Imaginemos que, en su barrio, acaba de organizarse una liga de baloncesto. Usted ama el básquet. Es un gran deportista, corre como una gacela, tiene puntería, dispone de tiempo y, además, le hace muchísima ilusión apuntarse. Sin embargo, al ir a hacerlo, solo queda libre una posición de pívot. ¡Horror! Apenas mide un metro sesenta. Justo cuando, dispuesto a marcharse, está explicando que, en otra ocasión será, alguien menciona que, al ser un juego informal, “la canasta no tiene por qué colocarse en los 3 metros reglamentarios”. Simplemente saber que puede bajarse unos centímetros, hace que usted se decida a dar el sí sin miedo (pero sobre todo, sin complejos).
Con esta metáfora mi amigo Juan Luis Luque, Catedrático de la Universidad de Málaga, uno de los mayores expertos en dislexia, explica, desde hace años, el problema de las barreras que encuentran las personas con dificultades de aprendizaje.
Y es que la dislexia no es en sí misma una discapacidad (ni auditiva, ni visual ni motriz). De hecho, la mayoría de personas que la sufren tienen un desarrollo cognitivo (inteligencia) normal. Pero, por cuestiones neurológicas, estos sujetos se encuentran con una barrera que los demás no tenemos: no se manejan bien con la lectoescritura. La cuestión es que, en un sistema de enseñanza como el nuestro, basado en “lo escrito”, las personas con dislexia tienen muy difícil aprender. Así, se genera una discrepancia entre su “potencial” y su“rendimiento”. Cuando no se consigue derribar la barreras, además de sufrimiento y afectación de la autoestima, pueden aparecer otras discapacidades.
Se calcula entre un 3% y un 20% de la población puede padecer alguna forma de dislexia (aunque se necesitan urgentemente estudios serios de prevalencia). La mala noticia es que muchas personas ni saben que la padecen. La buena es que con detección e intervención precoz se reducen muchísimo sus nefastas consecuencias. En este contexto, educativamente hablando, el primer reto para afrontar el abandono y el fracaso escolar debería ser atender bien estas dificultades del aprendizaje, por otro lado, todavía hoy, grandes desconocidas. También el sistema sanitario tiene que ponerse las pilas para facilitar el diagnóstico.
Este fin de semana se ha celebrado el 20 aniversario del nacimiento de DISFAM, la asociación de Dislexia y Familia, una de las pioneras en la lucha por los derechos de los niños con dificultades de aprendizaje, con la que colaboro.
Hace dos décadas, una madre (y maestra) de Baleares, Araceli, se dio cuenta de que el sistema ni diagnosticaba, ni etiquetaba ni respondía a los problemas de sus hijos: niños inteligentes pero incapaces de aprender en el cole con el sistema habitual. Ni corta ni perezosa, Araceli hizo un llamamiento desde la radio a otras familias que se encontraran en la misma situación. Y así empezó todo.
Desde entonces, la unión de esfuerzos entre sociedad civil e instituciones ha sido fundamental para avanzar poco a poco. Las asociaciones de familias de personas con dislexia (no solo DISFAM), en colaboración con algunos políticos y algunos periodistas, han puesto el tema en la agenda (que no es poco), y han conseguido pequeñas victorias.
Por ejemplo, ahora, por fin, la Dirección General de Tráfico va a hacer accesibles las pruebas del carné de conducir. También la Guardia Civil o la Fiscalía están trabajando para la modificación de sus protocolos para atención a gente en esta línea.
Sin embargo, a mi juicio, el hito más importante conseguido en estas décadas es que, en su día, la LOE reconoció estas dificultades y que las personas que las padecen merecen ciertas atenciones y derechos.
Sin embargo, han pasado los años y este reconocimiento no basta. Los desarrollos normativos no se han plasmado en realidades en el día a día de los estudiantes (sistemas de detección, traductores de lectoescritura, implantación de diseños universales, etc.). Especialmente, no se han plasmado en realidades por igual en todo el territorio. Hoy, no se puede tolerar más que, en función del sitio donde viven, siga habiendo personas con dislexia "de primera o de segunda".
Pero más allá de territorio, existen desigualdades para los niños con dificultades de aprendizaje en función de la renta de sus familias. Porque la detección y la intervención para estos trastornos son caras. Muy caras. Muchos padres, ven como no hay atención específica en los colegios y que no pueden pagar el refuerzo psicopedagógico que sus hijos necesitan.
Sería imprescindible que en todas las comunidades autónomas se implantaran lo que los expertos denominan “modelos de respuesta a la intervención” en las aulas: es decir sistemas diseñados para trabajar y mejorar la lectoescritura. Sin embargo, no podemos esperar a el sistema se adapte porque muchos chavales se pierden por el camino. Por eso, como venimos reclamando hace años, urge implantar un sistema de becas para que los niños disléxicos de las familias con menos ingresos puedan acceder a tratamientos y refuerzos. Así se comprometió en la legislatura anterior el PP en sus presupuestos y así tienen que ejecutarlo, ahora que hay disponibilidad presupuestaria, desde este gobierno.
La educación es un derecho fundamental también para personas con dificultades de aprendizaje. Es esencial que los docentes mejoremos nuestra formación en estos temas para adaptar nuestros paradigmas de docencia, las estructuras educativas y las actitudes con nuestros alumnos. Solo con que un chaval pueda progresar, habrá merecido la pena.
Ha sido un bonito aniversario. Un momento de balance y de retos. El siguiente: que la agenda 20/30 a nivel internacional incluya específicamente las dificultades del aprendizaje. Ya es hora de que este milenio todas las personas con dislexia puedan desarrollar su potencial sin barreras, sin miedos, sin traumas y sin complejos.
*Esta columna está escrita a partir de las conclusiones del Foro Tramuntana con Iñaki Muñoz y Rosa Satorras