Siete años al frente de la Generalitat fueron suficientes para que Eduardo Zaplana tejiera un entramado empresarial cuyos lazos invisibles con el poder público se enquistaron en la Comunitat Valenciana. Su aureola de intocable se esfumó el pasado 22 de mayo con su entrada en prisión
VALÈNCIA.- «¡Eduardo, sé valiente!». Este fue el grito, parafraseando el «Luis, sé fuerte», que el expresidente Mariano Rajoy envió por Whatsapp a su tesorero en prisión, que lanzó un viandante y admirador a Eduardo Zaplana cuando salió escoltado por los agentes de la Guardia Civil, tras el registro de su domicilio en Valencia durante la Operación Erial. Era el principio de un calvario que acaba de comenzar. Al día siguiente, el expresidente de la Generalitat valenciana y exministro del Gobierno de Aznar entraría en prisión incondicional y sin fianza. Era el fin de una época.
¿Qué habría pasado si aquel adolescente Eduardo Zaplana, con ansias de volar, hubiese aprobado el ingreso a la Academia de San Javier del Ejército del Aire? Tal vez hayamos perdido a un gran piloto, como Saint-Exupéry, autor de El Principito. Lo bien cierto es que el destino nos habría privado de las hazañas de un político que ha dejado una huella indeleble —la de la corrupción— en el que consideró su reino de Taifas y de una vergüenza imborrable para todos los valencianos por haber ocupado el más alto cargo que nos representa, el de presidente de la Generalitat.
¿Qué habría pasado si ETA no se hubiera cruzado en la vida y en la muerte del profesor Manuel Broseta, asesinado de un tiro en la nuca en enero de 1992 frente a la Facultad de Derecho donde acababa de impartir clase? Broseta era el hombre escogido por Aznar como candidato a la alcaldía de Valencia en 1991 y el hombre fuerte del PP, pero se lo pensó y rehusó. Zaplana, no. Y logró la alcaldía de Benidorm... con trampa.
Eduardo Zaplana siempre se vanaglorió de no haber acarreado ningún caso judicial a sus espaldas. Intocable, salió ileso del primer envite en el caso Naseiro, cuando el Tribunal Supremo le exoneró al adoptar la doctrina del fruto del árbol envenenado, que permite invalidar la prueba obtenida sin autorización explícita en un caso judicial. En esta ocasión, se trataba de las escuchas telefónicas de la policía ordenadas en un caso de narcotráfico.
El juez Luis Manglano investigaba al hermano del concejal popular del Ayuntamiento de València Salvador Palop, que vivía en la misma casa. Así, por casualidad, grabó la policía la famosa conversación. Y, aunque el Supremo ordenó la destrucción de las cintas, en las hemerotecas y en el imaginario colectivo quedará para siempre aquella frase de Eduardo Zaplana a Palop mientras se repartían cargos orgánicos en el Partido Popular: «Me tengo que hacer rico porque estoy arruinado, Boro».
Esta fue la frase, y no aquella de «estoy en política para forrarme», que pronunció otro de sus discípulos, Vicente Sanz, secretario general del PP, quien también fue grabado en un proceso judicial que investigaba una supuesta mordida de contratos.
Lo que dijo un joven Eduardo Zaplana el 11 de febrero de 1990, antes de llegar a la alcaldía de Benidorm comprando a una tránsfuga, fue mucho más grave y ya denotaba su concepción de la política y su modus operandi. Era la época de los teléfonos fijos. «Me voy a hacer financiero. Me voy el martes a Sevilla. Voy a ver si hago unas cosas con la Expo. ¿Quieres que te meta en el ajo? Vamos a vender y a comprar, y a hacer de intermediarios...». Era el comienzo de una conversación en la que Zaplana pedía y proponía al concejal valenciano hacer negocios, como el de la constructora de Ondara. «Lo de Ondara ya lo tengo yo en cartera, ¿eh?», le decía a Palop, mientras se disputaban un pequeño negocio y se repartían otro por un solar en Benidorm. «Tú haces de intermediario de la venta, que yo no puedo, y tú pides la comisión a Javier Sánchez Lázaro, ¿eh? Y luego nos la repartimos bajo mano». La conversación siguió dando vueltas en torno al solar. «Le pides dos millones de ‘pelas’ o tres, los que quieras. Lo que te dé, y me das la mitad bajo mano. Ya se lo explicas tú y les sacas la pasta. Pero me tengo que hacer rico porque estoy arruinado, Boro. Y tengo que ganar mucho dinero; me hace falta mucho dinero para vivir. Ahora me tengo que comprar un coche, ¿te gusta el Vectra 16 Válvulas?».
«Tú pides la comisión y nos la repartimos bajo mano». Esta es la frase. Este es el modus operandi. Casi treinta años más tarde, una investigación de la UCO ha llevado a la detención y encarcelamiento de Eduardo Zaplana. Cuatro folios escritos a mano y entregados a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia en junio de 2015 por Marcos Benavent, en el marco de la operación Taula, están en el origen. En estos documentos se dibuja esquemáticamente la forma en que el dinero iba y venía de las adjudicaciones públicas a las empresas, y de las empresas adjudicatarias a Zaplana a través de otras empresas interpuestas por medio de testaferros. Este ha sido el último episodio del matrimonio entre Zaplana y los negocios. La Generalitat solo fue un medio para alcanzar su fin: «Me tengo que hacer rico». La alcaldía de Benidorm fue su trampolín en 1991. Consiguió la vara de alcalde siete meses después de que el PSOE ganara las elecciones. Su mérito: comprar a una tránsfuga socialista, Maruja Sánchez, a la que el PP mantuvo a sueldo en el ayuntamiento hasta 2009. Allí germinó la semilla que le llevó a la Generalitat.
«No hay que venderse al oro de Moscú, aunque nos ofrezcan ser presidente. Montesinos ha firmado un documento con tres cuartas partes de la provincia diciendo que yo tengo que ser presidente». Se lo decía a Palop, mientras pensaba en el partido. No podía imaginar que en cinco años presidiría la Comunitat Valenciana..., él, que era de Cartagena. Y, efectivamente, en la primavera de 1995, era ‘coronado’ president de la Generalitat. Su primer capricho fue el cambio de los lavabos en su despacho de Presidencia, con jacuzzi vertical incluido, y un armario con una importante selección de camisas y corbatas a juego perfectamente ordenadas. Anexa al despacho, tenía una habitación preparada para su descanso y su solaz...
En las conversaciones del caso Naseiro hablaba de comprarse un Opel Vectra 16 válvulas, pero su primera gran ‘adquisición’ fue una tránsfuga
Solo tres meses después, el 12 de agosto de 1995, comenzaba a tejer la tela de araña empresarial que le ha llevado hasta Picassent. Aquella noche entraba con su esposa, Rosa Barceló, en el exclusivo restaurante Tristán de Puerto Portals en Mallorca, dos estrellas Michelin. Zaplana compartía mantel con Pedro Pérez, su valedor en Telefónica; Florentino Pérez, empresario de la construcción y ya entonces aspirante a presidir el Real Madrid, que dos años después lideraría la constructora ACS, y Jaume Matas, entonces conseller del Govern Balear, luego president, ministro y hoy condenado a prisión. Aquella noche se tejieron los lazos entre la Generalitat y el ladrillo, y se fraguó el turbio futuro de la Comunitat Valenciana. De su paso por la Presidencia de la Generalitat quedarán para la historia sus obras faraónicas, desde el fallido parque temático de Terra Mítica y los estudios de cine de la Ciudad de la Luz hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El despilfarro y/o la corrupción rodean estos megaproyectos y otros menos visibles pero más rentables, como la construcción de colegios a través de Ciegsa. O la concesión de parques eólicos y de la privatización de las ITV, por los que Zaplana ha caído veinte años después.
A lo grande. Pioneros... Tampoco pasaba inadvertido su gusto por el lujo. Trajes de sastre de 5.000 euros hechos a medida, relojes Rolex, Hublot o Patek Philippe que pueden superar los 20.000. Coches de alta gama, viajes en business, viviendas en las zonas más caras de la ciudad. Lujo. No pasaba inadvertida tanta ostentación, pero tampoco pasó por los juzgados. El sueldo de president no daba, ni da, para tanto.
Antes de ser ungido president, Zaplana inició el desembarco en València de la mano de uno de los poderes fácticos, el diario Las Provincias. María Consuelo Reyna era su directora. Y su marido, Jesús Sánchez Carrascosa, sería el jefe de gabinete de Eduardo Zaplana en Presidencia antes de pasar a dirigir Canal 9. «Con el poder, comenzó a pagar favores», dicen los que estuvieron cerca. Con su jefa de comunicación, Vea Reig, intentando imponer las portadas de los periódicos díscolos. La concesión de licencias de radio FM y de televisión digital le abrió otra puerta a la cadena de favores. Tenía el control mediático y exigía obediencia ciega, pero aún le parecía poco y a través de Aguas de Valencia intentó crear un grupo mediático afín.
«Más que vengativo, es implacable», añaden. Esto es lo que escondía bajo su sonrisa azul, como los trajes de raya diplomática que tan bien lucía. Como la sonrisa sarcástica del gato de Alicia, flotando en la oscuridad. Con la gestión, salió todo lo que había querido decir con lo de hacerse rico... Lo que ahora ha descubierto la UCO es lo que se venía denunciando en algunos periódicos de la época: el reparto entre grandes empresas, amigos y afines del negocio, la sobrevaloración de la ITV... Con el apoyo de Bancaixa y la CAM, concurrieron medianas empresas valencianas como Aguas de Valencia, Pavasal, Gesfesa o el grupo Sedesa, de la familia Cotino, entre otras. La mayoría revendió sus participaciones, con pingües beneficios dadas las tarifas, a empresas especializadas. En la mesa de adjudicación estaba su jefe de gabinete, también detenido en la operación Erial, Juan Francisco García. «Los ciudadanos se verán beneficiados», anunciaron desde Presidencia. Se triplicó el precio de la ITV y los valencianos aún lo estamos pagando.
Cuando llegó a València en 1995, Zaplana se instaló en un piso de lujo del exclusivo edificio La Pagoda. Poco después establecería en él su hogar. El constructor Enrique Roig le vendió un piso en la zona por lo mismo que le había costado, 70 millones de pesetas. «Por ese mismo precio, porque me parece reprobable sacar beneficio de un amigo», declaraba Roig en 1998. Lo que sí le regaló fue la reforma completa. Poco después, el constructor era nombrado vicepresidente quinto de Bancaixa. La prensa de la época se escandalizó y lo denunció. Roig, exmilitante del Frente Revolucionario Antifascista Patriótico (FRAP) -como Rafael Blasco- concedía una entrevista a El País en la que con toda naturalidad reconocía que había llegado al consejo de la principal caja valenciana «con el visto bueno de Zaplana, que es amigo mío», no porque le hubiera regalado un reloj Hublot igual que el suyo.
El capítulo inmobiliario personal del expresident ha sido, precisamente, el detonante de su detención. Desde que se agravó la enfermedad de Zaplana -leucemia-, los investigadores de la UCO habían detectado movimientos de capitales y un significativo incremento de su patrimonio con la compra de propiedades suyas y de su entorno familiar más próximo, como el piso en el barrio madrileño de Chamberí, valorado en casi dos millones de euros y pagado al contado. O el piso de Poeta Querol, la milla de oro valenciana, por parte de una de sus hijas y cuyo valor se estima en más de medio millón de euros. Años antes ya dio de qué hablar la compra de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid por medio millón de euros. Fue noticia porque la CAM le otorgó un préstamo muy ventajoso meses después de dar el salto a Madrid como ministro de Trabajo en julio de 2002. El matrimonio Zaplana-Barceló compró un apartamento de 532 metros cuadrados tasado en 2,6 millones por 1,62 millones de euros. Las condiciones del préstamo hipotecario concedido por la CAM fijaba un interés inferior al de mercado en ese momento y una carencia de tres años para el pago del principal, que luego se amplió otros tres. El secretario del consejo de administración de la CAM en ese momento era el asesor financiero de Zaplana, Francisco Grau, también detenido y encarcelado en la operación Erial.
Cambió la Ley de Cajas para dar a la Generalitat una fuerte presencia en los consejos; pasó a controlarlas y, con ello, a tener poder sobre muchas empresas
Muy amigo de sus amigos, el Molt Honorable iba creando una red clientelar y de fieles vasallos a su alrededor como escudo protector. A su conductor lo destinó como guardián del chalet que la Generalitat compró junto al Peñón de Ifach, en Calpe, al que Zaplana solía desplazarse en un helicóptero de emergencias. El edificio se compró para visitantes ilustres, pero siempre estuvo en desuso excepto para visitas particulares del president. También solía simpatizar con las falleras mayores de València y su corte. El balcón del Ayuntamiento, durante la mascletà, fue un buen vivero de altos cargos de la Generalitat. En algún momento llegaron a coincidir tres exfalleras en puestos de confianza en el gobierno del Palau.
No obstante, en ocasiones no dudó en sacrificar empresas para financiar cualquier aventura. Fue el caso de Caixa Carlet, que murió asfixiada tras embarcarla en el proyecto del Hospital de La Ribera, primer modelo de gestión público-privada de la sanidad. Zaplana había cambiado la Ley de Cajas, su jugada maestra. La relación entre el Consell, la CAM y Bancaixa se hizo más estrecha a partir de 1997, cuando se modificó esta ley para dar una importante presencia a la Generalitat en los consejos de administración. A partir de ese momento, a través sobre todo de los representantes designados por la Generalitat y de las corporaciones municipales, Zaplana pasó a tener el control de todas las cajas de ahorros, el control del hoy desaparecido sistema financiero valenciano. Y tenía el control empresarial. Con ello tuvo mucha influencia en proyectos de empresas en los que participaban o financiaban las cajas sin más requisito que un telefonazo desde Presidencia.
Había para todos... mientras hubiera paz familiar. Uno de los problemas internos con que se encontró fue la dimisión de Vicente Sanz como presidente provincial del partido. Estaba siendo objeto de «presiones inconfesables», decían. Le estaban extorsionando con contar el episodio del mapa verde y sonoro del paso de Zaplana por Benidorm. Una adjudicación que ya fue objeto de polémica en su momento y que años después, en 2005, estaba siendo investigada por la Fiscalía. Vicente Conesa (adjudicatario del mapa) estaba detrás. El president zanjó el problema de forma salomónica: jefatura de Recursos Humanos a Vicente Sanz en Canal 9 y el proyecto de Terra Mítica para los demás. Sanz fue condenado por abusos sexuales a tres trabajadoras y Conesa fue sentenciado en 2016 por fraude en la construcción del parque temático junto a otros diecinueve constructores y dos directivos, incluido el cuñado del president Justo Valverde, con penas de hasta 25 años de cárcel. Los cargos políticos de la Generalitat, el presidente del parque Luis Esteban y el exdirector general Miguel Navarro, resultaron absueltos pese al inmenso esfuerzo de la fiscal Carmen García por llegar hasta el fondo, hasta arriba.
Agua para todos. Después de un lustro de creciente poder político y económico, Zaplana vio un filón en Aguas de Valencia, concesionaria del servicio municipal cuyo contrato finalizaba en 2002. La posible prórroga, previo concurso, le dio la opción de entrometerse en el sector. Su idea era crear un holding valenciano en torno al agua, al estilo de Aguas de Barcelona, muy cercano al poder político. La estrategia fue diseñada desde presidencia de la Generalitat y estaba dirigida a desplazar al accionista mayoritario de Aguas de Valencia, el grupo francés Bouygues, para incorporar accionistas locales. La valencianización parecía resuelta con la entrada de los grupos Boluda y Lubasa en el accionariado, pero seguía mandando Bouygues, por lo que Zaplana viajó en dos ocasiones en jet privado a París con todos los gastos pagados por el grupo galo. En plena negociación del contrato de València, les intentó convencer para que Aguas de Valencia le financiase un grupo de comunicación afín a él, como si no tuviera bastantes medios afines públicos y privados. No lo logró y Rita Barberá adjudicó el contrato por 50 años a la empresa en la que Zaplana nunca pudo llegar a tomar el control.
Lo que Zaplana no pudo conseguir aquí, Gallardón lo intentó en Madrid con Canal de Isabel II. Y el nombre de Eduardo Zaplana volvió a aparecer en la operación Lezo, que investiga la expansión en Latinoamérica de la empresa pública de aguas madrileña. La policía interceptó una conversación telefónica —esta vez, de móviles— con el expresidente madrileño Ignacio González, que no fue considerada suficientemente incriminatoria, lo que le dejó fuera del listado de imputados. Cabe recordar que la aventura americana del Canal fue de la mano de una empresa valenciana, Tecvasa, cuyo director general ha sido citado a declarar como imputado en el caso.
Su amigo Eliseo Quintanilla ganó cinco millones de euros comprando y vendiendo la tierra quemada sobre la que se construyó Terra Mítica
Siempre metido en aguas turbulentas y saliendo a flote de ellas, Zaplana nunca ocultó su afición por la navegación marítima, ya que la aérea se frustró. Conocidas son sus excursiones en los yates de los amigos, ya que de él nunca se supo que tuviera uno. Ni lo necesitó mientras fue presidente. Se le vio navegar junto a magnates del ladrillo, como su amigo el presidente de ACS, Florentino Pérez, o el polémico constructor Francisco Hernando, ‘Paco El Pocero’, a quien siendo ministro concedió la Medalla al Mérito al Trabajo. También navegaba con Enrique Roig y el empresario Antonio Gil-Terrón, al que colocó de vicepresidente de la CAM. Y se le ha visto en el yate de lujo Ubi Bene —un Astondoa de 23 metros—, propiedad de la firma Construcciones Navales Palacio, del industrial alicantino Perfecto Palacio, aunque este último lo negó.
En Alicante, además, tenía yate fijo, el Nacavi, que incluso gobernaba él mismo. Era de Carlos Paz, máximo accionista de Clínica Benidorm, beneficiaria de los conciertos sanitarios del Consell y adjudicataria de una parte del contrato de las resonancias en Alicante. Zaplana negó la licencia para que hubiese otro hospital en Benidorm que hiciese sombra al de su amigo. Tras su detención, la Guardia Civil localizó dos yates en la Marina Greenwich del puerto deportivo de Altea, para investigar su vinculación con Zaplana.
Tras las aguas, la obra pública. La Ciudad de las Artes y las Ciencias de València fue un proyecto socialista que Zaplana paralizó nada más llegar al poder y luego amplió con el Palau de les Arts, eliminando la torre de comunicaciones prevista, y con el Oceanogràfic. Contratos millonarios con sobrecostes aún más millonarios controlados por un fiel escudero del president, Miguel Navarro. El despropósito lo culminó Francisco Camps, que añadió el Àgora, sumando un sobrecoste total de 625 millones de euros. Terra Mítica, que nació en un paraje quemado poco antes, fue otra fuente de riqueza para los amigos terratenientes aunque el parque en sí fue ruinoso. Tanto que, al final, hubo que malvenderlo por su escasa rentabilidad. Su amigo de la Peña el Picarol Eliseo Quintanilla logró cinco millones de euros de beneficio comprando y vendiendo la tierra quemada. Los dueños de los terrenos acudieron a los tribunales y, años después, el Tribunal Superior condenó a la Generalitat a pagarles veinte millones de euros más por las expropiaciones. Terra Mítica nació con un sobrecoste del 30% y desde el primer día acumuló pérdidas.
Los «proyectos» del «campeón», como le llamaba su amigo el cantante Julio Iglesias, traspasaron fronteras. Uno de los primeros casos en los tribunales fue el del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) denunciado por el propio Gobierno de Zaplana en 1999, en el que acabó condenado por estafa el director general del Ivex, José María Tabares, junto al empresario francés Jean-Luc Lagier. Faltaban nueve millones de euros en una operación de exportación con Túnez, avalada por la Generalitat. Tabares huyó a Japón antes de que el Supremo dictara su ingreso en prisión tras confirmar la sentencia. Allí se llevó el secreto de otra causa que duerme en el juzgado de instrucción 19 de Valencia desde hace casi veinte años. Se trata de los dos contratos que el Ivex firmó en 1997 con Julio Iglesias para que diera seis conciertos por todo el mundo promocionando la Comunitat. Iglesias había participado en el irrepetible mitin de Mestalla que encumbró a Aznar en 1996. El contrato público se firmó por 2,25 millones de euros. Pero había otro documento secreto que fijaba un pago adicional de 3,75 millones que el Ivex debía ingresar en una cuenta opaca situada en un paraíso fiscal, concretamente en las Bahamas. Levante-EMV publicó en su día una carta del representante de Julio Iglesias dirigida a Zaplana, como prueba de que era el president quien negoció directamente este contrato. En 2005, cuando Zaplana ya estaba en Madrid, Hacienda sancionaba al Ivex con una multa de 191.000 euros por evasión de impuestos derivada de los pagos en paraísos fiscales a Julio Iglesias. A su manera...
* Este artículo se publicó originalmente en el número 44 de la revista Plaza