VALÈNCIA. (FE). La empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa, pasará al derecho público bajo la figura jurídica de organismo autónomo o entidad pública local antes de que acabe esta legislatura, una decisión que tomará un consejo de administración "profesionalizado" para que se someta a los controles de la Administración.
En Los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de València, el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, se ha referido a Divalterra como "una patata caliente" a la que se ha intentado dar una solución y en la que se ha renunciado a que el consejo de administración tenga mayoría del gobierno de la corporación provincial.
Los informes previos para determinar la nueva forma jurídica de Divalterra estarán concluidos a finales de este año o principios del próximo y posteriormente se informará al pleno de la Diputación del formato propuesto: si será un organismo autónomo o una entidad pública local, con la intención de que su creación con la figura jurídica que se decida se haga antes de finalizar la actual legislatura.
Gaspar defiende que su primera acción en Divalterra fue profesionalizar el consejo de administración y tener en este órgano a profesionales funcionarios, una decisión que fue "difícil" y que ya había intentado llevar a cabo tres años antes.
Cuestiona que se haya "demonizado" la empresa cuando el 80 % de su plantilla son "brigadistas que apagan el fuego" y señala que el hecho de que ciertas personas "no lo hicieran bien" o utilizaran Divalterra "para intereses espurios" no supone que toda la empresa "fuera así".
"Había que dejarle oxígeno y creo que eso lo hemos conseguido. Hay gente que trabaja lo mejor que puede pero estaban bajo una presión increíble", comenta.
Divalterra se creó hace treinta años como a su juicio se hacía entonces, "para ahorrarse controles de la Administración", pero actualmente una empresa pública no puede saltarse ningún control y debe estar bajo la transparencia pública, y de ahí que debe volver del derecho mercantil al administrativo, según el presidente de la Diputación.
Con estos controles públicos, "la historia dramática" de la última etapa de la empresa no habría ocurrido, según Gaspar, que recuerda que el problema por la detención del anterior presidente Jorge Rodríguez por presunta malversación y prevaricación en la operación Alquería no ha sido "el descontrol administrativo ni que nadie se haya llevado dinero" y asegura que la empresa está saneada y no hay ningún contrato mercantil irregular.
Si la empresa hubiera estado bajo derecho administrativo, el secretario de la corporación habría hecho un informe sobre la remuneración de altos directivos y habría dicho "sí se puede o no, y ya está", pero bajo la forma de derecho mercantil "unos que decían que sí y otros que no, y lo que pasó lo sabemos todos y lo dramático que ha sido", añade.
Además, insiste en que el esfuerzo de tres años del anterior presidente de la Diputación Jorge Rodríguez para que esa empresa funcionara ha sido "bárbaro", pero el "desprestigio" cuesta "muchísimo" recuperar.
"Lamentablemente todo eso no desaparece de la retina de la gente y, lo que es peor, está magnificado. Es mucho más de lo que parece y realmente es", ha concluido.
