VALÈNCIA (EP). El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha afirmado que ya se están tomando "las medidas adecuadas" ante el impago al personal de limpieza de una empresa adjudicataria del servicio en 70 centros docentes de la Comunitat Valenciana. Entre ellas, ha señalado que ultimando contratos de emergencias, seguramente a través de Tragsa, para que se asuma a ese personal y las instalaciones estén limpios.
En estos términos se ha expresado el conseller este jueves en la rueda de prensa de presentación del inicio de curso 2024-2025 al ser cuestionado por el problema existente con la adjudicataria, que el pasado mes de agosto solicitó la rescisión del contrato con la administración educativa, que lo va a rescindir.
El conseller ha explicado que la empresa ha "incumplido" su contrato debido a que "ofertó una bajada del 30 por ciento en el precio" --en relación con otras compañías--. Sin embargo, ante los sucesivos últimos incrementos del salario mínimo interprofesional, "que no han venido acompañados de una modificación de la legislación que permita que la administración pueda pagar más por esas contrataciones", la empresa no haya podido cumplir con lo pactado y, ante ese incumplimiento, Educación "está tomando las medidas adecuadas".
Así, ha asegurado que los centros "van a estar limpios" y ha señalado que "se están ultimando contratos de emergencia, seguramente utilizando a Tragsa, para que asuma ese personal y los centros estén limpios desde el primer momento".
"Nosotros entendemos cuál es el problema de la empresa. La empresa, digamos, acudió a un concurso público con unas reglas; el gobierno de Pedro Sánchez en el último año y medio le ha cambiado tres veces las reglas, ha subido tres veces el SMI pero, además, cambia las reglas sin dotar de las modificaciones legislativas que permitan que la administración pueda pagar más", ha afirmado.
En este sentido, ha indicado que desde Conselleria se llegó a pedir el informe al Consell Jurídic Consultiu (CJC) "para ver si había algún modo legal de que pudiéramos repercutir en el coste, subirles el precio que se les paga por las subidas que ellos han experimentado de los salarios y el CJC nos dijo que no".
"Legalmente al no habernos dotado el gobierno central de armas jurídicas para poder pagar a la empresa, no podemos más que rescindir el contrato", ha aseverado.
Respecto a la empresa de transportes Monbus, que en el inicio del curso anterior generó problemas en el trasporte del alumnado con necesidades especiales, el conseller ha asegurado que en estos primeros días de curso se van a hacer "controles específicos".
"Estaremos muy atentos a las denuncias que nos puedan presentar tanto padres y madres de alumnos como desde los propios centros educativos. Especialmente los de Educación Especial para seguir tomando medidas, pero siempre dentro del marco legal en el que podemos movernos", ha subrayado.