VALÈNCIA. Hace seis meses que el Consell del Botànic II empezó a rodar. Un gobierno autonómico con nuevas caras tras la entrada de Unides Podem al ejecutivo. Uno de esos rostros es Rubén Martínez Dalmau (Teulada, 1970), Vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, una cartera que asume con grandes retos por delante como la insuficiencia del parque público, la subida del alquiler o los desahucios, "Es fundamental que entendamos que en cuatro años necesitamos una revolución en las políticas que den la capacidad a las personas de tener el derecho a la vivienda", reivindica.
Con el claro objetivo de aumentar un 30% el parque público, es decir, sumar unos 4.500 inmuebles a finales de legislatura, el nuevo equipo al frente de la Conselleria busca la complicidad de los ayuntamientos para movilizar y dar una respuesta habitacional a los valencianos. Para ello, su plan pasa por ceder competencias a los consistorios en esta materia para que poco a poco "entren a hacer política de vivienda", indice.
Favorable a una colaboración público-privada con los agentes implicados como grandes tenedores, promotores o entidades financieras para promover más vivienda, Dalmau no descarta sanciones para quienes muestren resistencia a sacar al mercado casas vacías, aunque incide en que ese no es su objetivo, sino que prefiere los acuerdos e incentivar, vía desgravación de impuestos. "Aunque por ahora no he visto una resistencia, sí creo que debería haber mecanismos coercitivos para obligar a que las viviendas vacías salgan al mercado de alquiler", subraya. Valencia Plaza se reúne con el conseller para hablar de sus líneas estratégicas que seguirá y planes al frente de la cartera de Vivienda.
-En estos primeros meses que lleva al frente de la Conselleria ha insistido en ampliar un 30% el parque público de vivienda. Con los recursos que cuenta, ¿cómo piensa hacerlo?
-Ahora mismo tenemos un parque público que es totalmente insuficiente para las necesidades que tenemos en la Comunitat. Las viviendas de la Generalitat no superan las 13.000 y nos hemos encontrado que la mayor parte de los ayuntamientos no cuentan con parque público propio o el que tienen es insuficiente para sus necesidades. Cuando hablamos de ampliar el parque público no nos referimos exclusivamente al de la Generalitat, sino también que los ayuntamientos entren a hacer política de vivienda.
-¿No cree entonces que hasta ahora haya habido una buen coordinación entre Ayuntamientos y Consell en materia de vivienda?
-El problema está en que no ha habido una determinación de los objetivos. Nadie se ha planteado a largo plazo cómo queremos que sea la vivienda en la Comunitat. No hemos sabido ver con las luces largas. Por tanto, hay que reflexionar sobre la vivienda que queremos. Vamos a trabajar estratégicamente hacia dónde queremos ir, cosa que no se ha hecho en todo este tiempo. En la pasada legislatura se plantearon los cimientos de la política de vivienda y ahora vamos a construir.
-¿Hacía dónde quieren ir?
-Habrá que definir qué tipo de horizonte queremos y ahí el papel de los ayuntamientos es fundamental. No tiene sentido que la Generalitat se ocupe de si se ha roto un grifo en un piso en Aspe o si hay que pintar una pared en Vinaròs. Lo que tiene sentido es que las competencias logísticas a la hora de gestionar el parque público vayan poco a poco pasando a ser de los ayuntamientos y nosotros diseñar en grande. No sabemos todavía cómo se hará, pero poco a poco tenemos que ir involucrando a los ayuntamientos en garantizar el derecho a la vivienda con instrumentos para que puedan ampliar o crear su parque público de manera definitiva.
-¿Qué herramientas se les van a dar?
-Vamos a capacitar a los ayuntamientos para que ejerzan, a partir del próximo año, el tanteo y retracto que es una competencia exclusiva de la Generalitat. Es una fórmula que se utiliza en muchas capitales europeas como Berlín, Viena o Paris y, por tanto, los ayuntamientos intervendrán en el mercado inmobiliario valenciano a la hora de comprar y adquirir una serie de inmuebles que hayan recibido alguna ayuda pública.
-¿Cómo se reglamentará?¿qué condiciones se pondrán?
-Estamos todavía preparando el reglamento correspondiente. El tanteo y retracto está dentro de las competencias de la Generalitat con unos precios máximos. Y todo eso hay que desarrollarlo un decreto para ver cómo los adaptamos a los municipios porque las condiciones de la Generalitat no tienen que ser las mismas que los municipios. Si hacemos que los ayuntamientos consoliden parques públicos y se involucren en la gestión diaria rápidamente tendremos una gestión muy eficaz para que el derecho a la vivienda sea real. El problema es que tenemos muchos ayuntamientos con suelo sin capacidad de promoción. En Aspe, por ejemplo, hay 42 viviendas, pero en Alboraya, en cambio, no hay suelo público, así que ahí habrá tanteo y retracto y compra directa.
-Uno de los graves problemas del parque público es el tema de las ocupaciones ilegales. ¿Habrá mano dura para recuperar esos inmuebles?
- Tenemos unas 1.100 viviendas okupadas. Claramente es un problema que tenemos, pero hay que entender que hay diferentes situaciones dentro de la okupación. Hay familias que necesitan una casa para vivir porque el Estado no ha sido suficientemente garante. En esos casos o bien estamos regularizando su situación o bien buscándoles una alternativa habitacional. De momento ya hemos conseguido 128 regularizaciones. Pero también tenemos otro tipo de ocupaciones ilegales de pisos piratas y ahí hay que ser directos y determinantes.
-Otro de los temas que más preocupan es la subida de los precios del alquiler. ¿Cuál es su plan para frenar estos incrementos?
-Nuestras capacidades son limitadas. Posiblemente ahora que habrá en Madrid un Gobierno progresista podamos tener políticas coordinadas porque de nada sirve trabajar en el marco autonómico y que nos presionen de ámbitos externos. Hay que trabajar conjuntamente. No podemos aplicar límites al alquiler porque no forman parte de nuestras competencias, pero tengo muy claro lo que podemos hacer y es aumentar el parque público porque así se descongestiona la demanda con más oferta y bajan los precios. También son muy importantes los beneficios fiscales a las personas que están alquilando de acuerdo a las tarifas medias de alquiler y también debe haber una parte de concienciación. Además, habrá que buscar medidas para que las casas vacías de entidades y grandes tenedores, con más de 10 propiedades, entren al mercado.
-¿Qué medidas estudia la Conselleria para sacar al mercado los inmuebles vacíos que tienen las entidades financieras?¿Contempla las expropiaciones?
-Lo que no podemos pensar es que vivir bajo un techo es un lujo porque es un derecho. Eso implica una colaboración público -privada para que los bancos o las entidades financieras que tengan casas las pongan a disposición de las personas para el alquiler a través de convenios con la Generalitat o los Ayuntamiento. ¿Qué ocurre si se negaran? Aunque por ahora no he visto una resistencia, sí creo que debería haber mecanismos coercitivos para obligar a que las viviendas vacías salgan al mercado de alquiler.
-¿Qué tipo de sanciones?
-Eo se reglamentará. Pero o bien suaves, en el caso de tenedores medianos que justifiquen que la casa no está rehabilitada y ahí nosotros podríamos intervenir, y luego estarán las sanciones típicas que yo estoy dispuesto a poner en marcha para que las casa vacías tengan gente viviendo en ellas, pero siempre teniendo en cuenta que el objetivo no es sancionar, pero es un mecanismos que si hay mucha resistencia a poner casas en el mercado estará.
-Ha comentado que también barajan una serie de beneficios fiscales para quienes pongan vivienda en alquiler
-Por ejemplo, una mayor desgravación en el IRPF por ingresos del alquiler si están dentro del intervalo del precio medio en la zona. Si conseguimos ofrecer un beneficio tendremos a más gente interesada en ajustarse a esos precios justos que a personas que quieran especular. Otro elemento en el que hay que avanzar es en el control de las viviendas vacías que tienen que salir al mercado, por eso hemos planteado ayudas a la rehabilitación a cambio de que nos cedan las viviendas. También hay que conseguir un mayor control de los pisos turísticos.
-¿No está funcionando la actual normativa?
-Hacen faltan mayores controles y mejor homogeneización de la normativa porque hay lugares de presión urbanística como por ejemplo el Cabanyal donde los pisos turísticos están ampliando enormemente el precio del alquiler porque la rentabilidad es mayor. Algo que hemos hablado con los ayuntamientos, y esperemos que sea una realidad el próximo año, es que puedan incorporar una tasa turística a los apartamentos que nos ayudará a sumar al control de inspección ordinario la inspección fiscal porque estarán obligados a tributar. Por tanto, duplicaríamos el control. Esta medida está incluida en el proyecto de tasa turística de Podemos.
-¿La idea es que sea una tasa municipal o autonómica? ¿cuál sería el valor estimado?
-Serían los propios ayuntamientos los que decidirán cuánto quieren cobrar y si quieren o no implantarla. Se trata de duplicar la inspección.
-El pasado mes de julio se reunió con la Sareb y abrió la puerta a firmar un convenio, un cambio de criterio respecto a su antecesora en el cargo, María José Salvador, que lo rechazó. ¿Existen avances?
-Nosotros estamos convencidos de que tenemos que conveniar con los diferentes bancos y agentes. Cuando pasó la Danna, el Sabadell nos ofreció 21 casas durante tres años, Provia, nos cedió 40 viviendas, la Sareb unas 30 y Criteria Caixa 500 viviendas en cinco años. Si algo hemos demostrado es que podemos entrar a conversar. Ese tiene que ser el camino que tenemos que priorizar para reducir el numero de desahucios.
-Usted se ha mostrado muy tajante a la hora de incidir en que la Comunitat sea un territorio libre de desahucios, pero éstos se siguen produciendo ¿Qué medidas va a tomar para que la autonomía sea un territorio libre de desahucios?
-Cuando hablamos de que la Comunitat sea un territorio libre de desahucios se trata de que no pueda haber un desahucio sin una alternativa habitacional porque el desahucio va existir siempre. Lo que hay que conseguir es que ninguna familia se quede en la calle. Para eso es muy importante contar con los agentes sociales. Vamos a convocar una Mesa Contra los Desahucios para antes de que acabe el año y ahí tenemos que trabajar con colegios de abogados, con los administradores de fincas, los promotores inmobiliarios y con las organizaciones antidesahucios.
-Habla mucho de la colaboración público-privada, pero los promotores se quejan de que algunas de las medidas que plantean no son viables para sus negocios. Por ejemplo en el tema de cesión de suelo para viviendas en alquiler asequible los márgenes que se les exigen son muy ajustados
-Creemos en la colaboración público-privada porque en la medida que vayamos movilizando suelo y trabajando en el marco de la colaboración yo creo que los promotores van a tener mucha capacidad para participar. Hemos hablado con ellos y creemos que con esta colaboración todos tienen que ganar. Nosotros tenemos que tener más vivienda pública y los promotores tienen que hacer su función.
-En la pasada legislatura se lanzó el primer concurso para cesión de suelo a cooperativas, pero las condiciones de financiación frenaron varios proyectos y en algunos municipios el concurso quedó desierto. La Conselleria ya ha avanzado que trabaja en una segunda convocatoria ¿se prevé alguna línea de financiación concreta para concitar un mayor interés?-Hay que crear otro tipo de viviendas y queremos promover una parte del suelo para que se ponga a disposición de las cooperativas. Será a través de una cesión de suelo público por 75 o 99 años. El problema del primer concurso fue la financiación para la promoción. Por eso, vamos a iniciar una línea propia con el IVF para cooperativas. Todavía estamos cerrándolo, pero contará con condiciones muy ventajosas y buscamos que el interés sea mínimo incluso estamos intentando que sea cero para poder completar el puzzle: ceder el suelo y facilitar la financiación y, por tanto, que sea más fácil desarrollar proyectos.
-El segundo apellido de su Conselleria es Arquitectura Bioclimática, ¿a qué obedece la introducción de esta terminología?
-Hoy en día estamos en pleno proceso de transición ecológica. Tenemos que conseguir que nuestros edificios ahorren energía, pero al mismo tiempo se incorporen a esta transición ecológica. El 40% de la energía desperdiciada es en edificios y, por tanto, en la medida que invirtamos en nuevas tecnologías de construcción, materiales que sean más resilientes a la hora de construir, nuevas formas arquitectónicas. Todo eso tiene que ir de la mano de esa arquitectura bioclimática.
-Pero el actual Código Técnico de Edificación ya es bastante exigente en materia de eficiencia energética y sostenibilidad
-Es verdad que el código funciona muy bien, pero la mayor parte del parque que tenemos está ya construido y envejecido y no reúne las condiciones básicas de sostenibilidad o accesibilidad. Por tanto, lo que hay que hacer es incidir en el parque ya construido, rehabilitar y buscar fórmulas para que se incorporen en el marco de la transición ecológica. Por eso, en este presupuesto hemos incrementado las ayudas a la rehabilitación que pasan de 20 a 40 millones.
-¿Se ha planteado lanzar ayudas o algún concurso para promover nuevas formas de construcción encaminadas a este objetivo como casas modulares?
-Hay una directora general que está trabajando y viendo cómo avanzamos. Hemos visto diferentes modelos. Nos interesan, por ejemplo, los prefabricados y hemos visto en Barcelona casos de uso de contenedores reciclados para construir edificios que quedan tipo lofts espectaculares con unas condiciones muy buenas. Estamos trabajando, pero durante mucho tiempo no se ha hecho nada y ahora es cuando tenemos que ponernos en marcha.