José Vicente GonzálezVALENCIA. La entrada en concurso de acreedores de la patronal de Alicante (Coepa) ha elevado al máximo la presión interna en la Cierval. El impacto que esa situación sobre la organización autonómica, sobre todo la posibilidad de que sus vocales incurran en responsabilidades personales, ha disparado la preocupación de los miembros de la directiva hasta el punto de que algunos ya se plantean dimitir si no se toman decisiones drásticas para evitar el contagio.
La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) solicitó este jueves la convocatoria urgente de una reunión extraordinaria en Cierval para analizar sus cuentas de 2015 así como las consecuencias de la caída de la Coepa, una de las tres entidades fundadoras de la organización que actualmente preside José Vicente González. De ese encuentro, para el que todavía no hay fecha, esperan salir con la garantía de que no se verán salpicados por la crisis de Coepa.
Aunque la intención es esperar hasta disponer de las cuentas del último ejercicio, la delicada situación financiera que arrastra la organización autonómica y sobre todo la necesidad de tener que provisionar casi medio millón de euros que le adeuda la patronal alicantina aboca a Cierval a acogerse al preconcurso de acreedores.
La CEV ha encargado sus propios informes jurídicos al margen de los que maneja Cierval donde tiene descrito el itinerario que debe seguir para proteger a sus representantes y evitar responsabilidades. La reunión urgente solicitada este jueves es el primero de esos pasos, ya que la mayoría de los integrantes de la cúpula de la CEV forman parte también de los órganos de gobierno de la patrona.
Un importante sector de los empresarios cuestiona la forma en la que el presidente de Cierval ha gestionado la crisis de Coepa. A pesar de que la patronal autonómica lleva más de un año dándole vueltas a una necesaria reestructuración que no acaba de llegar, apenas se han tomado decisiones. El nerviosismo de parte de los miembros de Cierval ha ido en aumento a medida que transcurrían los meses sin que Coepa resolviera sus problemas y sin que Cierval hiciera nada para prepararse ante un desenlace que parecía inevitable.
Así las cosas, se espera que el presidente de Cierval proponga medidas contundentes y acordes con la gravedad de la situación. Si las alternativas para garantizar la viabilidad de la patronal no convencen, varios miembros de la cúpula están dispuestos a marcharse para evitar responsabilidades legales.
El precedente próximo de la SGR, en la que varios empresarios fueron expedientados y multados por el Banco de España por incumplir los requisitos de solvencia, les lleva a maniobrar con extrema cautela.
Aunque dispone de un elevado patrimonio, provisionar las cuotas que debe Coepa puede provocar tensiones de tesorería
Los problemas económicos de Cierval no son nuevos. Aunque dispone de un elevado patrimonio, la exigencia de provisionar las cuotas que le debe Coepa puede provocarle tensiones de tesorería. En sus cuentas de 2014, últimas disponibles, la organización tiene anotados como activo financiero 1,03 millones de euros de saldos pendientes de cobro de sus organizaciones provinciales.
De ellos, según recoge la auditoría de cuentas, 457.000 euros correspondían a Coepa y 555.384 correspondían a la castellonense CEC a 31 de diciembre de 2014, aunque en el caso de la segunda la deuda se redujo posteriormente a 121.000. A pesar de que los impagos vienen de lejos, la organización no las tiene provisionadas.
Además de por los impagos de dos de sus tres organizaciones fundadoras, las cuentas de Cierval se han resentido especialmente por el desplome de los convenios con la administración. En 2014 cerró el ejercicio con un resultado contable negativo superior a 174.000 euros (frente a -442.000 del año anterior) sobre un presupuesto liquidado de 741.000.
De los 307.000 euros que tenía presupuestados por convenios con la administración sólo ingresó 124.700, un 60% menos.
Al cierre de ese ejercicio, la organización mantenía un pasivo corriente de 1,32 millones, de los cuales 121.000 eran deudas con entidades financieras, 548.000 con proveedores y 624.000 correspondientes a "acreedores por subvenciones".
Independientemente de cómo se resuelva este match ball, varios de los empresarios consultados esperan que la situación sirva para acometer definitivamente las reformas que Cierval ha ido posponiendo desde hace meses.
La patronal alicantina le debe al IVF 3,9 millones de un crédito, una deuda que ha provocado su entrada en concurso
Entre las razones que les llevan a esa conclusión está las dificultades con las que se puede encontrar Coepa para llegar a un acuerdo con su principal acreedor, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). La patronal alicantina le debe 3,9 millones de euros de un crédito para construir un centro de formación. El ente que dirige Manuel Illueca ha anunciado esta misma semana que reformulará sus cuentas de 2014 para aflorar casi 60 millones de provisiones no reconocidas, lo que le obligará a solicitar a la Generalitat una ampliación de capital de 100 millones.
A ello se añaden los problemas judiciales de la patronal de Castellón, cuyos directivos están siendo investigados por un presunto fraude en la gestión del dinero público para cursos de formación. Cierval ya ha tenido que hacerse cargo de la devolución de fondos reclamada a la CEC, un problema que puede agravarse en el futuro, ya que la confederación que encabeza José Roca mantiene un contencioso por 1,5 millones de euros que no tiene provisionados.
Con dos de las tres patas en las que se apoya Cierval en serios apuros, organización que preside Salvador Navarro, principal sustento económico de la autonómica, estudia algunas propuesta para reflotarla.
Una de ellas pasa por que las organizaciones provinciales se diluyan dentro de la autonómica. Se trataría de superar la estructura provincial para avanzar a una organización basada en federaciones sectoriales, tal y como han reclamado en los últimos meses algunos de estas organizaciones como la del metal Femeval.
En la última asamblea de la CEV ya se planteó el objetivo de asumir más peso dentro de Cierval con un nuevo reparto de poderes basado en la aportación real al PIB de la Comunitat de las empresas de cada una de las provincias.
