El conseller de Hacienda, Vicent Soler, junto a la vicepresidenta, Mónica Oltra. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El Gobierno valenciano remitió días atrás el Plan Económico-Financiero (PEF) con los recortes necesarios para que el Gobierno de España desbloquee el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario de 250 millones de euros apalabrado entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Unos ajustes, denominados oficialmente "retenciones de crédito", aplicados sobre el Presupuesto de la Generalitat para este ejercicio que, según fuentes oficiales, ascienden a un total de 364,7 millones de euros. Una cifra a la que habría que sumar los 80 millones de euros para paliar los efectos de la DANA que azotó la Comunitat Valenciana semanas atrás, unos fondos que también han salido, según Hacienda, de partidas de todas las consellerias que ya no iban a ejecutarse este año.
Así, desde el departamento que dirige Vicent Soler, se niegan a facilitar datos concretos respecto a los distintos departamentos donde se producen los recortes aunque el documento ya ha sido enviado y todo apunta a que habrá luz verde del Ministerio de Hacienda en los próximos días. De hecho, cabe recordar que el presidente Puig regresó de la reunión con Montero con la promesa de recibir el extraFLA antes del 9 d'Octubre -según el president-, por lo que el PEF remitido debería ser dado por bueno antes de una semana.
El silencio sobre el documento final -cuya negociación causó tensión en el Botànic II- por parte de Hacienda e incluso desde parte de las consellerias dejan entrever cierto recelo y falta de confianza respecto al departamento que dirige Soler, especialmente desde las áreas que lidera Compromís, dado que aseguran desconocer el contenido detallado del PEF remitido a Madrid y, por tanto, no ponen la mano en el fuego sobre si los ajustes propuestos son los que finalmente se han reflejado en el documento.
De esta manera, desde Hacienda se limitaron a reseñar el sábado que las retenciones de crédito se reparten de la siguiente manera en el presupuesto: Capítulo I de personal, 20 millones; Capítulo II de gastos de funcionamiento, 42,4 millones; Capítulo III de intereses, 1 millón; Capítulo IV de transferencias corrientes, 38,9 millones; Capítulo VI de inversiones, 118,6 millones; Capítulo VII de transferencias de capital, 133,4 millones; y Capítulo VIII de activos financieros, 10,4 millones.
Con estos datos, Valencia Plaza contactó este lunes con las distintas consellerias para conocer los datos remitidos a Hacienda sobre las retenciones de crédito recomendadas por cada área de gestión. Bien es cierto que el departamento que lidera Soler puede modificar las partidas posteriormente y las propuestas recibidas variar notablemente en la versión definitiva del documento, si bien lo lógico en un gobierno de coalición sería que se informara a las consellerias de las modificaciones finales.
Según las cifras recogidas por este diario, la Conselleria de Educación acumularía en torno a unos 85 millones de euros de retenciones de crédito, 57 de los cuales se centrarían en el Plan Edificant, referido al proyecto de construcción y remodelación de colegios promovido por el Gobierno valenciano. De esta cantidad, una decena corresponderían al Capítulo VI (inversiones) mientras que los otros 47 millones estarían enmarcados dentro del Capítulo VII (transferencias de capital). El resto, cerca de 30 millones, se repartirían entre gastos de funcionamiento y transferencias corrientes.
Otra datos conocidos se refieren a la Conselleria de Obras Públicas, que centra sus ajustes en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Así, la probabilidad de no disponer de tiempo material para ejecutar antes de que termine el año determinadas partidas relacionadas con la inversión -compras de vagones, por ejemplo- ha llevado al citado departamento a admitir esa retención de crédito de 34 millones de euros, una cantidad situada dentro del Capítulo VII (transferencias de capital).
A priori, la Conselleria de Sanidad no saldría mal parada para el volumen de presupuesto que maneja (casi 6.635 millones) dado que a priori solo verá recortado en el Capítulo VI de inversiones unos 15 millones de euros de los algo más de 140 millones previstos en este apartado. En principio solo afectarán a reajustes en algunas obras que ya habían sufrido retrasos y cuyo presupuesto no apuntaba a ejecutarse al menos en su totalidad en lo que queda del año.
En cuanto a otros departamentos, las cifras de los recortes remitidos a Hacienda -algunos de los cuales aseguran haber sido consensuados- son menores.
Así, la Conselleria de Economía sufrirá unas retenciones de crédito que rondarán los 8 millones. Se trata de una cantidad notablemente por debajo de los 39 millones en retenciones de crédito que la Conselleria de Hacienda pretendía llevar a cabo en el presupuesto del departamento que dirige Rafael Climent. Según ha podido saber este periódico, el ajuste se concentra sobre parte de las transferencias que Economía realiza a sus entes adscritos del sector público, como Labora (Servef) o el Ivace, además de sobre algunas partidas de la propia conselleria.
Menores son las retenciones -salvo sorpresa en el PEF final- en otras consellerias como Innovación o Transparencia. En la primera, el total se aglutina en 3,2 millones de euros del área de Universidades pertenecientes al Capítulo VII de proyectos que no iban a poder ejecutarse antes de que concluyera el ejercicio, mientras que en la segunda, el recorte será apenas de 440.000 euros según señalaron desde este departamento.
A falta de conocer datos del resto de consellerias, parece evidente que, salvo que el PEF remitido haya variado notablemente en su paso por Hacienda, departamentos como el de la vicepresidenta del Consell y consellera de Políticas Inclusivas e Igualdad, Mónica Oltra; que fue el que más creció en las pasadas cuentas, Presidencia, Justicia o la propia Hacienda deben acumular unas cifras altas en estas retenciones de crédito, si bien no se facilitaron datos. Como tampoco quisieron hacerlo desde la Conselleria de Vivienda, dirigida por Rubén Martínez Dalmau, cuyos recortes son una incógnita.
Este periódico también se puso en contacto con el Ministerio de Hacienda, desde donde se limitaron a confirmar que el Gobierno valenciano había respondido "al requerimiento previsto en la ley de estabilidad presupuestaria por riesgos de incumplimiento del objetivo de estabilidad y regla de gasto en 2019".
