VALÈNCIA. Varios de los sindicatos de la Diputación de Valencia manifiestan ya con pocos miramientos su malestar por el modo en el que, en su opinión, se está llevando a cabo el proceso de disolución de Divalterra por parte del presidente de la corporación provincial, Toni Gaspar. Es el caso de UGT, de Intersindical y del CSIF. Los dos primeros ya se plantean demandas y recursos en los tribunales, mientras CCOO ha adoptado por el momento un papel más "prudente", señalan ellos mismos, a la espera de que se inicie la mesa de negociación.
Los motivos del descontento son múltiples. Desde la falta de información y la escasa voluntad de negociación al modo de subrogar a los trabajadores de la empresa pública. De los alrededor de 700 que la conforman, los 600 brigadistas pasarán al Consorcio Provincial de Bomberos y el resto de personal se integrará en la Diputación. Según el dictamen aprobado por PSPV y Compromís la semana pasada como primer paso para la disolución, el personal laboral de Divalterra desempeñará sus tareas con el contrato que ya tenían –indefinido o temporal– en plazas "a extinguir". Además, la subrogación supone para el trabajador fijo de plantilla la condición de trabajador fijo de plantilla de la Administración por sucesión de empresa y no comporta la adquisición de la condición de empleado público.
Pero el documento contará seguramente con las alegaciones de UGT, CCOO e Intersindical, indican desde las respectivas secciones. Intersindical fue el que más crítico se mostró ya la semana pasada. "No nos han dicho nada. Ni negociación, ni reunión ni documentación que tenemos pedida desde hace tiempo. No tenemos ni un papel. Formularemos alegaciones y si no se nos tiene en cuenta iremos al contencioso. La transparencia y la democracia brillan por su ausencia. Las prácticas de nuestro presidente son caciquiles", comentaban.
Al enfado se les ha unido UGT en un comunicado interno titulado "El equipo de Gobierno desprecia al personal. Dival...guerra". En él afirman que Gaspar y sus socios quieren dejar "atado y bien atado" la OPA hostil sobre Divalterra. Una "operación" que llevan a cabo, indican, con "total ocultismo y desinformación", puesto que pidieron la información el 27 de abril y el 13 de mayo les remitieron "un puñado de informes que pretenden blanquear y justificar el temita".
Ante la reclamación de una mesa de negociación, comentan que les comunicaron que ésta se reuniría para informales, pero no para negociar, en lo que consideran un "desprecio a la negociación colectiva". "Con base en un dictamen cocinado lejos de los muros de la plaza de Manises (en referencia a la sede de la Diputación), se va a reconocer al personal subrogado de Divalterra unos derechos que no reconoce la ley ni los tribunales", afirman, en lo que entienden como "falsas promesas". Por ejemplo, mencionan que se les atribuye la inmediata posibilidad de participar en movilidad (concursos de provisión y procesos de promoción interna).
Al margen de la inseguridad jurídica, recriminan, igualmente, la precipitación y la celeridad con la que Gaspar está llevando a cabo el proceso de disolución y la "indefensión" en la que, apuntan, se encuentra el personal de la Diputación. "Denunciamos los falsos privilegios sobre el personal interino: el personal subrogado podrá participar en procesos de integración propios y, en caso de no superarlos, no pasará nada. Pero el personal interino lo tiene claro: o aprueba o va a la calle", señalan.
Desde el CSIF también protestan. "Nos están dejando de lado, manipulando informaciones y no nos dan datos ni convocan la mesa de negociación. Estamos pidiendo la reunión de la citada mesa para que se nos explique qué personas vienen, en qué puestos y en qué condiciones. Desde la propia Junta de Personal hemos pedido información que no nos han transmitido. Cuando preguntamos en la reunión de la semana pasada nos dijeron que no siguiéramos y no aportaron ninguna información ni respuestas", denuncian.
Desde CCOO, en un tono más sosegado a la espera de los planteamientos que se lleven a la mesa de negociación no convocada todavía, lamentan que aún no saben el listado de todos los trabajadores de Divalterra con sus respectivas antigüedades, salarios o tipos de contrato. Todo ello unido a que está en el aire lo que el Consorcio de Bomberos va a aceptar asumir.
"Nosotros estamos trabajando en positivo, pero poniendo todas las cautelas para que no se vulneren los derechos de personal de ningún ámbito. Aunque estamos francamente preocupados porque en algunas cosas puede haber conflictos, como el hecho de dejar al albur de una decisión posterior que las plazas de la gente que se mueve al Consorcio de Bomberos puedan ser amortizadas", destacan, puesto que puede "perjudicar las estructuras de trabajo".
Mientras se inicia, o no, el proceso de negociación con los sindicatos, esta semana se vuelven a reunir tanto el Consejo de Administración como la Junta General de Divalterra solicitada por PP, Ciudadanos y Vox tras la detención del jefe de los servicios jurídicos y de prevención de riesgos penales de la empresa, José Luis Vera. Sin que Toni Gaspar lo haya apartado de sus cargos y mientras se encuentra incorporado a su puesto de trabajo con normalidad, en ambos encuentros se habrá de volver a tratar su situación.