Foto: POLICÍA NACIONALFalsificaban documentos para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias para venderlos a universidades para su estudio
VALÈNCIA (EP/EFE). Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia un presunto entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres. Falsificaban documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias para venderlos posteriormente a universidades para su estudio por 1.200 euros cada cadáver, según ha informado Jefatura en un comunicado.
Llegaron a facturar 5.040 euros a una universidad por realizar 11 incineraciones de cuerpos, una vez estudiados, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en la ciudad, han señalado las mismas fuentes.
La investigación comenzó a principios del 2023 tras tener conocimiento los agentes de que se habría retirado el cadáver de un fallecido de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria, para lo que se habrían realizado falsificaciones en el libro registro del mismo, así como también en la documentación facilitada al Registro Civil.
Tras numerosas pesquisas, los investigadores comprobaron cómo dos trabajadores de una funeraria, tras falsificar documentos, se habrían apoderado de un cuerpo que se encontraba en la morgue del hospital y lo habrían trasladado a una universidad para su estudio en vez de haberle dado sepultura.
El fallecido debería de haber sido enterrado en su localidad de residencia en un sepelio de beneficencia abonado por el ayuntamiento de dicha localidad valenciana, sin embargo fue vendido para su estudio por casi 1.200 euros, sin que ningún familiar o amigo hubiera dado consentimiento.
Continuando con la investigación, los agentes localizaron otro caso con el mismo 'modus operandi'. Esta vez el difunto se encontraba ingresado en una residencia geriátrica y, al parecer, habría sido el propio hombre, tres días antes de fallecer, quien habría supuestamente autorizado la donación de su cuerpo.
En este caso los investigadores pudieron constatar que el hombre, poco antes de fallecer, tenía menoscabadas sus capacidades mentales, ya que sufría un deterioro cognitivo severo, lo que no le hubiera permitido entender lo que suponía la donación. Además, dicha donación fue firmada para que el cadáver fuera remitido a una determinada facultad de medicina, siendo finalmente llevado a otra, la cual pagaba más dinero por el mismo, para ello, consiguieron mediante engaño que personal sanitario firmara el cambio de destino del cuerpo.
Los investigados buscaban fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros o que en vida hubieran tenido condiciones de vida precarias para realizar las irregularidades, ya que así se aseguraban que no se hiciera ningún seguimiento sobre dichas donaciones por parte de algún familiar, buscando así una mayor impunidad.
Por otro lado, los agentes averiguaron que también se habrían producido irregularidades en las incineraciones de los cuerpos que habían sido supuestamente donados a la ciencia. Al parecer, una vez las universidades hubieran finalizado los estudios con los mismos, estas tenían que costear las incineraciones, haciéndose cargo de ellas la misma funeraria.
Tras varias gestiones, los agentes averiguaron que la empresa funeraria habría facturado a una universidad 5.040 euros por 11 incineraciones, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en Valencia.
Parece ser que los investigados aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando en una sola incineración la cremación de varios cadáveres, ahorrándose pagar por ellas y, a la vez, facturándolas a la universidad, sacando notables beneficios con esta práctica.
Finalmente, ante estos hechos, los agentes detuvieron a los responsables de la funeraria investigada, así como a dos trabajadores de la misma como presuntos autores de un delito de estafa. Además, a dos de ellos también se les imputa un delito de falsedad documental.
Además, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabe, ha confirmado que el foco de la investigación de la presunta venta de cadáveres se centra en una funeraria.
"Hay cuatro detenidos, el foco está sobre una empresa funeraria, son dos los cadáveres que se han dectectado de los cuales se habría hecho un uso fraudulento y hay que dejar que continúen las investigaciones", ha dicho.
Bernabé se ha pronunciado así ante los medios tras asistir a la toma de posesión de la nueva subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia Garía Valls.
Preguntada si han fallado los controles en este caso, Bernabé ha señalado que es una investigación que se está haciendo desde hace un tiempo y los controles no han fallado. "Al contrario, lo que hemos hecho ha sido poner de manifiesto que se había producido y ahora están depurándose las responsabilidades", ha añadido.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia un presunto entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres. Falsificaban documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias para venderlos posteriormente a universidades para su estudio por 1.200 euros cada cadáver, según ha informado Jefatura en un comunicado.
Llegaron a facturar 5.040 euros a una universidad por realizar 11 incineraciones de cuerpos, una vez estudiados, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en la ciudad, han señalado las mismas fuentes.
La investigación comenzó a principios del 2023 tras tener conocimiento los agentes de que se habría retirado el cadáver de un fallecido de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria, para lo que se habrían realizado falsificaciones en el libro registro del mismo, así como también en la documentación facilitada al Registro Civil.
La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Valencia (UCV) asegura que trabaja con protocolos seguros en la aceptación de cadáveres para docencia e investigación y que "solo" acepta cuerpos procedentes de donaciones.
Mediante un comunicado, la UCV se desvincula así del caso policial por el que se ha desarticulado un presunto entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres a universidades.
"La Universidad Católica de Valencia no compra cadáveres, únicamente abona a las funerarias la cantidad establecida por estas para el transporte y la retirada de los cuerpos, la incineración posterior, así como para la tramitación de los documentos pertinentes", subraya.
Además, la UCV garantiza a los donantes y a sus familias que los cadáveres son tratados "con dignidad y en el respeto al anonimato en todo momento".
A su vez, la Universitat Jaume I, ante las noticias relacionadas con la desarticulación en Valencia de un presunto entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres, ha informado que la Sala de Disección de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UJI solo trabaja con donaciones de cadáveres y que nunca se han adquirido cadáveres a través de un pago.
La Facultad de Ciencias de la Salud de la UJI dispone de un programa de donación de cuerpos a la ciencia que sigue unos protocolos y procedimientos "rigurosos", según ha señalado la institucion académica en un comunicado, que ha añadido que los cadáveres que se utilizan en la Sala de Disección para docencia e investigación proceden únicamente de este programa, ya sean donaciones altruistas por voluntad propia del donante o por voluntad de la familia.
La Unidad de Donación y Docencia Anatómica de la UJI es la encargada de recibir los cuerpos donados, de su adecuada preservación, utilización y seguridad, velando por el comportamiento ético de todas aquellas personas que tengan que estar en contacto con el cuerpo.
La Universidad se hace cargo de los gastos derivados del traslado en el ámbito de la provincia de Castellón y, una vez concluido el ciclo de donación, generalmente de dos años, los restos del donante son incinerados por la Facultad, sin que esto suponga un gasto para la familia, con quien la UJI se pone en contacto después de la incineración para entregarlos en un sencillo acto de agradecimiento.
A su vez, la universidad CEU Universidad Cardenal Herrera (UCH) ha afirmado este lunes que la institución sigue un protocolo "muy estricto" en la utilización de cadáveres procedentes de donaciones para uso docente e investigador y ha explicado que colaboró con una investigación policial en enero de 2023 en relación con un cuerpo recién llegado a la Facultad de Ciencias de la Salud y que, según les trasladó la Policía, presentaba irregularidades por parte de la funeraria.
Según ha señalado la CEU UCH en un comunicado, la institución recibe entre 10 y 15 cadáveres por año, que proceden de donaciones y únicamente sufraga a la funeraria "los gastos de traslado y cremación de los cuerpos, como es habitual en las universidades".
En este caso, a lo largo de una investigación policial, en enero de 2023 se les solicitó la entrega de la documentación relativa a un cadáver que acababa de llegar a la Facultad y que, según informó la Policía, "presentaba irregularidades por parte de la funeraria".
En este sentido, la CEU UCH explica que "colaboró con la investigación y puso a disposición de la Policía toda la documentación de este caso y de todas las donaciones tramitadas con esta funeraria".
El Gremio Provincial de Pompas Fúnebres de Valencia, principal asociación de empresas de servicios funerarios de Valencia, ha condenado cualquier mala praxis y actividad ilícita y ha mostrado su repulsa ante la supuesta venta de cadáveres a las universidades para su estudio.
En un comunicado, la junta directiva del Gremio valenciano de Pompas Fúnebres ha asegurado que "está a disposición de las autoridades competentes para colaborar en todo aquello que facilite el esclarecimiento de los hechos y que permita evitar que prácticas similares puedan llevarse a cabo en el futuro".
