Los dos grandes sindicatos y la patronal CEOE se han puesto de perfil en la crisis catalana. Pertenecen a la Cofradía del Santo Diálogo, en la que todo equidistante aspira a ser admitido. Lo mínimo que podían hacer es defender al Estado que les paga con tanta generosidad
En las situaciones límite de la vida aprecias el verdadero carácter de las personas, su valentía o cobardía, su sensatez o irresponsabilidad, su capacidad para hacerse dueño o títere de los acontecimientos. Entre sus escasos beneficios, el agravamiento de la crisis catalana está poniendo a cada uno en su lugar, a la vista de todos. Los hay, sin embargo, que siguen jugando con varias barajas, teniendo cuidado en no mojarse, para luego decir, cuando todo haya pasado: “¡Ya os lo decía yo!”. Son los llamados equidistantes, que siguen el ejemplo de monseñor Setién en la larga travesía del terrorismo. Ni sí ni no sino todo lo contrario.
Pero en un golpe contra el Estado como al que estamos asistiendo no caben ya las medias tintas. No vale repartir la culpa entre las dos partes pues la responsabilidad descansa, por encima de todo, en Puigdemont y sus forajidos. Por eso causa sonrojo y vergüenza leer y escuchar las declaraciones de partidos de ámbito nacional (ellos dirían estatal) como Podemos, que dice aspirar a gobernar un país que quedará hecho añicos si los independentistas consiguen sus propósitos. Lejos de impedirlo, la muchachada comunista de Pablo Iglesias les facilita las cosas a los separatistas.
Pero no me gustaría hablar de los partidos políticos en esta crisis sino del papel desempeñado por los denominados agentes económicos y sociales. Las dos vacas sagradas del sindicalismo —UGT y CCOO— y, en menor medida, la patronal CEOE se han puesto de perfil en la crisis institucional más grave desde la instauración de la democracia. Forman parte de la larga lista de equidistantes, en la que también abundan periodistas, actores y supuestos intelectuales, todos ellos partidarios de resolver este problema mediante el diálogo. “Hagan política”, afirman estos franciscanos del buen rollo sin ser conscientes de lo que está en juego.
No habréis leído ni escuchado una sola condena tajante, firme e inequívoca de los máximos dirigentes de la patronal y los dos grandes sindicatos sobre la quiebra de la legalidad y la conculcación de los derechos de los ciudadanos en Cataluña, empezando por sus funcionarios. La he buscado y no la he encontrado, todo lo más críticas suaves y ambiguas al golpe perpetrado por los independentistas.
Esos dirigentes deberían haber convocado a sus ejecutivas nacionales (o estatales) para defender la unidad del Estado que los ha financiado y sigue haciéndolo con el dinero abundante de los españoles. CEOE lo hizo mal y tarde la semana pasada, pero UGT y CCOO no lo han hecho por temor a perder apoyos en Cataluña. Conviene recordar algo que puede explicar esta actitud timorata: los líderes de la patronal y los dos sindicatos son dos catalanes (Juan Rosell y Josep Maria Álvarez) y un vasco (Unai Sordo). Este último hace honor a su apellido.
Por si quedaran dudas, repasemos algunas declaraciones de los tres dirigentes después del golpe contra el Estado del 6 de septiembre.
Juan Rosell dijo ese día que el problema catalán “no viene de ahora, viene de lejos” y debe ser resuelto “políticamente”. Se quejaba, eso sí, de la inseguridad jurídica para los empresarios. Añadía que había que cumplir las leyes pero no precisaba cuáles. De sus labios no salió ni una sola crítica contra Puigdemont y los golpistas.
Rosell es el representante de esa burguesía catalana que ha hecho negocios con cada régimen político, fuese Primo de Rivera, al que apoyaron, Franco, al que también apoyaron, y ya en democracia encontraron un aliado en el padrino que gobernó Cataluña durante más de veinte años. En fechas recientes, la sucursal catalana de CEOE —Foment del Treball— dio señales de nerviosismo publicando un comunicado en julio, en el que calificaba de “golpe de Estado jurídico” el plan de ruptura de Puigdemont. Este pronunciamiento es bienvenido pero llega tarde, y revela la inquietud de las grandes empresas catalanas porque ven peligrar su negocio en el mercado español.
Si la postura de la patronal es censurable, la de UGT y CCOO es demencial. Sus sucursales catalanas se adhirieron al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Entonces Álvarez era secretario general de la UGT en Cataluña. Es incomprensible que dos organizaciones sindicales pongan una imaginaria nación por encima de los derechos de trabajadores. ¿No habíamos quedado en que ser de izquierdas era ser internacionalista? ¿No existía acuerdo en que el nacionalismo es un invento de la burguesía para seguir explotando a los obreros? UGT y CCOO no lo entienden así: para ellos la nación, siempre que no sea la española, está por encima de las personas.
Las pequeñas empresas, los trabajadores y los pensionistas serán los grandes perdedores si Cataluña se independiza
Veamos también lo que los líderes sindicales dijeron después del golpe del 6 de septiembre. Álvarez afirmó que España “lleva tiempo encarando las cuestiones territoriales de manera equivocada”. Y añadió: “Un conflicto político debe ser resuelto con la política”. Para que no quedasen dudas, apelaba al diálogo para salir de este callejón sin aparente salida. Ni una sola crítica a los golpistas.
Sordo también quiso nadar y guardar la ropa. Es otro don Tancredo. “CCOO no va a llamar a la participación en el referéndum”, afirmó con la boca pequeña. Pero luego matizó que los catalanes deberán decidir su futuro en una consulta. Se supone que sin el concurso del resto de los españoles.
Así han quedado retratados los tres principales agentes económicos y sociales tras el bochorno vivido en el Parlament a comienzos de mes. Si el golpe fracasa, seguirán como tal cosa, echarán tierra sobre lo sucedido y, sabiendo que somos un país de desmemoriados, continuarán percibiendo un dinero público que no se merecen, dada su escasa representatividad entre las empresas y los trabajadores. Si el golpe triunfa han hecho méritos suficientes para ser los sindicatos verticales de la futura República catalana. Como con Franco, patronal y sindicatos subordinarán los intereses de clase a los de la nación (en este caso la nación catalana).
Con su actitud tibia, por no calificarla de cobarde, CEOE, UGT y CCOO han dado un paso más en su descrédito. Se han retratado en el momento más delicado de nuestra historia, cuando un ejército de totalitarios intenta romper nuestro país. ¿Ninguna de estas tres organizaciones se ha preguntado quiénes serían los grandes perdedores si Cataluña se independiza? Aquellos que dicen defender: las pequeñas empresas, que verán disminuido su negocio; los trabajadores y los pensionistas, que vivirán en un país un 20% más pobre.
¿Les importa la ruptura del mercado interno y la quiebra de la caja única de la Seguridad Social? Parece que no. Todos los males que los sindicatos denuncian ahora —la desigualdad, la precariedad laboral, la exclusión social— se acentuarían en una España sin Cataluña. ¿A qué juegan, entonces? ¿Han imaginado el papel que les tocaría representar en un país roto que, con menos recursos, cerraría probablemente el grifo a sus múltiples chiringuitos?