VALENCIA. ¿Cuál es la política del Consell? ¿Se basa en un ideario político o en un programa electoral como podría esperarse? Lo cierto es que a tenor de las decisiones que viene adoptando el Gobierno valenciano en temas esenciales parece que lejos de llevar la iniciativa anda a remolque de informes de la Abogacía o de las imposiciones de los recortes presupuestarios que llegan desde Madrid.
El último caso y el que reune todas las características es precisamente el de RTVV. La decisión se toma tras una sentencia judicial, la anulación del ERE, por motivos económicos -al menos así se justifica- y todo el proceso se pone en marcha con la supervisión de la Abogacía. ¿Quería el PPCV cerrar la televisión autonómica?
Nada hace suponer eso, al menos ni en el programa electoral ni en la acción política previa a los acontecimientos. Y eso teniendo en cuenta que un partido conservador podría legítimamente pensar en cerrar televisiones públicas. Sin embargo, no es el caso.
La cuestión es que el actual Consell se ha visto arrastarado en varias ocasiones a territorios en los que no esperaba adentrarse. Si bien prácticamente en el discurso de su investidura Alberto Fabra apuntó a una acción política destinada a hacer más pequeña la administración, lo cierto es que a medida que ha ido tomando decisiones en muchos casos se han vinculado a motivos externos.
Otro ejemplo: Ciudad de la Luz. Está en venta. Pero no es porque el Gobierno valenciano decidiera en un momento determinado que era una mala idea. Fue la Comisión Europea la que condenó a la Generalitat a recuperar el dinero que había invertido en los estudios de cine.
Más casos vinculados con los grandes eventos-proyectos. La Fórmula 1 deja de celebrarse en Valencia no porque la Generalitat considere que un gobierno no está para montar carreras, sino porque la actual situación de crisis económica impide afrontar un canon de más de 20 millones al año.
Pero más allá de los gastos en acontecimientos relevantes de dudoso interés público, la Generalitat también tiene problemas para gastar dinero en iniciativas que generen, por ejemplo, actividad económica. Con la actual restricción presupuestaria el Consell ya no solo no puede comprometer una línea del presupuesto en políticas activas.
De hecho, si lo hace lo más normal es que no pueda pagarlas después por falta de fondos. Así, el dinero con el que cuenta -y alguno más que conforma el déficit a final de año- se destina a pagar nóminas y gasto corriente.
INFORMES DE LA ABOGACÍA POR LA CORRUPCIÓN
Pero no es el tema económico el único que lastra la acción política. Los problemas de corrupción heredados de la etapa de Francisco Camps han obligado al Consell a tomar decisiones impuestas. La justicia ha marcado la agenda para la Alberto Fabra en su relación con el partido o el grupo parlamentario.
El presidente ha insistido en señalar repetidamente que tiene una línea roja contra la corrupción, pero no se ha actuado igual en todos los casos. Así, cuando se ha planteado personarse en alguno de los procesos abiertos, el Consell se ha escudado en informes de la Abogacía de la Generalitat. Lo que los letrados digan es lo que, en teoría, se hace.
Sin embargo, mientras que en el caso Blasco sí se ha personado, en Nóos no lo ha hecho, pese a que la Abogacía sí lo recomendó. El supuesto quebranto para las arcas públicas y la actuación correcta o no de la administración en los casos juzgados han sido las razones utilizadas.
