VALENCIA. Ribera Salud se ha convertido en la diana de muchos de los opositores a la privatación de sanidad madrileña. La empresa valenciana, quien obtuvo la concesión de tres hospitales, ha pasado a ser la más señalada después de que su polémico competidor, Capio, decidiera no presentarse para gestionar alguno de los hospitales.

Pero el proceso de privatización encabezado por el concejal de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, se está viendo atropellado por las decisiones de la justicia. La última, la suspensión decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). De hecho, la actuación de Ribera Salud tras este veredicto ha sido la que ha hecho que todos los focos se centren sobre ella. 

A pesar de la paralización cautelar, la concesionaria siguió manteniendo entrevistas con el personal para planificar el servicio de cara al futuro, algo que no sentó muy bien a sanitarios y pacientes. Ante esta situación, el colectivo en defensa de la sanidad pública decidió cargar de nuevo contra Ribera Salud. De hecho, diferentes plataformas han convocado una concentración en la sede de la compañía, ubicada en la calle Núñez de Balboa, para el próximo martes.

La Asociación de Facultativos Especialistas ha sido otro de los colectivos que ha acusado a Ribera Salud de hacer oídos sordos a la orden judicial de paralizar la privatización de hospitales al haber reanudado sus contactos con los hospitales. La compañía respondió con un comunicado, asegurando que había sido Lasquetty quien les había autorizado a seguir trabajando. "El auto del juez suspende cautelarmente la ejecución de los actos administrativos, pero en ningún caso suspende la adjudicación del concurso" apuntaba.

Esta actuación ha hecho que se ponga toda la atención en Ribera Salud, mientras que las empresas Hima San Pablo y Sanitas han pasado más desapercibidas tras la paralización del proceso y el cese de actuaciones. Sin embargo, la decisión de la empresa valenciana de continuar podría perjudicar aún más su imagen de cara a la sociedad, como ya le ocurriera a Capio. 

UN PROCESO ATROPELLADO

Hasta el momento, el mapa jurídico del asunto ha virado hasta en cinco ocasiones. El 10 de julio de 2013, el TSJM acordaba paralizar el proceso de privatización por la modificación de las condiciones para reducir la garantía que tenían que afrontar las concesionarios, decisión tomada con el fin de hacer más atractivos los pliegos. Esta decisión fue tomada tras aceptar un recurso interpuesto por el Partido Socialista de Madrid.

El 24 de julio de 2013, el TSJM decidía levantar la paralización y reactivar la externalización de la gestión sanitaria.  El 3 de septiembre de 2013, el Juzgado Contencioso Administrativo Número 4 de Madrid volvía a suspender la privatización madrileña a instancias de un recurso presentado por AFEM.

El 5 de septiembre, el Juzgado Contecioso Administrativo Número 16 se declara incompetente para resolver este asunto. Mientras que el 11 de septiembre el TSJM volvía a paralizar el proceso debido al recurso presentado por AFEM, aceptado por la dificultad de revertir el proceso de privatización, de gestión privada a gestión pública.