Eduardo Zaplana tenía un entramado societario "nacional e internacional", según el fiscal

VALÈNCIA. Este lunes Isabel Rodríguez, la magistrada del caso Erial, levantaba parcialmente el secreto de sumario. En este caso está como principal imputado por un presunto blanqueo de 11 millones de euros el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. Pero junto a él, también están siendo investigados el exconseller Juan Cotino, dos de sus sobrinos, así como varios supuestos testaferros del expresidente.

En un completo auto, la juez explicaba los motivos de mantener una parte de la investigación secreta. El fiscal del caso, Pablo Ponce, también enviaba un escrito motivando que no debía levantarse por completo. Entre las explicaciones del Ministerio Público destaca una, la que expone que la ruta del presunto dinero B no solo fue internacional sino también nacional, y que los investigados se han negado a ayudar.

Así, Ponce dice en su escrito que “ninguno de los investigados ha realizado acto alguno que indique una colaboración con la justicia, ni tampoco se pretende en esta fase de investigación que se mantiene secreta por razones sobradamente justificadas por cuanto la investigación de una causa de por si compleja, con un entramado societario nacional e internacional para la ocultación de los bienes obtenidos de forma ilícita”.

En cuanto a la colaboración con la Justicia, el fiscal les dice que “los investigados pueden colaborar en cualquier momento y aportar las diligencias y documentos que tengan por conveniente”, pero que “pensar que el investigado tiene una condición moral superior no es compartible y si la tiene no se hace ninguna aposición a su colaboración”.

La juez

Por su parte, la magistrada del caso expone en su auto que “habida cuenta de que falta por recibir y analizar toda la documentación obtenida de las diversas comisiones internacionales que se han practicado, alguna de las cuales todavía no han cumplimentado lo solicitado”, y añade de que del análisis podría obtenerse información necesaria para la investigación, debido a que las cuentas bancarias encontradas no están a nombre directamente del expresidente, tal y como indicaba el anterior auto de la magistrada, el de libertad.

Para sustentar que el levantamiento sea tan solo parcial, la juez les recuerda que el desconocimiento de lo encontrado por parte de los investigados “preserva la eficacia de las diligencias acordadas y una posible destrucción de pruebas”. Y como segundo motivo esgrime que los imputados, de saber qué se busca, “harían que fuera ineficaz lo que se pudiera encontrar (…) no solo por el volumen sino por las limitaciones de personal para efectuar el análisis, incluida la instructora”.

Sobre el hecho expuesto por los imputados de que no fueron informados sobre qué hechos se investigan, y su posible relación con ellos, la magistrada les contesta que “son varias las sociedades que están siendo investigadas”, y que fueron informados “de forma genérica” tanto por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), como por ella misma en el momento del paso a disposición judicial. Les recuerda que tan solo no saben “lo obtenido y lo que se pretende obtener de las comisiones rogatorias” al extranjero.

Fiscal

El fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce, alega en un escrito al juzgado que no existe privación del derecho de defensa porque: “es precisamente la proporcionalidad lo que determina el sacrificio de tal derecho”, y añade que la complejidad de la causa, el número de investigados, el examen de documentación, la comprobación de su autenticidad requiere que, en aras de no perjudicar la investigación dichas actuaciones se mantengan en dicho estado”.

Explica el fiscal que la cantidad de documentación recabada en los diferentes registros, impiden acceder a lo solicitado por la defensa en tanto no se proceda a su total volcado y análisis dado que “no cabe olvidar la gravedad de los delitos objeto de investigación y la posición institucional que han ocupado buena parte de los investigados”, que, además, ya están todos en libertad.

'Caso Erial'

El expresidente valenciano y exministro de Trabajo fue detenido el pasado 22 de mayo a la salida de su domicilio en València. Según sospechan los investigadores, Zaplana, y los que la Policía considera sus testaferros, Joaquín Barceló y Francisco Grau Jornet, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y ex director general de la Policía Juan Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana Juan Francisco García; su secretaria, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló, están imputados en diferente medida por delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.

En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.

La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastreaban el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.