VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València perderá cerca de 7 millones de euros de las ayudas al transporte del Gobierno relativas al año 2025 por no contar con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aprobada al finalizar el ejercicio. La duda era si iba a ocurrir lo mismo con toda la subvención que otorga el Ministerio de Transporte para el ejercicio 2026 y finalmente no será así: el consistorio tendrá más tiempo para aprobar su ordenanza pero deberá sacarla adelante antes de julio si no quiere devolver la parte relativa al primer semestre.
El pasado miércoles se conoció el decreto del Ministerio que dirige Óscar Puente y disipó cualquier duda que pudiera existir sobre las ayudas al transporte para el año que viene. El Ayuntamiento de València ya daba por hecho que no podría acceder a esta línea de subvenciones al no contar con una ZBE hasta el punto de que la alcaldesa, María José Catalá, había adelantado que cubriría el 'agujero', de unos 14 millones de euros, con fondos municipales para evitar subir los bonos de la EMT. Finalmente, el decreto aprobado por el Gobierno da un balón de oxigeno a los consistorios que no habían hecho sus deberes en esta materia.
En concreto, la norma establece que podrán acceder a este programa aquellos municipios de más de 50.000 habitantes que acrediten "disponer de una zona de bajas emisiones activa en su territorio, o bien de implantarla y que se encuentre en funcionamiento durante 2026". Así pues, los consistorios tendrán todavía el año que viene para hacerlo sin perder fondos. Con todo, fuentes del Ministerio de Transportes explican que el Gobierno arbitrará un sistema de acreditación semestral por lo que, si no existe una Zona de Bajas Emisiones antes de que acabe junio, se perderían las ayudas de la primera mitad del ejercicio, que en València rondarían los 7 millones de euros.
De esta manera, la secretaría general de Movilidad Sostenible ratificará el próximo mes de enero que València tendrá que devolver las ayudas de la segunda mitad de 2025. No obstante, el mecanismo semestral del Gobierno de España permitirá al Ayuntamiento acceder al anticipo de subvención para los primeros seis meses de 2026 sin tener todavía aprobada una ZBE. Eso sí, el consistorio que encabeza María José Catalá deberá llegar a un acuerdo antes de que termine junio si quiere evitar que se reproduzca la misma situación y tenga que devolver nuevamente otros siete millones de euros de ayudas anticipadas. Una cantidad que podría alcanzar los 14 millones de euros si el bloqueo se acaba manteniendo todo el próximo ejercicio. "Si no cumple, como ocurre a día de hoy, tendrá que devolver también las ayudas de 2026", apuntan fuentes del Ministerio de Transportes
Posibles sanciones
Cabe mencionar que, además de los descuentos al transporte, la factura total para la ciudad de València sobre no tener una ZBE podría alcanzar los 150 millones de euros, entre ayudas perdidas y posibles penalizaciones, tal y como ha venido informando Valencia Plaza. Una cantidad que desde la Sindicatura de Comptes rebajan a 45 millones de euros. A criterio del órgano que encabeza Vicent Cucarella, estarían en riesgo solo dos líneas: las ya mencionadas ayudas al transporte -7 millones de 2025 y hasta 14 millones el año que viene- y la relativa a actuaciones para poner en marcha la ZBE, que asciende a 8,5 millones, junto a una posible sanción de otros 17 millones.
Todo ello deriva de la falta de acuerdo municipal en torno a la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones. Vox, socio del PP en el gobierno local, anunció que no apoyaría ninguna norma al respecto. El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, tampoco ha logrado alcanzar ningún acuerdo con los grupos de izquierda, Compromís y PSPV, que consideran que la ordenanza propuesta es demasiado laxa. De hecho, es de las más blandas de toda España porque, según ha reconocido el propio edil responsable, se ha decidido primar la protección de "los intereses económicos y sociales" de negocios y vecinos. Por su parte, la Sindicatura de Comptes veía "poco ambiciosos" sus objetivos.
La última propuesta tampoco fue suficiente y el ejecutivo local rechazó la urgencia de la misma. En el último pleno, el concejal de Movilidad de València, el popular Jesús Carbonell, afeó que la propuesta de la oposición fijara como condición la ampliación de las plazas de ORA para residentes mientras que los ediles de la oposición Giuseppe Grezzi y María Pérez (Compromís y PSPV) recordaron que es una forma de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones -que la propuesta del PP no conseguía- al tiempo que se flexibilizaba el calendario. Un punto, este último, que reclamaban los populares.
Según la alcaldesa, "el PP ha hecho el esfuerzo por cambiar y hacer hasta tres versiones distintas de la ordenanza. Ha llevado una ordenanza en tiempo y forma. Ha votado a favor de la ordenanza", ha resaltado, para insistir en que "las responsabilidades las tendrán que asumir los que han hecho con su voto imposible tener una Zona de Bajas Emisiones". "Yo creo que algo ha quedado acreditado, es que el Partido Popular lo ha dado todo en esta negociación, ha intentado hasta el último minuto negociar con todos, y que ha habido una negativa de Vox por una cuestión de planteamiento y de la dirección nacional del partido, puro y duro, y de Compromís, del Partido Socialista, porque evidentemente no ha habido ninguna voluntad real de acercarse, de mejora", afirmó esta semana.
