Aula de un colegio vacía. Foto: ÓSCAR J.BARROSO / EUROPA PRESS VALÈNCIA. La Conselleria de Educación mantiene el proyecto de decreto de organización de la orientación educativa y profesional en el sistema educativo valenciano, a pesar de la oposición de sindicatos ante la propuesta. Un proyecto que salió esta semana a información pública y que suprime los actuales servicios psicopedagógicos escolares (SPEs), a la vez que establece tanto la creación de equipos de orientación educativa en los centros de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, así como la de unidades especializadas de orientación a fin de complementar la intervención de los equipos y de los departamentos de orientación en ámbitos como, por ejemplo, la discapacidad motriz.
De esta forma, el personal orientador dejaría de ser un servicio externo -a través de los servicios psicopedagógicos escolares- y los orientadores y orientadoras pasarían a formar parte de la plantilla de los propios centros educativos. Con ello, el proyecto de decreto busca, entre otros objetivos, apoyar desde el centro el proceso de transformación "hacia una educación de calidad , inclusiva y equitativa", a la par que "colaborar para que las experiencias de aprendizaje de todo el alumnado se planifiquen y desarrollen de forma personalizada".
A su vez, desde Educación ya subrayaron a Valencia Plaza que esta propuesta radica de "una reivindicación que llevan realizando los centros de educación Infantil, Primaria y Educación Especial desde hace muchos años" para que los orientadores formen parte de su equipo.
De hecho, este proyecto publicado no presenta cambios sustanciales respecto al borrador presentado a los sindicatos el pasado mes de enero. No obstante, sí que cuenta con la introducción de puntos nuevos como los referidos a la coordinación de circunscripción o a la orientación educativa y la acción tutorial, entre otros.
En concreto, la propuesta de proyecto se dialogó el pasado 28 de enero en una Mesa Sectorial de Educación ante la petición de los sindicatos de contar con más tiempo para poder analizarla tras enviar el borrador. Del mismo modo, conselleria también realizó una reunión con los 34 SPEs de la Comunitat -17 en Valencia, 12 en Alicante y 5 en Castellón- el pasado 18 de enero, tal y como informaron desde el gabinete de Vicent Marzà a este periódico.
Ante esto, desde Educación también explicaron a este diario que la propuesta "se envió con tiempo y forma sin ninguna mala pretensión, puesto que se busca dar facilidades". Por esta razón, comentaron que se habló además con los SPEs de cara a que el modelo pueda darse en el próximo curso escolar si al final se llegara a establecer.
Sin embargo, sindicatos se posicionan en contra del proyecto de decreto y, por tanto, algunos se encuentran estudiando si presentar alegaciones al respecto. Un ejemplo de ello es el sindicato CSIF, donde su presidente de Educación Comunidad Valenciana, José Seco, afirma a Valencia Plaza que están realizando el estudio al considerar que se debería de incluir un periodo transitorio y una evaluación previa antes de tomar una decisión respecto al proyecto.
Un periodo transitorio mediante el que no se eliminen los SPEs de forma directa y se cuente, para ello, con "un par de cursos con un sistema 'híbrido', es decir, con la estructura actual y con orientación en los colegios", tal y como matiza Seco.
Del mismo modo, el responsable de STEPV, Marc Candela, sostiene que les gustaría que se implantara un "modelo mixto" en el que se mantengan los SPEs y se cuente, además, con los orientadores que se demandan. A su vez, expone que si presentaran alegaciones, estas irían en "la línea de pedir la retirada del decreto y crear un grupo de trabajo para hablar con calma del modelo de orientación" tal y como ya comentaron en Mesa Sectorial.
Asimismo, el responsable de Educación de UGT, Pepe Gil, explica que se posicionan en contra del proyecto dado que solicitaron "la evaluación de la efectividad de los gabinetes" y no se les otorgó, a la vez que expone que ya presentaron alegaciones en la Mesa Sectorial de Educación anterior.
Por otro lado, el secretario de enseñanza pública de CCOO, Rafa Martínez, expresa que el proyecto de decreto presenta aspectos positivos "que pueden profundizar en las necesidades que tiene el alumnado más vulnerable", además de que debe de ser la herramienta para "desarrollar la Orden de Inclusión de 2018". Sin embargo, también sostiene que observan "bastantes inconcreciones", por lo que desde el sindicato consideran que el proyecto ha de ser "mucho más preciso para garantizar su desarrollo, recoger más sectores y acompañarse de más personal y de una memoria económica que garantice su éxito".
Por su lado, desde Educación comentan a este periódico que "el nuevo modelo de orientación se lleva adelante y que lo que se hace es escuchar y matizar con los agentes educativos cuestiones constructivas que puedan servir de mejora". A su vez, la próxima Mesa Sectorial de Educación para dialogar respecto al proyecto de decreto se realizará el próximo 9 de marzo.
De la misma forma, profesionales de los SPEs se posicionan en contra de este proyecto y, por ejemplo, la directora del SPE de Altea, Lourdes Rada, comenta a este diario que piensan que "la mejor opción es retirar el decreto y que sea una opción intermedia". Por ello, valora que se ha de trabajar en una propuesta de orientación que asegura que "puede ser excelente".
"Tenemos la experiencia y el conocimiento para hacerlo y podemos llegar a ser un referente. Nosotros estamos a la expectativa y deseando que la Administración cuente con nosotros antes de tomar una decisión respecto al proyecto", matiza Rada.
Asimismo, el director del SPE-V6 de Alzira, Joan Cortés, sostiene que siguen pensando que la Administración "se equivoca con el proyecto de decreto", por lo que valora que se ha de buscar cómo mejorar el actual modelo de orientación en vez de eliminar los SPEs. "Empezar de cero en un modelo del cual no se tiene ningún estudio que avale que sea mejor que el actual, continuamos pensando que es un error", estima el director.
Por otro lado, Vicent Prieto, orientador de SPE, opina también a este periódico que "está convencido de que este proyecto bajará los niveles de inclusión de la escuela valenciana porque supone eliminar la independencia de los criterios profesionales". Por este motivo, valora que los SPEs son el instrumento social "más poderoso" de la Administración pública para "una mayor y mejor implantación de los recursos inclusivos", de forma que expresa que se pedirá que se hable otra vez al respecto.
