VALÈNCIA. Este diario publicaba el pasado 6 de enero un panel de opinión donde preguntaba a 8 expertos si 2019 iba a ser el punto de inflexión de las sicavs, es decir, si iban a remontar el vuelo tanto en número como en patrimonio y partícipes.Y cuatro meses después los números dicen que desde enero de 2003 no había tan pocas sociedades de inversión de capital variable -el nombre largo de estos vehículos financieros-, dado que al cierre del pasado mes de abril circulaban por España 2.689, según los datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).
A lo largo de los últimos doce meses el número de sicavs ha descendido un 3,72%, pese a que de un tiempo a esta parte las aguas bajan más calmadas en lo que a declaraciones de partidos políticos de 'meter mano' a estas sociedades enfocadas a los grandes patrimonios, pero que de las que pueden participar los pequeños inversores desde menos de 10 euros en muchas de ellas. ¿Por qué? Pues porque cotizan en su segmento específico del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y se pueden comprar acciones como si se trataran de una compañía del Ibex 35 o del Mercado Continuo.
"Es verdad que el debate político sobre las sicavs se ha enfriado pero en los programas electorales de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 los cuatro grandes partidos (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos) ya recogían un endurecimiento de los requisitos, que de momento no se ha llevado a la práctica", advierte un gestor de sicavs consultado por este diario. "Veremos si una vez que pasen las elecciones municipales, autonómicas y europeas se aplican porque tras las generales todo ha seguido igual, pero el que más y el que menos está con la mosca tras la oreja".
Y no le falta razón porque, tal y como publicó este diario a diez días vista de las elecciones del 20D, el PP proponía modificar del régimen de las sicavs para garantizar su carácter colectivo donde sólo se computarán a efectos del número de los 100 accionistas, los que tengan una participación superior al 0,55% para acabar con los 'mariachis'. El PSOE reclamaba establecer un porcentaje participación máximo para cada inversor, así como valorar la fijación de un período de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen y dotar legalmente a la AEAT (Agencia Tributaria) de las competencias para supervisar e inspeccionar a las sicavs.
Por su parte, Ciudadanos llevaba en su programa electoral controlar el carácter abierto de las sicavs, que sean efectivamente de naturaleza colectiva de manera que cualquier ciudadano pueda invertir en ellas en las mismas condiciones que los dueños reales de las sicavs, además de que el control fiscal recayera sobre los inspectores de Hacienda; mientras que Podemos iba más allá al eliminar el 1% de la tributación para equipararla al Impuesto de Patrimonio y aplicándoles el tipo máximo contemplado por dicho impuesto, además de establecer un periodo de permanencia máximo para las plusvalías acumuladas y un porcentaje de participación máximo para cada inversor. Todo ello otorgándole a la Agencia Tributaria la facultad para comprobar el cumplimiento de estos requisitos arbitrándose un plan especial para regularizar las situaciones fraudulentas.
Ya en 2016, PP y Ciudadanos se comprometieron en su pacto de investidura a devolver a la AEAT el control fiscal de estas sociedades y a que sólo computaran como accionistas quienes tuvieran una participación superior al 0,55 % para evitar esos 'inversores de paja'. Sin embargo, esas medidas nunca se adoptaron, pero el objetivo se retomó en el decaído proyecto presupuestario de 2019, que pretendía devolver a la Agencia Tributaria el control sobre el número de accionistas de las sicavs, que sigue en manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Pero lo que es un hecho es que el número de sicavs se ha desplomado hasta niveles no vistos desde enero de 2003 con esas 2.689 al cierre del pasado mes de abril, un 3,72% menos que un año antes; mientras que el patrimonio ha descendido en dicho periodo un 5,12% hasta los 30.259 millones de euros -buena parte de culpa la tuvo el mal comportamiento de los mercados en el último trimestre de 2018-; y el número de accionistas -'mariachis' incluidos se ha reducido en los últimos meses un 1,75% hasta los 421.307.