Foto: JUANCHI LÓPEZVALÈNCIA (EP). El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, constata que en 2020 hubo "cientos de ciudadanos a la espera de poder examinarse" del permiso de conducir y que fueron "muy numerosas" las quejas por este motivo recibidas en la institución.
"En este ejercicio hay una referencia a las repercusiones de la pandemia sobre la Administración de tráfico, que se ha visto notablemente afectada tanto en el ámbito nacional como en el municipal", indica Fernández Marugán en el informe anual de la institución, donde precisa que las quejas relativas al procedimiento sancionador de tráfico han sido 237, frente a las 243 del año anterior.
En el documento, presentado este jueves de forma telemática ante el Parlamento, el Defensor del Pueblo matiza que "si bien ya con anterioridad a la emergencia sanitaria existían retrasos significativos en la celebración de las pruebas, consecuencia de las menguantes plantillas de examinadores, la pandemia ha agravado la situación".
En este contexto, ha constatado que los efectos de la pandemia de Covid-19 han tenido "repercusión" en la Administración de Tráfico y Seguridad Vial, y opina que "el esfuerzo de la Dirección General de Tráfico (DGT) para adaptar su funcionamiento a una situación de excepcionalidad sin precedentes debe ser destacado".
Asimismo, señala que la comunicación telemática entre las autoescuelas y las jefaturas provinciales de tráfico "no estuvo exenta de dificultades", y el envío de los permisos provisionales desde las jefaturas provinciales de tráfico, una vez que los aspirantes han sido declarados aptos, "también se ha demorado algunos meses, siendo esta situación reconocida por la Dirección General de Tráfico en los informes enviados a esta institución".
En relación con la cita previa para trámites de tráfico, la institución afirma en su informe que la suspensión de la atención presencial en las jefaturas provinciales de tráfico como consecuencia del confinamiento domiciliario declarado por el estado de alarma, así como la reanudación del servicio con todas las garantías sanitarias, han provocado "unas preocupantes listas de espera para la obtención de cita previa".
"A pesar de que existe la posibilidad de que muchos trámites se puedan realizar de forma telemática, son muchos los ciudadanos que todavía no están familiarizados con el uso del certificado digital y necesitan acudir presencialmente a las dependencias de la jefatura provincial", advierte.
En este sentido, el Defensor del Pueblo explica que en 2020 se han recibido quejas del funcionamiento del sistema de cita previa de la gran mayoría de jefaturas provinciales de toda España: Madrid, Segovia, Málaga y Granada, Barcelona, Tarragona, Valencia, Toledo, Zaragoza, Alicante, Navarra, Ceuta, Lugo, Vizcaya, Islas Baleares, Murcia, Girona y Lleida.
Por otra parte, detalla que dirigió una recomendación a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para iniciar los estudios necesarios para la creación de un registro nacional de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.
Según ha manifestado, el objetivo de este registro es "que permita, en todo momento, a las administraciones públicas con competencias en materia de tráfico, disponer de información actualizada sobre la tenencia y vigencia de las citadas tarjetas por parte de los beneficiados". El Defensor no ha recibido contestación por parte de la Secretaría de Estado, a pesar de haber requerido la remisión de la contestación.
Finalmente, en materia de circulación de vehículos de movilidad personal (VMP), el Defensor del Pueblo cree que en 2020 "continúa sin estar bien regulada en las ordenanzas de muchos municipios y escasamente vigilada por los agentes municipales".
