Hace unos años, la Audiencia Nacional condenó a la tuitera Cassandra Vera a un año de cárcel por publicar tuits en los que hacía chistes sobre el asesinato de Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno y eterno número dos del régimen de Franco, fallecido en 1973. El Tribunal Supremo absolvió un año después a la tuitera, pero el daño (y el ridículo) ya estaba hecho. Y no era, ni mucho menos, la única sentencia judicial que acababa condenando a penas de prisión a ciudadanos anónimos por haber expresado opiniones que eran leídas como delitos de apología del terrorismo o delitos de odio contra algún colectivo.
La mayoría de la gente defiende sin reservas la libertad de expresión, pero algunos, cuando lo hacen, se refieren, por desgracia, sólo a las opiniones que les gustan. Para esas opiniones sí que tiene que haber mucha libertad, pero para las otras, para las de los contrarios, no tanto. No en vano, son opiniones perniciosas, hirientes o simplemente molestas, por diferenciadas de lo que uno piensa, así que: ¿por qué no prohibirlas?
Lo increíble es que este tipo de razonamiento no se quede en un comentario de barra de bar, sino que en España se está convirtiendo, a marchas forzadas, en una directriz política para la mayoría de los partidos. Antes el PP y ahora el PSOE y Unidas Podemos. Los mismos partidos que en su momento protestaron por la impunidad con la que se exigían penas de cárcel para simples opiniones (porque no gustaban a los que mandaban entonces o porque así se proponía alegremente desde la policía y guardia civil, especializados en rastrear las redes sociales para exigir penas de cárcel para el primero que se riera demasiado de Carrero Blanco) ahora están encantados de implantar, desde el Gobierno, el delito de "Apología del franquismo", que podríamos resumir en "hablar bien de Franco".
Es interesante este planteamiento, porque nuestro Código Penal tendría, así, penas para todos. En un eventual caso "Carrero contra Carrero", podríamos condenar a la cárcel a los que hagan tuits alegrándose por el asesinato de Carrero hace ahora 47 años, esperar un poco a ver qué opinaban otros tuiteros que igual se ponían a reivindicar a Carrero, franquista acérrimo, y... ¡zas! ¡Delito de apología del franquismo al canto! Carrero te sirve para un roto y para un descosido: para condenar a unos y otros.
En España existe la irritante y peligrosa tendencia de pensar que los problemas, si no se pueden solucionar creando un Ministerio ad hoc, se resuelven siempre por la vía judicial. Se intentó con el Procés independentista, con recordado éxito, y se aplica, de entrada, como estrategia para matar moscas a cañonazos de Código Penal. Sobre todo, contra las "moscas" que nos caen mal y su libertad de expresión. Y sí, claro, no estoy a favor de Franco, no me entusiasma que a estas alturas siga habiendo defensores de la dictadura; pero la solución no es prohibirlo. Prohibirlo, de hecho, crea problemas más graves que los que supuestamente intenta solucionar.
De entrada, ya me explicarán quienes desde este Gobierno supuestamente progresista han propuesto el delito de apología del franquismo qué sucederá cuando vuelva la derecha al poder (que, tarde o temprano, volverá) y se plantee implantar un delito de "Apología del estalinismo". Porque podría hacerse, siguiendo la misma lógica de que no se deben permitir discursos enaltecedores de una dictadura.
¿Y el ejemplo exterior? Los defensores de este tipo de tropelías siempre sacan rápidamente a colación el caso de Alemania, como diciendo: ¿veis? Esto de recortar la libertad de expresión no es algo propio de Corea del Norte. Pero, claro, el problema es que si no citan el caso de Alemania ya tienen que dirigirse, más bien, a países como Corea del Norte. Alemania es la excepción, y no la regla, por fortuna, y como consecuencia de su tormentosa historia. La nuestra también es tormentosa, pero no olvidemos que aquí el fascismo ganó, e impuso su ley durante cuarenta años.
Legislar con el Código Penal en la mano por supuestos delitos de opinión, 45 años después de la muerte de Franco, no demuestra la fortaleza del régimen democrático, sino su debilidad; su afán, una vez más, de solucionar un supuesto problema por la vía de crear otro mucho más peligroso e impropio de una democracia: limitar la libertad de expresión con la amenaza de la cárcel.
La medida, en fin, no es sino un ejemplo de postureo de un Gobierno de izquierdas que quiere marcar la agenda a toda costa y arrinconar a la oposición, en sí bastante arrinconada por la influencia de Vox y sus postulados. A veces acierta (como con la ley de la eutanasia) y a veces crea el "Delito de hablar bien de Franco", en fiel homenaje del principal antecedente de este tipo de medidas, aunque fuera en sentido contrario: el régimen de Franco.
Si les digo la verdad, a mí lo único que me parece positivo de esta vergonzosa medida, o al menos intrigante, es si se aplicará al mundo del fútbol. ¿Qué será de Zozulya y otros mártires atacados por su no-tanto-nazismo, si seguimos así? Menos mal que siempre les quedará Arabia Saudí para expresarse libremente.