VALENCIA. La pérdida de respaldo en las elecciones autonómicas y locales de mayo llevó al PP a un adelgazamiento masivo de su poder institucional. Además de decir adiós al Gobierno autonómico tras 20 años de hegemonía y a los ayuntamientos más importantes de la Comunitat, los 'populares' también se despidieron de la Diputación de Valencia. Con estos resultados, las corporaciones provinciales de Castellón y Alicante son los únicos organismos con capacidad y presupuesto propio para marcar en cierta medida la agenda política.
En concreto la Diputación de Alicante, más poderosa por motivos obvios, se ha erigido como el reducto de la formación 'popular', el epicentro donde generar ilusión en las maltrechas filas del PP tras el 25M. Una institución a la que este partido ha llegado no sin esfuerzo: tras una ardua negociación con Ciudadanos (C's) que consiguió imponer su deseado veto sobre el líder provincial del partido y exvicepresidente del Consell, José Císcar. Una situación que propició la asunción de la vara de mando por parte del alcalde de Calpe, César Sánchez.
No obstante, el proyecto estrella de Císcar para impulsar desde la corporación provincial ha sobrevivido a su renuncia: ya en abril de este año el barón alicantino del PP anunciaba su intención de crear una Zona Franca en el Puerto de Alicante. Un proyecto que ya intentó, sin éxito, el también 'popular' alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, en la pasada legislatura. Desde la Diputación de Alicante ponen distancia con aquel plan, sosteniendo una diferencia fundamental y lógica en sus argumentos: la salida directa al mar.
Lo cierto es que Sánchez, con una estrecha relación con Císcar, ha recogido el testigo para este proyecto, que apunta a convertirse en la joya de la corona del PP alicantino para toda la legislatura. En este sentido, el presidente de la Diputación ha solicitado la participación activa de los empresarios para elaborar un informe sobre las posibilidades de la zona franca. El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), con 400 entidades a sus espaldas, ya está trabajando en un estudio de viabiilidad e impacto económico a petición de la Diputación sobre la posible implantación.
En esta línea, el secretario de Estado de Administración Pública, Antonio Beteta, número dos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya bendijo semanas atrás la posibilidad de crear una zona franca en su visita a Alicante si los informes son positivos. Una opinión fundamental puesto que la autorización depende del Gobierno central, si bien los plazos indican que, aunque el proyecto fuera hacia delante, no se dirimiría hasta pasadas las elecciones generales.
Por otro lado, Sánchez se reunirá el próximo viernes con el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, en un encuentro en el que, entre otras cuestiones, habrá una primera toma de contacto sobre esta idea. Pese a que el portavoz del equipo de gobierno municipal, Natxo Bellido, de Compromís, se desmarcó días atrás del proyecto en nombre del consistorio, desde el PP subrayan que Echávarri se ha mostrado "neutral" a la espera de conocer los informes y consideran que podría ver con buenos ojos un plan de estas características para el Puerto de Alicante del que, incluso, podrían sacar rédito político los socialistas. En esta línea se pronunció el secretario general provincial del PSPV, David Cerdán, quien, preguntado por la zona franca, se mostró favorable a cualquier iniciativa que contribuya a "reactivar el puerto".
A raíz del nombramiento este viernes de Juan Antonio Gisbert como nuevo presidente del Puerto de Alicante, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, fue preguntada por la propuesta de abordar la creación de una zona franca. "Sánchez deberá reunirse con Gisbert para que le traslade la propuesta y si la comparte, se trasladará al Gobierno", se limitó a comentar la portavoz del Consell.
