Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La Conselleria de Economía da luz verde al protocolo de actuación que desde hace meses la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova) reclama para que las empresas que prestan el servicio de ITV puedan contratar personal durante los tres años que quedan hasta que venza la concesión. Una demanda del sector con la que pretenden garantizar el normal funcionamiento en las estaciones y evitar el "colapso".
Y es que de acuerdo con los pliegos del contrato concesional que estableció la Generalitat con las empresas que prestan actualmente el servicio de ITV, desde el pasado 1 de enero de 2020 la Conselleria debe autorizar con carácter previo cualquier contratación de personal que las concesionarias quieran realizar. El contrato fijaba esta obligatoriedad tres años antes de la reversión de la concesión, que dura más de dos décadas, y está prevista para 2023.
También establecía que "toda sustitución, modificación, reparación ampliación y, en general, la instalación y puesta en funcionamiento de cualquier medio material necesario para la prestación del servicio de ITV requerirá comunicación expresa por parte del concesionario a la Conselleria de Economía aportando el proyecto técnico que deberá incluir necesariamente el plan de inversiones de amortizaciones". Por ello desde Aecova exigían al departamento que dirige Rafa Climent que aclarara y definiera a través de una orden "el alcance, contenido y requisitos de dichas autorizaciones, así como el procedimiento y plazo para tramitarlas". Y finalmente así ha sido.
Precisamente con el fin de agilizar el proceso, hace unas semanas el conseller Climent y el presidente de Aecova, Manuel Trigo, mantuvieron un encuentro que se saldó con el compromiso del responsable de Economía de atender esta reclamación de las concesionarias. "La Conselleria tendrá la instrucción en la que se especificará el protocolo a seguir para contratar personal en las estaciones de ITV en la Comunitat durante los tres años anteriores a la finalización de la concesión", subrayó al término del encuentro el conseller.
En concreto, el protocolo fijado por la Conselleria reconoce la urgencia de regular el procedimiento ya que en los periodos vacacionales, "los concesionarios del servicio se ven abocados a la contratación de personal inspector para sustituciones y refuerzos puntuales". Además Economía prevé que para atender la demanda tras el estado de alarma, "sea necesario aumentar los efectivos de inspección en la totalidad de las estaciones de ITV".
Actualmente, la Comunitat Valenciana cuenta con un parque de 25 estaciones fijas de ITV y seis móviles, distribuidas en las tres provincias. Sin siete las empresas concesionarias que hoy en día prestan el servicio de ITV.
La instrucción indica que, una vez recibida la solicitud por parte de la Conselleria, se estudiará si está suficientemente justificada. En un plazo se 15 días se emitirá la correspondiente resolución que englobará las contrataciones solicitadas que cumplan con los requisitos permitiendo a la entidad concesionaria formalizar dichas contrataciones a medida que lo necesite, sin trámite ni autorización adicional alguna. En la solicitud se deberá indicar la estación de ITV donde prestará el servicio principalmente el personal de administración, de inspección y de dirección técnica que se solicite contratar.
En 2023 vence la actual concesión y la Generalitat Valenciana no quiere prorrogarla, sino devolver el servicio a la gestión pública como así se plasmó en el Acord del Botànic para esta segunda legislatura. De hecho, desde la Conselleria de Economía ya se trabaja en la reversión. "Creo que si todo va bien, en 2020 tenemos que tener la hoja de ruta cerrada para que en 2021 podamos ya ejecutar", subrayaba hace ya unos meses Climent.
De hecho, hace unos meses la Consellería licitaba un concurso para la elaboración del informe que servirá de hoja de ruta para el regreso a la gestión pública del servicio de la ITV, tras 25 años de concesión. Un documento para establecer las normas y condiciones que regirán las actuaciones a realizar, así como la cronología y el coste económico previsto para las arcas públicas.
Aunque será una empresa la que definirá el camino a seguir, Economía esbozada en el pliego de condiciones las pautas que debe seguir ese modelo y que incluyen la creación de un nueva empresa pública para encargarse de la nueva red de estaciones, las nuevas tarifas del servicio y la relación de puestos de trabajo.
