Economía contratará a un auditor externo para controlar las subvenciones a patronal y sindicatos

VALENCIA. El Consell refuerza los controles sobre el dinero público que reciben sindicatos y patronal. La Conselleria de Economía Sostenible, a través de la comisión técnica de la Mesa de Diálogo Social, acaba de abrir un proceso público para seleccionar a un auditor encargado de verificar que la documentación que aportan los beneficiarios justifica el abono de las subvenciones.

La auditoría se encarga para los ejercicios 2016 y 2017 para las ayudas previstas en la Ley de Participación Institucional, las que reciben los agentes sociales más representativos por su papel en la negociación colectiva y los órganos mixtos con la administración. El control se centra en la patronal autonómica Cierval y los sindicatos UGT y CCOO, que son los que actualmente perciben esas subvenciones.

Estas tres organizaciones ya se repartieron en 2015 5,2 millones de euros por este concepto: la mitad para la patronal y la otra mitad a repartir entre las dos organizaciones sindicales. El Presupuesto de la Generalitat prevé idéntica cantidad para este año.

La búsqueda de un auditor externo se produce en plena vorágine por el procesamiento de la patronal de Castellón CEC y de la propia Cierval por un fraude de 1,8 millones en las ayudas recibidas para cursos de formación en 2009. El juez imputa a una serie de empresas y responsables de la patrona,l como el secretario general, Rafael Montero, por supuestamente haber emitido facturas falsas que permitieron el desvío de 1,8 millones de euros concedidos a la CEC por Cierval de los 12 que recibió ésta última de la Generalitat.

En paralelo, la gestión de los fondos públicos por parte de la patronal de Alicante (Coepa) también está bajo sospecha. Tal y como informó Valencia Plaza, tanto el IVF como el Servef han detectado que los anteriores responsables de la organización utilizaban una misma factura para justificar el cobro de créditos y ayudas vinculadas a la construcción de un centro de formación.

La Intervención de la Generalitat analiza la información remitida por los dos entes para valorar si procede denunciar ante la Fiscalía. El presunto fraude rondaría los 3 millones de euros.

El reglamento que desarrolla la Ley de Participación Institucional, que entró en vigor el año pasado, ya refuerza los controles al obligar a los agentes sociales que reciban fondos públicos de colaboración a someterse al control económico y financiero de la Intervención General de la Generalitat y de la Sindicatura de Comptes, así como a hacer público el destino de las subvenciones.

Para ello, les exige "prestar la colaboración necesaria y aportar toda la información que les sea requerida en el ejercicio de las referidas actividades" y les obliga a justificar los fondos recibidos según la normativa contenida en las bases reguladoras y acompañar la documentación con sus últimas cuentas anuales. Las organizaciones empresariales y sindicales tendrán que publicar en sus páginas web las actividades realizadas financiadas con fondos públicos.

Los gastos que les cubre la administración son de diversa índole, desde los sueldos de trabajadores que desarrollen actividades de participación institucional hasta los honorarios, auditorías de cuentas o gastos de manutención y desplazamiento de expertos o asesores profesionales.

Pero también gastos generales como suministros de energía y agua, material de oficina y papelería, seguros, arrendamientos, amortizaciones de locales y equipos, servicios externos, etcétera con un tope del 8% de la compensación económica del ejercicio.