Dos acusadas del 'call center' niegan que se beneficiaran del amaño del contrato 

VALÈNCIA. La sesión de este miércoles del nuevo juicio del caso Taula se ha dedicado a las primeras declaraciones de acusados en esta causa, relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de ‘call center’ para la empresa pública Imelsa y que fue a parar a la empresa Servimun. La investigación apuntó a que se amañó el proceso y que la adjudicataria percibió de Imelsa 930.000 euros por ese contrato entre 2013 y 2016. 

En esta pieza figuran un total de siete acusados –bien como autores directos o como cooperadores necesarios– por delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales. Los principales son el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y el exsuegro de este último, Mariano López –vinculado a Servimun, de donde habría percibido dinero a través de otra empresa–.

Este miércoles han declarado la mujer de López y su cuñada. De acuerdo con la investigación, el exsuegro de Benavent creó una sociedad llamada Técnicas Legales Administrativas (TLA) que carecía de actividad real y que puso a nombre de su cuñada. A través de ella, y mediante varias cuentas, habría percibido periódicamente pagos que, según concluyó el juez instructor, "fueron para su lucro personal y el de su esposa y gratificando en menor cantidad la participación de su cuñada".

La mujer y la cuñada de López han declarado como acusadas este miércoles y han respondido únicamente a las preguntas de su abogado. Ambas han negado los hechos. La primera ha explicado que su marido le preguntó si quería ser administradora de una de sus empresas, pero le dijo que mejor se lo propusieran a su hermana porque tenía 63 años, varios hijos a su cargo y le quedaban dos años para jubilarse. "Ella lo necesitaba y con esos dos años siendo administradora ya podía cobrar la pensión", ha señalado. 

La esposa de López ha asegurado que confía "plenamente" en su marido y que nunca pensó que esa sociedad "tuviera algún fin ilícito". "Mi marido siempre se buscó la vida legalmente, fue empresario toda la vida. Si hubiera sido algo ilegal nunca se lo habría dicho a mi hermana", ha indicado. 

Su hermana, por su parte, ha detallado que fue en 2013 aproximadamente cuando asumió la administración de TLA. "Lo hice para poder cobrar la pensión. Tenía 63 años. No participé en la gestión de la sociedad, no conocía la actividad y no realicé ningún trabajo", ha señalado.