El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar. Foto: KIKE TABERNERLos consejeros vinculados al PSPV defienden que siga como director jurídico, de transparencia y de prevención de riesgos penales
VALÈNCIA. El Consejo de Administración de la empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia, se reunió ayer lunes para estudiar la situación de José Luis Vera, detenido el pasado jueves en la segunda fase de la operación policial dentro del caso Azud. La propuesta que llevaron varios representantes del órgano vinculados al PSPV fue la de no hacer nada. Y prácticamente es lo que se acabó aprobando. El actual jefe de los servicios jurídicos, transparencia y –curiosamente– prevención de riesgos penales seguirá al frente de todos sus cargos blindado por el presidente de la corporación provincial, Toni Gaspar, como su máximo responsable.
La reunión se prolongó a lo largo de dos horas y, según fuentes de la Diputación, dos consejeros fueron lo que llevaron la voz cantante: José Luis Aragón y Luis Felipe Martínez, ambos afines a los socialistas. Precisamente los dos fueron propuestos por Gaspar a raíz de varias dimisiones en mitad de los intentos del presidente de Divalterra, el diputado del PSPV Ramiro Rivera, y el propio José Luis Vera de revocar la contratación de la nueva jefa de Recursos Humanos. Como nuevos miembros del Consejo de "perfil técnico", Gaspar logró meter a personas que habían ocupado cargos con su partido, como es este caso.
Luis Felipe Martínez fue subdelegado del Gobierno en Valencia entre 2004 y 2011, donde trabajó con tres delegados: Antonio Bernabé, Ricardo Peralta y Ana Botella. También fue subsecretario de la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo (nombrado en 2015 y destituido en 2017) y secretario general de la Autoridad Portuaria hasta 2019, además de secretario de estudios y programas en la ejecutiva comarcal del PSPV en Valencia. Mientras, José Luis Aragón fue jefe de Gabinete del área de Administración General de la Diputación y del exdiputado José Ruiz, responsable del área de Personal de la corporación la pasada legislatura y considerado de la corriente del ministro José Luis Ábalos.
Ambos defendieron ayer en el Consejo de Administración que había que respetar la presunción de inocencia de Vera, a quien los investigadores sitúan en el centro de una presunta trama de corrupción urbanística con cobro de 'mordidas' junto al hasta ahora subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio (PSPV), al exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau (PP) o el empresario Jaime Febrer.
Mientras PP y Ciudadanos pidieron la suspensión de empleo y sueldo o, al menos, que se le apartara de todas sus funciones, Martínez y Aragón remarcaron que no resultaba oportuno hasta no saber de qué cargos concretos se le acusan. A lo largo del debate y debido a que no se iba a sacar adelante quitarle las responsabilidades, el secretario general de la Diputación, Vicente Boquera, acabó proponiendo que únicamente se le retiraran las funciones en el proceso de disolución de Divalterra. Específicamente la de negociación con los sindicatos. Algo a lo que se acabó sumando el representante popular ante la tesitura de apartarlo de una de sus funciones antes que de ninguna.
Así, esa decisión salió adelante con 6 votos a favor y las 3 abstenciones de los miembros del PP, de Ciudadanos y la representante de los trabajadores. Compromís renunció a tener miembro en el Consejo, por lo que no se pronunció. Éste se volverá a reunir dentro de 15 días.
Una determinación que contrasta con la tomada hace dos meses, cuando se destituyó al gerente de Divalterra, Antonio Mas, por falta de confianza. Una falta de confianza que parece que ahora no se produce respecto a Vera.
Tampoco ha habido en este caso celeridad. Tras la detención de Vera el jueves, el viernes fue cuando se convocó reunión del Consejo de Administración. Una demora en el tiempo que admiten incluso fuentes socialistas. Máxime en comparación con la destitución inmediata de Rafael Rubio –también arrestado en la misma operación– como subdelegado del Gobierno de Valencia.
Toni Gaspar optó desde el principio por lavarse las manos. Aunque es presidente de la Diputación, a su grupo pertenece el presidente de Divalterra y tiene la capacidad para actuar sobre los cargos de la corporación, en la mañana de ayer jueves esgrimió que todo debía decidirlo el Consejo. Antes de comparecer en la comisión de Justicia y Gobernación de Les Corts Valencianes para hablar del Proyecto de Ley del Fondo de Cooperación municipal, hizo hincapié en que no podía extralimitarse de sus competencias porque este caso afecta a "una empresa y un contrato laboral".
"Sé que yo puedo querer que se hagan cosas o la opinión pública puede quererlo, pero hay que respetar la ley y los procedimientos", aseveró. "Si fuera asesor, yo nombro, yo ceso... pero lo que no nombro, no ceso", añadió para más tarde excusar que si convocase la Junta General para proponer su destitución, los medios estarían censurando que se saltase la jerarquía establecida.
En la misma línea que el resto de la rueda de prensa, Gaspar evitó pronunciarse sobre si Vera ha cumplido con sus funciones como responsable de prevención de riesgos penales: "Supongo que lo dirá la Justicia. Soy el presidente de la Diputación, no el magistrado", zanjó.
Por su parte, Compromís protestó con la boca pequeña respecto a lo ocurrido. En un comunicado, el grupo en la corporación manifestó que "respeta" la decisión del Consejo, aunque lamenta que no se hayan tomado "medidas ejemplarizantes" como suspender a Vera cautelarmente de sus funciones hasta que se aclaren los hechos.
