Educación, la Conselleria con prisa y sin pausa

VALENCIA. Qué duda cabe de que la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha sido una de las más activas en el año que celebramos de Gobierno autonómico, especialmente en lo referente a la primera área. Tras un tiempo en el que se ha perpetuado el enfoque del PP, y en el que han sido constantes los recortes por la crisis, el conseller Vicent Marzà y el secretario autonómico Miguel Soler han puesto patas arriba las aulas. Lo explicaba este último en una entrevista para Valencia Plaza: “Al ser un primer año, después de tantos de otro Gobierno, hemos querido cambiar mucho. Siempre puedes esperar, pero valoras qué pesa más”. Y ha pesado la renovación.

En el documento de balance presentado por el propio Consell, donde se recogen las principales actuaciones desarrolladas en lo que va de legislatura, la educación ocupa un apartado extenso. Las medidas se han clasificado atendiendo a las grandes líneas del Acord del Botànic, firmado en junio de 2015, de modo que los temas educativos se agrupan en el tercer bloque, titulado “Gobernar para las personas”. Le acompañan a su alrededor los de Sanidad y las medidas referentes a la nueva RTVV.

* El primer apartado al que alude es a priorizar el gasto del gobierno en el sistema público de Sanidad y Educación. Ahora bien, no detalla la cantidad monetaria destinada a esta última área. Agrupa el gasto de formación dentro de los PGV 2016 relativos a políticas sociales, que ascienden a 11.444,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,9%. También habla de la constitución de la Comisión Institucional de Coordinación del Espacio y, en concreto, de la creación de cinco mesas de trabajo.

* Tras referirse a la paralización de los recortes, el Consell manifiesta su apuesta por la extensión progresiva de la enseñanza pública. Sin duda, una línea que se ha trazado con decisión, hasta el punto de granjearse una buena disputa con la educación privada y concertada. El proyecto experimental de aulas de 2-3 años en centros públicos sigue adelante el próximo curso con otras 34 aperturas, tras aplacar a los sectores críticos prometiéndoles un foro específico para la Educación Infantil. Asimismo, se amplía la cuantía de las ayudas de bono infantil, para las que tendrá en cuenta la renta familiar, y se ha diseñado un nuevo mapa de la FP valenciana, con un incremento de titulaciones.

* Un propósito que queda pendiente es la Ley Valenciana de Educación. Aunque el president de la Generalitat, Ximo Puig, se refirió a su elaboración en una sesión de control de mayo, la norma sigue en el aire. Su objetivo principal es combatir el fracaso escolar, para lo que se han puesto en marcha tres programas (PAM, PR4 y PAC) y un Plan de Prevención de la Violencia, entre otras actuaciones de carácter social. Algunos de los aspectos que se incluirían en ella también han sido regulados mediante decretos.

Es el caso de la organización de la jornada escolar, gran caballo de batalla de esta legislatura. La aprobación de la orden, aunque con más retraso del esperado, ha permitido que 150 centros soliciten la modificación de sus horarios para el próximo curso. Quedan por dilucidar aspectos que no recoge la norma, como quién pagará las clases extraescolares de obligada oferta en los casos en los que se implante la modalidad continua, algo en lo que Conselleria, Ayuntamientos y padres no se ponen de acuerdo. Tampoco se ha resuelto el tema de la inmersión lingüística. Atendiendo a la entrevista con Soler, habrá un primer borrador para la vuelta de las vacaciones, pero el contenido del mismo es un misterio. Se ha especulado con la eliminación de las líneas.

* Quizá las medidas más radicales sean las que conciernen a las modificaciones en la etapa universitaria. Se ha establecido un sistema de prácticas y se ha convocado un plan de becas, pero las Universidades privadas se han visto perjudicadas en ambos casos. Las bases que regulan la concesión de becas, para las que se destinan 21,45 millones, dejan fuera a los alumnos de centros privados, incluso en el caso de las Erasmus+. Asimismo, los nuevos alumnos de Ciencias de Salud de la privada no podrán hacer prácticas en hospitales públicos, algo que la Conselleria consideró "irregular".

* Si bien la Generalitat se comprometió a la reducción progresiva del ratio en todas las etapas educativas, el arreglo escolar de este año fue la gota que colmó el vaso. A Marzà le costó una estruendosa protesta en la calle, que además derivó en la formación de una Mesa por la Libertad Educativa. Los concertados se sintieron discriminados tras ser los más afectados por la reducción de aulas, algo que más tarde se vio matizado, y por los criterios del nuevo decreto de admisión, que premia la cercanía geográfica. Desde Conselleria contrargumentan con la convocatoria de oposiciones para ampliar el cuerpo docente, las mismas que se están celebrando estos días, y un nuevo mapa de infraestructuras y eliminación de barracones, que arrinconará todo lo posible a Ciegsa.

* Por último, también se prometieron medidas para paliar los efectos negativos de la aplicación de la Lomce. Han sido pocas, más allá del boicot a las famosas ‘reválidas’ planteadas por la Ley nacional, que comparten con otras regiones socialistas. En concreto, en lugar de celebrar las pruebas finales, la Comunitat ha optado por una “evaluación individualizada” a cargo de los propios tutores de los centros y teniendo en cuenta la progresión de todo el curso. Apelan también a la creación de #XarxaLlibres, aunque no parece tener demasiado relación con este punto. El banco de libros públicos, repleto de buenas intenciones, ha terminado por dar problemas debido a la urgencia, como la aparición en la declaración de la renta o la gestión de las fases.

En el documento de los compromisos de Morella, cuando se llegaba al ecuador de la legislatura, el Consell valenciano incidía en dos decretos, los cuales previsiblemente ya estaban en marcha. Eran los de admisión escolar y oposiciones docentes, ambos en acción. Por todo lo dicho, concluimos que la Conselleria de Educación ha satisfecho la mayoría de sus objetivos en lo que a impulso de la enseñanza pública, ordenación de jornadas y regulación universitaria se refiere. Ha puesto ganas y buenas intenciones.

Queda en el tintero la redacción final de la Ley Valenciana de Educación, que a su vez lograría paliar (o al menos matizar) los efectos de la Lomce, y la cuestión del plurilingüismo. Aunque también se plantea una posible legislación lingüística transversal, que implique a todas las Consellerias. Además, habrá que seguir avanzando en la reducción de ratios y aplacar las voces de protesta que han emergido a raíz de las decisiones, tomadas con prisa y sin pausa.