Agentes de la UCO durante los registros del caso Azud. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Diversos testigos y un investigado declararon este miércoles en el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado del caso Azud. Lo hicieron en relación a la llamada 'operación colegios', considerada el gran pelotazo de la causa. El empresario Federico Ferrando negó ante la jueza que hubiera tal pelotazo.
En esta operación, el Ayuntamiento de València dirigido entonces por Rita Barberá aprobó una permuta para entregar varias parcelas edificables a una mercantil (Mediterránea de Actuaciones Integradas) constituida por Ferrando y otros empresarios: Jaime Febrer y Mónica Montoro. A cambio de ello, ésta asumía una deuda millonaria que el consistorio tenía con varias congregaciones religiosas. El intercambio, de acuerdo con el juzgado y la Fiscalía Anticorrupción, se hizo adjudicando 'a dedo' los terrenos a los empresarios de manera opaca y saltándose los procedimientos legales para evitar la concurrencia.
El problema económico en el que se vio el consistorio en 2006 derivaba de determinados cambios urbanísticos aprobados en la remodelación del Plan General de 1988. Varios colegios religiosos recurrieron en los tribunales porque consideraron que les perjudicaba. El Supremo falló a su favor y determinó que el Ayuntamiento debía indemnizarlos con unos 35 millones de euros. Una losa heredada por el gobierno de Barberá que el entramado de Azud supo aprovechar para urdir un plan, según la investigación.
De un lado, se encontrarían los empresarios que asumirían la deuda. Del otro, el consistorio. La investigación apunta a que el encargado de pilotarlo todo fue el exvicealcalde de València Alfonso Grau. El Ayuntamiento cambió la calificación de varios suelos públicos dotacionales a un uso residencial y se los entregó a la mercantil. Una maniobra urbanística presuntamente ilegal que habría contado con el impulso de uno de los funcionarios de la casa, el jefe de Asesoría Jurídica, Néstor Ramírez.
El truco estuvo en que se forzó una valoración de los terrenos a la baja. Los suelos tenían un valor real superior a 54 millones, lo que dista de la deuda de 35 millones con los colegios. Un beneficio que se ocultó en la tramitación administrativa.
Ahí no quedó la cosa, puesto que la jueza de Azud cuantificó en 2,2 millones las comisiones cobradas por personas que habrían participado en que la operativa fuera a buen puerto, bien de manera activa o bien con su silencio. Habría sido el caso de Alfonso Grau, Néstor Ramírez -el funcionario-, el exconcejal Rafa Rubio o el exjefe jurídico de la empresa pública Divalterra José Luis Vera.
La ilegalidad de la operación, sin embargo, fue negada por Federico Ferrando este miércoles, quien respondió a todas las partes. De acuerdo con fuentes conocedoras de la comparecencia, explicó que en 2005 un ingeniero que conocía y que, a su vez, se enteró del problema del Ayuntamiento con la deuda con los colegios, realizó los cálculos de permutar con el consistorio. A raíz de aquello, señaló, contactó con Febrer, Montoro y Astroc. Crearon una sociedad (MAI).
A partir de ese momento, estuvieron en contacto con un abogado de las congregaciones religiosas para llevar a cabo la operación. Un determinado día, relató Ferrando, un representante de Maristas les avisó de que la citada operación se iba a firmar pero de que lo iba a hacer la constructora Edival (ahora liquidada). Así que trataron de frenarlo ofreciendo a las congregaciones el pago de una donación a cada una de ellas destinada expresamente a misiones humanitarias. Y así ocurrió. Convencieron a los colegios y se comprometieron con el pago de 3,6 millones en donativos. Éstos, indicó Ferrando, eran de cada uno de los 4 (él, Montoro, Febrer y Astroc), a razón de 900.000 euros por cabeza. Aseguró que terminó de abonarlos hace 4 ó 5 años.
El empresario desvinculó al Ayuntamiento de la operación –no mencionó a cargos del PP como Grau– y comentó que todo lo hablaron con los colegios. También negó que pagaran a ningún funcionario del consistorio.
Igualmente, declaró este miércoles un perito propuesto por Ferrando con el que trató de desmontar la tesis de la Guardia Civil de que el valor real de los suelos entregados por el consistorio era muy superior al de la deuda con los colegios. Argumentó que la ley habla de un método del valor residual dinámico (aquel que se calcula en función de las actuaciones posteriores) y otro estático (aquel que se calcula en base al momento). En el caso de los colegios, cree que se tendría que haber calculado el estático porque se compró la deuda en 2007 pero hasta el 2009 la Generalitat no aceptó la permuta, por lo que no se iba a poder edificar en esos suelos hasta pasado ese tiempo.
Por su parte, los representantes de las congregaciones religiosas que declararon como testigos se ratificaron en todas sus afirmaciones ante la UCO. Uno de ellos, de los Dominicos, recordaba los donativos y que éstos se dieron en cheques periódicamente. En los encuentros para la negociación de la deuda, dijo, estaban Mónica Montoro y Federico Ferrando.
