Demasiados prejuicios

"Si usted contribuye a que me encuentre en un rincón, no me exija que salga del rincón". Apunté esta reflexión del profesor de Derecho Constitucional Fernando Flores en la tertulia política que periódicamente organiza Emiliano García en Casa Montaña, en la que tuve el placer de participar el lunes día 5 y en la que se suscitó un debate sobre el papel de los medios de comunicación en el actual escenario político. 

El "usted" iba referido a los medios de comunicación que juegan a demonizar a determinadas opciones políticas –rivalizaban Fabiola Meco (Podemos), María José Ferrer de San Segundo (PP), Sandra Gómez (PSOE) y la asesora de Ciudadanos Inma Aguilar por ver qué partido tiene más medios hostiles–, medios que después reclaman pactos, pero ojo con quién pactas, que te recuerdo lo que prometiste –¡maldita hemeroteca!–, sé coherente pero no impidas la investidura ni apoyes a los corruptos ni a los independentistas ni a los radicales ni al Ibex 35 ni a los chavistas...

San Segundo resumió la cuestión con una palabra: "prejuicio", y Jorge Galindo, moderador de la tertulia, con una frase: "Las trincheras son muy profundas en los medios de comunicación y la correlación entre lo que leen los ciudadanos y lo que votan es muy grande". Donde dijo "leen" habría que añadir "lo que oyen en las tertulias" de radio y televisión, mucho más influyentes en el voto que los editoriales de los periódicos, como bien saben quienes dirigen o pretenden dirigir el cotarro.

Galindo aportó un gráfico publicado en Politikon (que reproduzco al final de este párrafo), basado en una encuesta del CIS, que mostraba que los militantes y simpatizantes de los partidos ven a sus formaciones de forma muy distinta que los demás, generalmente más centrados –en el clásico espectro político que va del 1 (izquierda radical) al 10 (derecha radical)–, y a su vez ven a los demás mucho más alejados de sus posiciones de lo que en realidad están si miramos dónde se sitúa cada uno. La única excepción es Compromís, cuyos simpatizantes se ven en el mismo lugar que los ven los demás.

Estas diferencias explicarían, por ejemplo, la cerrazón de Ciudadanos y Podemos ante la posibilidad de una negociación para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Ni sentarse quieren. Sus dirigentes ven al otro muy alejado, pero desde fuera quizás no estén tan lejos, apenas dos puntos, según su propia evaluación.

Llegados a este punto, todo indica que cualquier acuerdo de investidura no será anterior a las elecciones en País Vasco y Galicia. Después, se vislumbran tres posibilidades, a cuál más difícil, antes de ir a unas terceras elecciones: Un nuevo intento de Rajoy, si logra un apoyo del PNV que no sea incompatible con Ciudadanos (y aún le faltaría una abstención); la investidura de Sánchez con el apoyo de Podemos –sin entrar en el Gobierno– y PNV y la abstención de Ciudadanos (carambola para una legislatura corta en la que se aprobasen algunas reformas progresistas), y, en tercer lugar, la abstención/suicidio de Sánchez para facilitar la investidura de Rajoy.

Cualquiera de las tres es posible, aunque compleja, y todas necesitan altas dosis de renuncias por todos los intervinientes; la primera, la renuncia a los prejuicios. 

La mentira de Montoro

Valencia Plaza publicó el pasado martes que, en contra de lo que aseguran "fuentes del Ministerio de Hacienda", el Gobierno en funciones está plenamente facultado para trasladar al Parlamento el aumento del objetivo de déficit para las comunidades autónomas. De ese traslado, para el que basta un simple acuerdo del Consejo de Ministros, depende que las comunidades puedan recibir este año 4.000 millones de euros del Estado, 400 en el caso de la valenciana.

Como esas "fuentes del Ministerio" continúan filtrando esa falsedad y algunos periódicos de Madrid interesados en presionar a Sánchez le dan bombo sin hacer la más mínima comprobación, aquí vamos también a insistir. Este es el artículo 21.3 de la Ley del Gobierno que especifica lo que puede hacer un Ejecutivo en funciones: 

"El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".

Como ya explicó Valencia Plaza, lo único que tiene vetado el Gobierno en funciones es aprobar proyectos de ley, entre ellos el proyecto de Presupuestos. El resto de actos sí puede realizarlos cuando es un caso de urgencia o por razones de interés general, y la financiación adicional a las comunidades autónomas para que paguen a sus proveedores no sólo es de justicia, sino que es urgente y de interés general. Salvo que me corrija el señor ministro.