Josefina Bueno, directora general de Universidades (Foto: MARGA FERRER)VALÈNCIA. La Conselleria de Educación ha arrastrado los retrasos en los plazos de las ayudas a la investigación que empezaron el pasado año con la convocatoria de las bases, pero en esta ocasión las posibles consecuencias no son menores. La duda se ha generado sobre la partida dirigida a financiar infraestructuras y equipamiento de I+D+i para 2017, cuya propuesta de resolución fue publicada el pasado 25 de octubre.
El problema, según explica personal investigador, es que todas las peticiones concedidas de estas ayudas para equipamiento que tenga un valor superior a los 209.000 euros deben salir a concurso público. Esto conlleva un proceso de unos tres meses que, evidentemente, retrasarían la adjudicación hasta el año 2018, cuando la convocatoria dice claramente que la actividad dentro de la subvención debe de ejecutarse a 31 de diciembre de 2017.
Esto provocaría que parte de los 7,4 millones de ayudas, que se reparten entre universidades y centros de investigación, no fueran repartidos para 2017. Esto ha llevado a Educación a pedir a la dirección general de Fondos Europeos de la Conselleria de Hacienda una prórroga de las justificaciones de las subvenciones ya que el presupuesto es mitad Generalitat, mitad fondos Feder.
Según la conselleria esta petición se ha realizado para una mejor tramitación de la ejecución de las ayudas por parte de las universidades. Desde el departamento de Vicent Marzà niegan que los fondos puedan perderse y aseguran que lo que no se ejecuta ahora pasa a las ayudas de 2018. No obstante, es evidente que los investigadores en cuestión deberían de renunciar a la ayuda que les había sido concedida si no pueden realizar la justificación a tiempo.
"Pedimos la prorroga a Hacienda para que los proyectos de 2017 de más de 209.000 puedan ejecutarse si no han tenido la previsión de iniciar la contratación pública antes", señalan. Investigadores a los que ha preguntado este periódico han cuestionado este argumento de Educación, al entender que no es viable iniciar una contratación pública sin una adjudicación de la subvención en firme.
Desde el departamento de Marzà también aseguran que no se trata de una cuestión generalizada. Sin embargo, echando un vistazo a las propuestas de adjudicación realizadas existen 13 casos a los que se les ha adjudicado más de 209.000 euros y que suman 6,97 millones de los 7,4 contemplados. Mientras, tan solo existen 6 propuestas por debajo de los 209.000 euros.
Además, según ha podido saber Valencia Plaza, la Intervención ha cuestionado que se pueda prorrogar el plazo para justificar las subvenciones, que son anuales, por lo que se ha pedido un informe al respecto.
Fuentes del sector de la investigación aseguran que pusieron sobre aviso en el mes de septiembre a la directora general de Universidades, Josefina Bueno. Evidentemente, no hubo movimiento al respecto a pesar de que las universidades también alertaron de la situación que podrían encontrarse. Cabe recordar que la convocatoria de ayudas está publicada desde el 27 de marzo, por lo que han tenido siete meses para resolver. "Solo con que las hubieran adjudicado en septiembre habríamos llegado en tiempo", señala un investigador.
La preocupación generada a los investigadores por parte de Educación no viene de ahora. La dirección general de Universidades ya llevó al límite la publicación de las bases reguladoras para las ayudas, que es habitual aprobarlas y hacerlas públicas el año anterior.
El año pasado el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó la orden 86/2016 que regula la concesión de subvenciones una semana antes de acabar el año. Cabe recordar que en años anteriores las ayudas para 2016 fueron convocadas en septiembre de 2015, mientras que las ayudas de 2015 aparecieron en agosto de 2014. Esto quiere decir que se ha ido produciendo un retraso sucesivo con el paso de los años, hasta llegar a diciembre de 2016 para la aparición de las bases de 2017.
Finalmente, a pesar de conseguir publicar las bases antes de finalizar el año, han tardado prácticamente otro año en resolver, por lo que han provocado la misma sensación de incertidumbre a los investigadores. Un sentimiento que no se verá resuelto hasta que no se sepa si finalmente se aprobará la concesión de la prórroga.
