Foto: DIVALTERRAVALÈNCIA (EP). Un total de 87 personas se han acogido de manera voluntaria al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por cuestiones organizativas que se ha negociado por la empresa encargada de la liquidación de Divalterra, con el acuerdo de todas las secciones sindicales, según ha informado la Diputación de Valencia en un comunicado.
Se trata del paso previo a la subrogación de la plantilla en el Consorcio Provincial de Bomberos y en la propia Diputación de Valencia, "manteniendo todos sus derechos y condiciones laborales actuales en su nueva ubicación", que fue el compromiso adquirido por el presidente de la institución, Toni Gaspar.
De esta manera, tras la convocatoria de la mesa de negociación en el Consorcio de Bomberos, en las próximas semanas se efectuará el traspaso del personal de la entidad, para proceder durante este año a la extinción definitiva de la sociedad, una vez que la totalidad de sus servicios se estén prestando a través del Consorcio o de la Diputación.
El ERE acordado entre la entidad liquidadora y la parte social establece, entre otras condiciones, que para los mayores de 63 años que se han acogido al expediente, un importe en concepto de indemnización por despido consistente en la retribución salarial que restase por percibir hasta que cumpliesen la edad legal de jubilación.
En este sentido, se han mejorado las condiciones de extinción de los contratos para garantizar que este grupo pueda percibir la indemnización mínima legal. Asimismo, las personas de entre 54 y 63 años que se han acogido voluntariamente al ERE, además de una indemnización de 33 días de salario por año de servicio, tendrán cubierto el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social hasta que cumplan la edad legal de jubilación.
De los 87 trabajadores que se han acogido al ERE, 81 son especialistas, capataces o conductores de Brigadas Forestales; cinco pertenecen a otras áreas este servicio y una persona trabaja en el servicio de limpieza.
El traspaso de trabajadores de Divalterra supone el "último paso previo" al "cierre ordenado y definitivo" de la empresa pública que anunció el presidente, Toni Gaspar, a finales del pasado mes de marzo, quien se comprometió entonces ante la Junta General de la entidad a "garantizar los puestos de trabajo de toda la plantilla, preservando sus derechos y condiciones laborales".
Menos de tres meses después, se aprobó la disolución de la sociedad mercantil y el nombramiento como liquidador de Afianza Asesores SL, con lo que cesó su Consejo de Administración. Desde entonces, se ha trabajado para efectuar el traspaso ordenado de personal y competencias, con el doble objetivo de que los servicios de Divalterra continuaran ofreciéndose desde la Diputación y el Consorcio de Bomberos y que los trabajadores mantuvieran sus puestos de trabajo en las mismas condiciones tras la subrogación de sus contratos.
