Pleno del mes de octubre de la Diputación de Valencia. Foto: DIPUTACIÓN DE VALENCIAVALÈNCIA (EP). El pleno de la Diputación de Valencia ha aprobado este martes una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que reorganizará su plantilla a partir del 1 de noviembre con "criterios objetivos" que buscan una "mayor eficacia y la transparencia de cada uno de los procesos", según ha informado en un comunicado la corporación provincial. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del PP, Ens Uneix y Vox, la abstención de Compromís y el rechazo del grupo socialista.
El diputado de Administración General, Ricardo Gabaldón, ha defendido que, con esta medida, se han "eliminado jefaturas que carecían de trabajadores y hemos reforzado departamentos y servicios prioritarios en la atención que la institución presta a los municipios, como primer resumen de un amplio procedimiento y una ingente tarea negociadora".
Gabaldón ha señalado que los trabajadores y trabajadoras "son el principal activo de esta corporación, y todos ellos y todas ellas, sin distinción, son prioritarios para el equipo de gobierno". Sobre la base de los recursos propios, el diputado de Personal ha repasado algunos de los objetivos de la modificación, con una "inversión moderada" de "alrededor de medio millón de euros".
"Queremos que se cumplan los plazos de las oposiciones; proteger a nuestros empleados y mejorar la capacidad operativa de cada departamento; atraer talento externo en aquellos puestos cualificados que no estén cubiertos, teniendo en cuenta la reciprocidad con otras administraciones y habiéndolos ofertado previamente en la casa y suprimir los puestos no justificados de jefaturas sin personal a su cargo donde el trabajador es jefe de sí mismo", ha defendido.
Las jefaturas que se reorganizan son las de las áreas de Recursos Humanos, Cooperación Municipal, Contratación y Asesoría Jurídica. En cifras, los cambios en la RPT han servido para crear 19 jefaturas y suprimir once, con un "refuerzo" de áreas como Carreteras, Medio Ambiente, Personal, Igualdad y Memoria Histórica, entre otros, y muy especialmente los departamentos que interactúan con los ayuntamientos.
"La intención es ofrecer el mejor servicio a los municipios y a los ciudadanos, reorganizando nuestros recursos desde la legalidad y el sentido común", ha apuntado Gabaldón, quien ha explicado que cada solicitud de los jefes de servicio "ha sido registrada en una ficha con la motivación para cubrir esa plaza y en qué puede mejorar la gestión; fichas accesibles y transparentes para quien quiera consultarlas".
El responsable provincial de Personal, que ha sacado adelante también en el pleno sendas modificaciones para mejorar el servicio de teletrabajo y el sistema de carrera profesional, ha anunciado que el próximo mes llevará ante la cámara un nuevo reglamento que fijará "un modelo estandarizado que huye de la discrecionalidad y establece los criterios uniformes para todos los departamentos, con los mismos plazos y el mismo funcionamiento que deben seguir los jefes y jefas de servicio a la hora de solicitar la creación o supresión de puestos".
"Será el primer reglamento en este sentido y busca la eficiencia y la transparencia, cubrir vacantes, reducir los índices de provisionalidad y adecuar la institución a la realidad actual y la de los municipios", ha insistido el diputado, que avanza que en noviembre también se llevará a pleno un protocolo de acoso laboral hasta ahora inexistente.
Según la Diputación, el informe del secretario de la institución valora positivamente "el uso de fichas que mejoran los anteriores expedientes y que aportan suficiente información, dentro de un ejercicio de autoorganización que se ajusta a la legalidad vigente, respetando los principios de igualdad, capacidad, publicidad en el acceso a la función pública y seguridad jurídica".
Desde el grupo socialista se ha anunciado que estudia recurrir la nueva modificación en la RPT. El portavoz, Carlos Fernández Bielsa, ha denunciado que la decisión se adopta "contra la representación sindical, sin negociación y de forma que favorece a unos pocos, creando una plantilla a su medida, sin contestatarios y con personal de otras administraciones".
Además, ha criticado que el coste económico de esta propuesta "ronda los 500.000 euros". "Es decir, entre estas modificaciones y las que se aprobaron en febrero (por valor de 3,6 millones) se ha incrementado el coste del capítulo de personal en más de 4,1 millones de euros en poco más de un año de gobierno de la derecha", ha denunciado Bielsa.
Los socialistas estudian si la modificación de la RPT puede incurrir en "ilegalidad" y, en consecuencia, "resultar recurrible por ser contrario a la normativa", según ha informado el grupo en un comunicado. En esta línea, señala el PSPV que la mayoría de estas modificaciones son "para la creación de nuevos puestos de jefatura, para subir las retribuciones de algunas de ellas de forma selectiva y para la asignación de dedicaciones de forma arbitraria".
"Y todo ello sin el informe técnico sobre las consecuencias que las modificaciones tendrán sobre la estructura administrativa de la Diputación", ha añadido. Entre los puestos que se crean aparecen el de dirección en Asesoría Jurídica y otro en Recursos Humanos "con unas retribuciones de más de 100.000 euros al año cada uno".
No obstante, segén el diputado de Personal, el informe del secretario no aprecia "ilegalidad alguna". "Le voy a refrescar la memoria, señor Bielsa. A estas alturas de legislatura, este equipo de gobierno ha realizado dos modificaciones de la RPT por las siete que ustedes hicieron en el mismo período entre 2015 y 2017; hemos creado ocho nuevas jefaturas por las 80 que ustedes crearon y las más de 200 que acumularon en una sola legislatura; y hemos habilitado una docena de plazas para personal de otras administraciones que vienen a cubrir puestos cualificados de los que no disponemos, frente a la contratación discrecional de trabajadores de otras instituciones que realizaron ustedes cuando gobernaban esta corporación", ha reprochado al portavoz soicalista.
Sin embargo, el PSPV sostiene que el documento de Secretaría señala la "precipitación" con la que ha actuado el gobierno al afirmar que les hubiera "gustado disponer de más tiempo para abordar un análisis más exhaustivo de esta propuesta de modificación, que recordemos, afecta a un volumen importante de puestos de trabajo".
Además, asegura que el informe añade que no ven "un análisis fundamentado sobre la repercusión que la creación de estos dos puestos de trabajo, pueden tener sobre el resto de la organización de RRHH de la Diputación".
Bielsa ha subrayado, por otra parte, que los dos puestos mencionados se clasifican "abiertos a otras administraciones y con una adscripción de plazas sin justificación que se conozca, aunque puede que ustedes conozcan la justificación y hasta los nombres".
Los socialistas consideran "grave" que se adopten en la Diputación medidas "que no cuentan con el aval de los responsables de los servicios" y consideran que las modificaciones "no siguen ningún plan o política coherente de gestión de los recursos humanos".
