Economía frena la creación de la Societat Fira Valencia para completar la memoria económica

VALÈNCIA. Economía echa el freno en la creación de la Societat Fira València, la empresa pública a través de la cual la Generalitat pasará a gestionar Feria Valencia como parte del proceso de reestructuración y asunción de su millonaria deuda. El departamento que dirige Rafael Climent planeaba llevar al pleno del Consell de este viernes el decreto de creación de esta empresa y la propuesta de estatutos a pesar del firme rechazo de la CEV y Cámara Valencia al reparto de asientos previsto en el consejo de administración, pero la Conselleria ha optado finalmente por no hacerlo para revisar el proyecto.

El motivo, según explican fuentes de la Conselleria de Economía a Valencia Plaza, es la necesidad de realizar algunos "ajustes" en la memoria económica de inicio de actividad de la mercantil. Se trata, aseguran, de "flecos administrativos que no dependen de esta Conselleria" imposibles de subsanar a tiempo para el pleno del Consell de este viernes.

Sin embargo, la Conselleria de Hacienda precisó al respecto que esos ajustes responden a un requerimiento de la Dirección General de Presupuestos para que Economía rehaga esa memoria porque la que le ha enviado está incompleta.

El de Presupuestos es uno de los informes preceptivos que la Conselleria de Economía aún tiene que recabar para completar el expediente de creación de esta nueva empresa pública. A este se suman los respectivos informes de la Abogacía de la Generalitat y de la Intervención. Por ello, a pesar de la petición de los actuales gestores del recinto a la administración para acelerar un proceso que bloquea asuntos importantes de gestión del día a día, es probable que aún pasen semanas hasta la creación de la sociedad.

El problema es que, mientras el Consell no apruebe la constitución de la sociedad pública con sus correspondientes estatutos y la propuesta de consejo de administración de la mercantil no puede llevarse a cabo la cesión de activos y pasivos de la actual Feria Muestrario Internacional ni su posterior liquidación, como tampoco la inscripción en el registro mercantil de la nueva sociedad pública.

El subsecretario de la Conselleria de Economía, Natxo Costa, se comprometió durante la reunión del comité ejecutivo de Feria Valencia de la semana pasada, a llevar el decreto-ley de creación de la mercantil este viernes para poder llegar a tiempo de completar todos esos pasos antes del 30 de junio, fecha límite para que el patronato y el comité ejecutivo de Feria Valencia aprueben las cuentas de 2021. Sin embargo, días atrás ya asumió en una entrevista en Plaza Radio que el cumplimiento de esos plazos se complicaba.

Un consejo con rechazo empresarial

Los reparos planteados por la Dirección General de Patrimonio a la memoria económica se suman al patente desacuerdo con las organizaciones empresariales respecto a la composición del consejo de administración de la nueva empresa pública mercantil.

Como publicó Valencia Plaza, tanto José Vicente Morata como Salvador Navarro, presidentes de Cámara Valencia y la CEV, respectivamente escenificaron en el último comité ejecutivo del recinto su rechazo a que Unión Gremial se siente junto a ellos en uno de los puestos de ese consejo porque, a su juicio, su representatividad no justifica esa presencia.

Frente a ello, la Conselleria de Economía se mantuvo firme en su propuesta de reparto de vocalías incluida en los estatutos con el argumento de que la presencia directa de Unión Gremial está justificada por su condición de entidad fundadora de Feria Muestrario Internacional a principios del siglo pasado.

Esas posiciones continúan inamovibles una semana después y el enfrentamiento sigue vivo hasta el punto de que la CEV no nombrar representantes y dejar vacíos sus asientos.

Si la propuesta de estatutos del departamento de Rafael Climent sale adelante, el consejo tendrá finalmente dieciséis miembros y la mayoría será para la Generalitat. Además de la presidencia, que ocupará el conseller Climent, la Generalitat tendrá otros ocho representantes, incluidos dos de la Conselleria de Agricultura y de la de Educación.

La Diputación de Valencia y el Ayuntamiento tendrán uno cada uno, mientras que las cinco vocalías restantes serán cargos empresariales: dos nombrados por Cámara Valencia, otros dos de la CEV y un quinto para Unión Gremial.

Economía había previsto inicialmente que el consejo de administración tuviera 21 vocalías y que siete de ellas fueran para la Generalitat, de manera que el órgano tendría mayoría de independientes. Sin embargo, la Abogacía de la Generalitat obligó a reducir los integrantes a dieciséis y asegurar la mayoría a la Generalitat con nueve vocalías.

En ese primer reparto, tanto la cámara como la CEV tenían cuatro asientos cada una y Unión Gremial, uno. Con la reducción, el equilibrio entre las organizaciones empresariales es más ajustado porque Cámara Valencia y CEV reducen sus vocalías a la mitad, pero Unión Gremial mantiene el que se le atribuía en la propuesta inicial.