VALENCIA. La Conselleria de Hacienda y Administración Pública ha recaudado casi siete millones de euros al realizar actuaciones inspectoras a establecimientos de compraventa de oro, objetos usados y actividades similares sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados durante 2013 y lo que llevamos de 2014.

En concreto, se han levantado 238 actas de inspección a un total de 149 establecimientos ubicados en la Comunitat Valenciana. Según informan fuentes de la conselleria, se trata de empresas que se dedican a la compraventa de oro, revendedores de antigüedades, objetos de segunda mano, vehículos al final de su vida útil (desguaces) o chatarra, cuyas actividades son objeto de control específico en el marco de los Planes de Control Tributario de la Generalitat de los dos últimos ejercicios. Como indica el cuadro, la recaudación total ha ascendido a 6,8 millones de euros y la provincia donde más inspecciones se han producido, más de un centenar en total, es Alicante.

NUEVO MODELO DE AUTOLIQUIDACIÓN

Para simplificar el pago de los impuestos a estas empresas, la conselleria ha diseñado un nuevo modelo de autoliquidación que permite realizar una declaración agregada. Hasta el momento, los empresarios tenían que declarar operación por operación en cada compraventa: en concreto, debían ingresar el 4% por cada compraventa sujeta al impuesto.

Para simplificar esta enorme carga, se ha aprobado una declaración agregada en la que los empresarios deberán declarar todas las operaciones realizadas en un trimestre natural, debiendo presentarlas ante la Conselleria de Hacienda en los veinte primeros días de abril, julio, octubre y hasta el día 30 del mes de enero.

La medida forma parte de las actuaciones del Consell para mejorar el cumplimiento voluntario de obligaciones y potenciar la labor inspectora de la Generalitat en los tributos autonómicos.

Vicente Peiró, director general de Tributos y Juego de la Generalitat, señaló a este diario que con el desarrolllo de la declaración agregada pretenden "facilitar el cumplimiento voluntario y reducir los costes para las empresas derivados del cumplimiento de sus obligaciones fiscales".

La declaración agregada para las actividades de compraventa señaladas ya ha sido puesta en marcha en otras comunidades con "excelentes resultados", aseguran desde la conselleria.