana -Alberto Fabra sigue en el cargo- solo Francisco Camps hace uso del estatuto y ocupa un puesto en el CJC, tiene coche oficial y personas a su cargo. Ni Joan Lerma, que es senador, ni Eduardo Zaplana, que está apartado de la política activa, ha recurrido a esta posibilidad.
EL OCASO DEL HOMBRE QUE LO PODÍA TODO
Olivas se sentará en el banquillo, por tanto, por un supuesto delito fiscal cometido en calidad de asesor privado. Nada que tenga que ver con los casos por los que también está imputado vinculados a la quiebra de Bankia. Pese a que su gestión al frente de Bancaja -y por tanto de Banco de Valencia- está en duda por los elevados riesgos que asumió en el sector inmobiliario y hay varias operaciones que están siendo investigadas por si hubiera delito, de momento el expresidente de la mayor caja de ahorros valenciana no está acusado formalmente de nada.
Olivas, sin embargo, ha perdido toda la influencia que llegó a tener. Político que se forjó en el Ayuntamiento de Valencia, donde llegó por la UCD y siguió con el PP, saltó a la Generalitat como conseller de Hacienda con la presidencia de Eduardo Zaplana. La marcha de Zaplana al Ministerio de Trabajo le convirtió en el tercer presidente de la Generalitat. Lo fue durante un corto periodo de tiempo. No optó a la reelección. Tenía un destino mejor: la presidencia de Bancaja.
Desde allí desplegó todo su poder. Hoy vive en Madrid. Lejos de las miradas de los que, durante años, le tuvieron como referente a la hora de arreglar sus finanzas. Su despacho en la sede de Bancaja en Pintor Sorolla está vacío desde entonces.
