Se les acusa de captar fondos de inversiones internacionales para supuestamente reflotar empresas pero acababan en su bolsillo
VALÈNCIA. (EFE). Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido a once personas, entre ellas dos fundadores de Idental Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer, por delitos presuntamente relacionados con un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos con la aparente intención de reflotar empresas.
Uno de ellos ha sido detenido en Reino Unido gracias a la colaboración de las autoridades británicas. Esta persona estaría planeando implantar nuevas clínicas odontológicas en Gran Bretaña, detalla la Audiencia Nacional en un comunicado.
Según han informado la Dirección General de la Policía y fuentes jurídicas, las detenciones y registros se han producido en Madrid, Alicante, Murcia, Granada y Girona, La Coruña, en una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El juez José de la Mata les imputa los delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Según la Audiencia Nacional, los detenidos captaban fondos de inversores internacionales y entidades de crédito con la aparente intención de comprar y reflotar empresas en crisis. Pero en realidad las descapitalizaban y desviaban los fondos para el enriquecimiento personal de los investigados.
Desde el verano pasado, cuando la Audiencia Nacional asumió la instrucción del fraude de iDental, la investigación judicial ha perfilado otros hechos delictivos vinculados a los últimos administradores de las clínicas, ya que las personas detenidas pudieron crear una estructura societaria para conseguir fondos a través de empresas en crisis, en las que invertían supuestamente para reflotarlas.
Sin embargo, su objetivo principal, según los investigadores, era su propio enriquecimiento personal, a través de los fondos desembolsados por diferentes inversores nacionales y extranjeros, a sabiendas de la inviabilidad económica de estas inversiones y en perjuicio de trabajadores, proveedores y clientes.
En algunos casos, los investigados contaban con la connivencia de empleados de entidades de crédito que se encargaban de conceder los préstamos necesarios para realizar las inversiones. Los miembros de la organización descapitalizaban progresivamente las empresas y, a través de testaferros, sociedades pantalla y cuentas puente, ocultaban el destino final del dinero.
En el caso de iDental, las personas investigadas habrían engañado a los pacientes, a quienes les hacían contratar préstamos para financiar sus tratamientos dentales, con supuestos descuentos de hasta el 80%, a costa de inflar el presupuesto y basándose en supuestas subvenciones de organismos públicos estatales inexistentes y políticas muy agresivas de marketing.
La macrocausa de iDental fue asumida por De la Mata el verano pasado debido a la magnitud de la investigación y a que afecta a casi todas las comunidades autónomas, allí donde la empresa había abierto clínicas. El juez ha decidido estructurar el caso abriendo piezas separadas para cada uno de los procesos de denuncia incoados --sean individuales o grupales-- y ya suman más de 1.500, todas ellas por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Pero además, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el magistrado también ha abierto una pieza separada para cada una de las víctimas y, sin que se haya efectuado aún un recuento total de afectados, ya superan en la causa más de 8.000.