Sala de control de Teleasistencia de Cruz Roja en Alicante. Foto PEPE OLIVARES/CRUZ ROJAVALÈNCIA. Domus VI, con su división Quavitae Servicios Asistenciales SAU, ha ganado el concurso de ayuda domiciliaria tras la exclusión definitiva de Cruz Roja al considerar baja temeraria su oferta. La Conselleria de Igualdad dejaba fuera el pasado junio a la organización de los dos mayores lotes del servicio de teleasistencia de la Generalitat, que ya prestaba para el departamento dirigido por Aitana Mas.
El departamento de la entonces consellera Mónica Oltra dividió el servicio en tres lotes, uno por provincia. El lote 1 para la provincia de Alicante y que enmarca a 10.800 personas. Un lote 2 para la provincia de Castellón y Valencia con 32.500 personas y 6.700 correspondientes al lote 3 para la prestación del servicio a personas no dependientes atendidas hasta el momento por esta Conselleria. El conflicto del concurso -que parte con una base de licitación de 25 millones- se produce en los lotes 1 y 3 que se disputan Cruz Roja y DomusVi -perteneciente a un fondo de inversión británico-, ya que el lote 2 fue adjudicado a Servicios de Teleasistencia SA.
La mesa de contratación paralizaba el concurso tras el recurso de la organización sin ánimo de lucro, que entendía que su oferta, que fue la mejor valorada desde el punto de vista técnico, estaba planteada de forma correcta. Sin embargo, sus argumentos no han servido para convencer al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC), dependiente del Ministerio de Hacienda, de que el planteamiento era erróneo.
El TARC señala que Cruz Roja no ha realizado un desglose justificado y suficiente de su oferta. También, indica que la organización, en su justificación, plantea un número global de terminales (27.322), correspondientes a este y a otros contratos, un presupuesto de 4.175.155 euros, y de la división de ambas cantidades, y entre 12 meses, resulta un precio unitario de 12,73 euros, reflejando luego unas cifras globales, sin justificación alguna, por partidas presupuestarias, con una mínima explicación de cada partida.
En este sentido, alude a que no existe, por ejemplo, un desglose de los costes laborales, aplicando el convenio colectivo en vigor. Ante esta decisión, el servicio finalmente lo prestará la oferta más cara y con peor puntuación técnica, presentada por una empresa privada filial de un fondo de inversión, frente a la entidad sin ánimo de lucro que viene prestándolo en la actualidad. "El Tribunal considera ajustada a Derecho la decisión de considerar que no se ha justificado y desglosado suficientemente el bajo precio ofertado, y, por lo tanto, el acuerdo de exclusión adoptado, teniendo en cuenta la discrecionalidad técnica de la que goza la Administración para apreciar estas cuestiones de índole técnica", señala la resolución del TARC.
Según la mesa de contratación del concurso, “se considerarán como ofertas desproporcionadas o anormales aquellas en las que la proposición económica sea inferior en más de 6 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas, de acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 149 de la Ley 9/2017. En el caso de presentarse un único licitador se considerará oferta desproporcionada o anormal si la misma es inferior en más de un 15% del presupuesto de licitación”.
La cuestión es que tan solo había dos ofertas para los lotes. En las dos la propuesta de Cruz Roja fue la mejor valorada técnicamente y también era la más barata para la Conselleria. Pero según las bases del concurso, demasiado barata. Respecto al Lote 1, la media aritmética de las dos ofertas presentadas era de 3,9 millones de euros, por lo que el límite inferior para considerar una oferta en baja anormal o desproporcionada se sitúaba en 3,6 millones. La oferta de Cruz Roja era de 3,3 millones de euros, lo que según el tribunal supone rebasar en 13,92 unidades porcentuales la media aritmética.
Respecto al Lote 3, la media aritmética de las dos ofertas presentadas era 2,7 millones, por lo que el límite inferior para considerar una oferta en baja anormal o desproporcionada se situó en 2,6 millones. La oferta presentada por Cruz Roja era de 2 millones, lo que supone rebasar el límite en 24,08 unidades porcentuales.
La justificación de Cruz Roja para dicha oferta es que conoce "perfectamente" las circunstancias, infraestructuras, equipamiento y personal necesario para garantizar una adecuada prestación del servicio. Asimismo, indica su carácter de entidad sin ánimo de lucro, y por tanto que su fin es atender a las personas más vulnerables de la sociedad, siendo éste un fin en sí mismo y no la prestación del mismo para conseguir unos resultados económicos positivos. Indica que su oferta solo pretende recuperar los costes invertidos y que por dicho motivo pueden ofertar un precio inferior al resto de licitadores.
Se da la circunstancia de que Igualdad ya tenido ya sus fricciones con DomusVi. El pasado mes de octubre Oltra anuló el concurso de la gestión de la residencia de Velluters, en València ciudad, que iba a adjudicar, de acuerdo con las puntuaciones obtenidas, a la compañía SAR Residencial y Asistencial, filial de DomusVi.
DomusVi fue expedientada y sancionada por la Generalitat por su gestión durante la pandemia de la residencia que tiene en Alcoy en la que se produjeron más de 70 fallecimientos por covid. También tuvo problemas en la de Llíria, donde un juez abrió una causa por presunto maltrato tras una denuncia de la Fiscalía Provincial, procedimiento que se archivó por falta de pruebas. Y en septiembre de 2021, los familiares del centro de DomusVi en Vila-real pidieron la intervención de Sanidad ante un brote que afectó a más de 50 residentes.
