Igualdad excluye a Cruz Roja del concurso de teleasistencia y se lo da a DomusVi

 VALÈNCIA. La Conselleria de Igualdad ha excluido a la Cruz Roja de los dos mayores lotes del servicio de teleasistencia de la Generalitat en favor de Domus VI (Quavitae Servicios Asistenciales SAU) al entender la existencia de una baja temeraria. La mesa de contratación ha paralizado el concurso tras el recurso de la organización sin ánimo de lucro, que entiende que su oferta, que fue la mejor valorada desde el punto de vista técnico, estaba planteada de forma correcta. 

El resultado, salvo que se admita el recurso, es que el servicio lo prestará la oferta más cara y con peor puntuación técnica presentada por una empresa privada filial de un fondo de inversión frente a la entidad sin ánimo de lucro que viene prestándolo en la actualidad. 

El departamento de Mónica Oltra dividió el servicio en tres lotes, uno por provincia. El lote 1 para la provincia de Alicante y que enmarca a 10.800 personas. Un lote 2 para la provincia de Castellón y Valencia con 32.500 personas y 6.700 correspondientes al lote 3 para la prestación del servicio a personas no dependientes atendidas hasta el momento por esta Conselleria.

El conflicto del concurso -que parte con una base de licitación de 25 millones- se produce en los lotes 1 y 3 que se disputan Cruz Roja y DomusVi -perteneciente a un fondo de inversión británico-, ya que el lote 2 fue adjudicado a Servicios de Teleasistencia SA. El concurso de los lotes 1 y 3 se encuentra paralizado tras un recurso de Cruz Roja. Ahora,  el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, estudia la cuestión para decidir si acepta sus argumentos. 

Oferta anormal a través de la media aritmética

Según la mesa de contratación del concurso, “se considerarán como ofertas desproporcionadas o anormales aquellas en las que la proposición económica sea inferior en más de 6 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas, de acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 149 de la Ley 9/2017. En el caso de presentarse un único licitador se considerará oferta desproporcionada o anormal si la misma es inferior en más de un 15% del presupuesto de licitación”.

La cuestión es que tan solo había dos ofertas para los lotes. En las dos la propuesta de Cruz Roja fue la mejor valorada técnicamente y también era la más barata para la Conselleria. Pero según las bases del concurso, demasiado barata.

Respecto al Lote 1, la media aritmética de las dos ofertas presentadas era de 3,9 millones de euros, por lo que el límite inferior para considerar una oferta en baja anormal o desproporcionada se sitúaba en 3,6 millones. La oferta de Cruz Roja era de 3,3 millones de euros, lo que según el tribunal supone rebasar en 13,92 unidades porcentuales la media aritmética.

Respecto al Lote 3, la media aritmética de las dos ofertas presentadas era 2,7 millones, por lo que el límite inferior para considerar una oferta en baja anormal o desproporcionada se situó en 2,6 millones. La oferta presentada por Cruz Roja era de 2 millones, lo que supone rebasar el límite en 24,08 unidades porcentuales.

"Si bien es cierto que la empresa adjudicataria debe ser aquella que presente la oferta más ventajosa, no lo es menos la necesidad de que la oferta sea viable y pueda ser cumplida, lo que genera dudas en el caso que nos ocupa, al haberse producido una baja muy elevada en ambos lotes", insiste el informe de la mesa de contratación. 

Según la normativa, la mesa debe a continuación pedir a la oferta que se encuentra en estas circunstancias que justifique su baja desproporcionada, cosa que hizo Cruz Roja. Sin embargo, a juicio de la mesa esa justificación no fue suficiente.

Conocimiento y economías de escala, claves de la oferta

La justificación de Cruz Roja para dicha oferta es que conoce "perfectamente" las circunstancias, infraestructuras, equipamiento y personal necesario para garantizar una adecuada prestación del servicio. Asimismo, indica su carácter de entidad sin ánimo de lucro, y por tanto que su fin es atender a las personas más vulnerables de la sociedad, siendo éste un fin en sí mismo y no la prestación del mismo para conseguir unos resultados económicos positivos. Indica que su oferta solo pretende recuperar los costes invertidos y que por dicho motivo pueden ofertar un precio inferior al resto de licitadores.

En este apartado la justificación realizada contempla que los profesionales remunerados ya constan en el proyecto técnico, partiendo de una estructura de personal suficiente para asumir la atención que se precisa sólo con un mínimo aumento de costes.
También se señala que los gastos de mantenimiento, actividad y estructura de la sede, están consignados en el presupuesto ordinario de la entidad y en cuanto al parque de vehículos y la atención de agendas ya disponen de estructura lo que supone una rentabilización.

También señalan que, debido al volumen de actividad que prestan en la teleasistencia para todo el territorio nacional, producen importantes reducciones de los costes y de precios de adquisición de equipos terminales y todo tipo de materiales, además de implantación de una rentabilización de los recursos como la utilización de una única Central sufragada por los distintos centros de Cruz Roja, así como las propias aplicaciones informáticas y desarrollos tecnológicos de Cruz Roja.

Sin embargo, desde la mesa de contratación recalcaron que estos razonamientos no estaban cuantificados en números y por lo tanto no lo consideraban motivación suficiente para cambiar la postura de la valoración de dicha oferta.

El antecedente de Velluters

Se da la circunstancia de que Igualdad ya tenido ya sus fricciones con DomusVi. El pasado mes de octubre Oltra anuló el concurso de la gestión de la residencia de Velluters, en València ciudad, que iba a adjudicar, de acuerdo con las puntuaciones obtenidas, a la compañía SAR Residencial y Asistencial, filial de DomusVi.

DomusVi fue expedientada y sancionada por la Generalitat por su gestión durante la pandemia de la residencia que tiene en Alcoy en la que se produjeron más de 70 fallecimientos por covid. También tuvo problemas en la de Llíria, donde un juez abrió una causa por presunto maltrato tras una denuncia de la Fiscalía Provincial, procedimiento que se archivó por falta de pruebas. Y en septiembre de 2021, los familiares del centro de DomusVi en Vila-real pidieron la intervención de Sanidad ante un brote que afectó a más de 50 residentes.