Del Valle y Luksic querían invertir 1.600 millones para salvar el Popular

VALÈNCIA (EFE). El empresario mexicano Antonio del Valle y el magnate chileno Andrónico Luksic estaban dispuestos a invertir, al menos, 1.600 millones de euros en el Banco Popular durante la primavera de 2017, apenas días antes de que la entidad, acuciada por la fuga de depósitos, fuera resuelta por la Junta Única de Resolución (JUR) europea por su situación "próxima a la quiebra".

Esta cuantía, de la que Del Valle asumiría 1.300 millones, era susceptible de aumentar; no en vano ambos inversores buscaban cerrar el apoyo de varios accionistas mayoritarios como Allianz, que por entonces disponía del 3,5 % del capital del Popular, y Crédit Mutuel, con el 4 %, compañías que ya les habían comunicado su interés en participar de ser necesario.

En su escrito al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ante el que recurrió el proceso de resolución, el mexicano expone dicho relato, en el que explica que a fin de garantizar que la entidad conseguía el capital necesario, se dirigió personalmente al grupo Luksic, propiedad de la familia chilena accionista de la minera Antofagasta, que el 5 de mayo de 2017 acabó por hacerse con una participación del 3 % en el Popular.

Una vez culminada aquella primera compra, prosigue el documento al que ha tenido acceso Efe, Luksic y Del Valle estudiaron otras alternativas para reforzar un banco cuyos auditores internos se encontraban, en aquellos momentos, valorando cuáles eran los niveles de capital concretos que se requerían.

Fruto de este compromiso, ambos contactaron con un gran banco de inversión con el que llegaron a reunirse aquel 5 de junio para afinar la fórmula de financiación de la operación; sin embargo, dos días después, el FROB resolvió el Popular a instancias de la JUR, lo que derivó en la venta de la entidad al Santander a precio de saldo y en la amortización a cero de sus títulos.

El papel del mexicano en la historia que siguió a la resolución es, sin duda, uno de los más mediáticos, pues no sólo se encuentra personado en la vía administrativa, tanto en España como Europa, como perjudicado por el desenlace de la histórica entidad -de la que llegó a ser principal accionista individual con un 4,2 % del capital-, sino que además está siendo investigado en la causa sobre las supuestas irregularidades en las dos últimas gestiones del Popular que instruye la Audiencia Nacional.

El pasado martes, Del Valle comparecía ante el juez José Luis Calama para ofrecer su versión acerca de cómo fueron los meses previos a la caída del banco; durante el interrogatorio, si bien no entró en detalles de cuáles eran las alternativas que él mismo manejaba, sí que incidió en lo que considera que fue la mala gestión de las autoridades europeas, según fuentes jurídicas.

Sin nombrarla, el mexicano cargó contra la presidenta de la JUR, Elke König, a la que se refirió como "esa señora de Europa" que, con sus declaraciones a la prensa y sus reticencias a conceder al Popular el mismo trato que a los bancos italianos, provocó la "corrida" o salida masiva de depósitos de mayo de 2017 que acabó por dar la puntilla a la entidad.

Tal como se desprende de su declaración, la cual fue adelantada por cuestiones de agenda, el empresario sigue manteniendo la idéntica postura crítica respecto a Europa que, desde 2017, le ha llevado a litigar no sólo contra la JUR, sino también contra las administraciones españolas.

De hecho, los ministerios de Justicia y Economía, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el FROB, han acordado recientemente defender los intereses nacionales ante las denuncias presentadas por Del Valle, que junto a otros accionistas reclaman 470 millones en un arbitraje internacional.

Una trayectoria similar ha seguido su socio, Luksic, quien si bien es cierto no figura entre los investigados en la causa penal, ha sido otro de los nombres más activos en la lucha por ser resarcidos, siempre a través de su vehículo de inversión, Aeris Invest, acusación particular que defendió que se imputara al Santander en calidad de heredera universal del Popular por su "nula diligencia" a la hora de plantear y ejecutar la compra.