Admite la infrafinanciación pero cree que "no es un problema tan dramático como a veces lo pintan"
VALENCIA. (EP) El director de Fedea e investigador del Instituto de Análisis Económico (IAE) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Ángel de la Fuente, ha cifrado en 700 millones la financiación que necesitaría la Comunitat Valenciana para situarse en la media de España frente a los 1.300 millones que reclama la Generalitat.
Así lo ha indicado Ángel de la Fuente en declaraciones a los medios de comunicación, tras asistir a las Jornadas 'Propuestas para un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas', a las que ha asistido el conseller de Hacienda, Vicent Soler, el presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera y el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, al ser preguntado por la situación de la Comunitat.
Al respecto, el director de Fedea ha admitido que la autonomía valenciana está "infrafinanciada" y debe de recibir "más dinero cuanto antes mejor", pero ha indicado que se trata de un problema que "a veces se exagera". "Apoyo completamente la necesidad de que esto -- la infrafinanciación-- se arregle cuanto antes, pero no es un problema tan dramático como a veces lo pintan. Pediría un poco de calma", ha puntualizado.
En este sentido, ha cifrado en 700 millones lo que "necesitaría la Comunitat para estar financiada igual que la media" y ha manifestado desconocer el origen de los 1.300 millones de infrafinanciación que apunta Soler.
A su juicio, los 700 millones son "mucho dinero", pero cree que teniendo en cuenta que el presupuesto autonómico ronda los 12.000 millones "tampoco es tanto". Por ello, De la Fuente ha agregado que la exigencia de mejora del sistema de financiación hay que ponerla encima de la mesa pero "en su justa proporción".
"La Comunitat es la comunidad peor financiada y debe recibir más dinero, pero ello solo supone un 7% respecto a la media por lo que no es una infrafinanciación horrorosa que impide tener servicios parecidos a los demás. Es un problema grave pero relativamente manejable", ha remarcado.
Por otro lado, De la Fuente ha abogado por acabar con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) "poco a poco" y de forma progresiva aportando el Estado cada año menos dinero adicional a las autonomías mientras se van "subiendo los intereses para que las comunidades vayan pidiendo capital a los mercados". "No se trata de matar al FLA mañana", ha insistido
"Todas las CCAA dicen que necesitan más dinero y todas quieren que el Estado se lo regale", ha criticado el experto que ha incidido que ese dinero adicional que necesitan "se lo tienen que pedir a sus ciudadanos". "El problema es que muchas autonomías lo que quieren es que sea el Estado el que suba los impuestos y luego les dé el dinero y, así, el coste político se va a un lado", ha reprobado.
Por su parte, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha señalado que "los valencianos tenemos la responsabilidad de denunciar los fallos del sistema de financiación autonómico porque somos la comunidad más perjudicada y no podemos obviarlo". "Está fallando un sistema que es de todos y por ello todos debemos implicarnos en su revisión", ha remarcado Soler según ha indicado la Generalitat en un comunicado.
Durante su intervención, el conseller de Hacienda ha hecho hincapié en la necesidad de tratar el debate de la reforma del sistema de financiación desde un punto de vista "serio y riguroso" porque ha lamentado que son los ciudadanos los que "sufren en primera persona las consecuencias de la infrafinanciación que padecemos".
Por ello, ha abogado por no tratar el tema desde un punto de vista "partidista" sino desde "la justicia". "Necesitamos un sistema de financiación que funcione como se espera y, si no funciona, debemos trabajar para cambiarlo en profundidad, no haciendo modificaciones cosméticas que en realidad mantienen las mismas disfuncionalidades", ha defendido.
Asimismo, en las jornadas el catedrático de la Universidad de Valencia y director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Francisco Pérez, ha propuesto un modelo de financiación integral que dote de suficiencia a todas las administraciones en materia de servicios públicos fundamentales, según ha informado la conselleria de Hacienda en un comunicado.
A su juicio, este nuevo modelo implica que las comunidades autónomas necesitan de media 275 euros más por habitante para poder cubrir sus necesidades en educación, sanidad y protección social. En concreto, ha indicado que "a la ya conocida infrafinanciación de la Comunitat Valenciana de 1.325 millones, habría que añadirle al menos otros 1.375 millones", por lo que cree que en total la Comunitat necesitaría 2.700 millones más para cubrir sus necesidades en estos servicios básicos.
Ha defendido que la propuesta garantizaría la nivelación "vertical" entre el Estado y las comunidades autónomas "dando una solución a la falta de suficiencia de las comunidades a la hora de cubrir los servicios fundamentales, ya que el Fondo de Garantía aporta 75.000 millones, cuando el nivel de gasto se sitúa en torno a 102.000 millones".
Asimismo, Hacienda ha señalado que otro miembro de la Comisión de Expertos pactados por las Corts, José Antonio Pérez, ha subrayado que el futuro modelo debería de ser "coherente" con el Programa de Estabilidad que el Gobierno central ha remitido a la UE, con un gasto en servicios públicos fundamentales del 10% del PIB, frente al 7,5% actual que comporta "un desequilibrio vertical de 2.500 millones", ha lamentado.
Por otro lado, el delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha reiterado el "claro compromiso" del Gobierno por cambiar el modelo de financiación, pero ha lamentado que la situación de bloqueo político actual "no permite el inicio de las negociaciones".
A pesar de esta situación, Moragues ha indicado que el Gobierno está "apoyando y auxiliando" a la Comunitat Valenciana y, de hecho, ha destacado los 45.841 millones que el Estado ha dado desde 2012 para los problemas de financiación de la región.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral