VALÈNCIA. Cambio de conseller y cambio de criterio. El Govern del Botànic se ha resistido durante cerca de dos años a firmar un acuerdo con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb) para que esta empresa mixta cediera viviendas destinadas al alquiler social, pero el Govern del Botànic II parece muy dipuesto. El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, abrió este miércoles la puerta a firmar un convenio que ya tienen once comunidades autónomas y otros tantos ayuntamientos, incluido el de Elche.
Martínez Dalmau recibió por la mañana al presidente ejecutivo de Sareb, Jaime Echegoyen, "al objeto de crear mecanismos de colaboración de cara a ampliar el parque público valenciano de viviendas", según explicó la Conselleria en un comunicado. "Queremos buscar mecanismos de colaboración para que parte de su parque de vivienda pueda estar a disposición de los valencianos, manifestó el vicepresidente. El propio Echegoyen confirmó y celebro más tarde el cambio de criterio del gobierno de la comunidad donde Sareb tiene más inmuebles.
Los motivos por los que la exconsellera María José Salvador se negó a firmar un acuerdo con Sareb son que algunas viviendas necesitan reformas y otras están okupadas. Pero Sareb alegaba que las condiciones de todos los pactos alcanzados son prácticamente las mismas. En primer lugar, la adecuación de cada vivienda puede ascender como máximo a 7.000 euros y se costea al 50% entre Sareb y la administración que firma el convenio.
Además, la Sareb suele percibir una contraprestación fija mensual de 75 euros en el caso de las viviendas okupadas y de 125 euros cuando se trata de viviendas vacías. "Con dicha contraprestación la Sareb hace frente a los gastos de seguros, comunidad y reparaciones extraordinarias. A cargo de las administraciones corren otros cargos. Por ejemplo, los ayuntamientos suelen asumir el IBI", detalla la entidad.
Según explicó Echegoyen tras su visita a Dalmau, lo lógico si hay okupas es que sea la administración la que busque una solución para esas personas ya que lo único que puede hacer Sareb si la administración le pide que la vivienda esté 'desokupada', es denunciar a los okupas para que sean desalojados. Así lo han entendido en otras comunidades y así parece que lo entiende el líder de Podemos, nuevo responsable de Vivienda en el Consell.
Sareb posee 9.950 viviendas en la Comunitat Valenciana y tiene previsto construir otras 2.000 en los próximos años, con una inversión de 200 millones de euros. Su intención es venderlas y no en grandes paquetes sino a particulares. Para el desarrollo de nuevos proyectos y la venta de los pisos ha reforzado la oficina que abrió el año pasado en València, a cuyo frente ha situado a Óscar Hernández. En la dirección territorial, que abarca las comunidades valenciana y murciana, trabajan 15 personas.
Hernández acompañó a Echegoyen en su visita a la Conselleria, a la que también asistieron la directora de Relaciones Institucionales de Sareb, Soledad Borrego, y el director de Responsabilidad Social Corporativa, Gaspar González-Palenzuela. Por parte de la Generalitat, junto a Dalmau, estuvieron el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez; la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga, y el director de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), Alberto Aznar.
"La Sareb tiene viviendas vacías y en la Generalitat tenemos que buscar soluciones a mucha gente con problemas y que no tiene casa. No podemos tener casas sin gente y gente sin casas", manifestó Martínez Dalmau.
Echegoyen señaló que después del verano se iniciarán las conversaciones para cerrar el acuerdo y explicó que no es posible saber cuántas viviendas abarcará, ya que hay que casar la demanda de pisos por parte de la Generalitat con la oferta de Sareb. Y es que las mayores necesidades están en València y su área metropolitana y la ciudad de Alicante y sus municipios cercanos pero ahí Sareb tiene poco porque lo ha vendido.