VALÈNCIA (EFE/Matilde Martínez). La aceleración de la ejecución de los fondos europeos será el reto clave para consolidar la recuperación económica e incrementar el crecimiento del PIB en 2022, en un contexto en el que tienen que continuar las reformas estructurales y con los rebrotes de covid-19 amenazando la actividad.
La revisión generalizada a la baja de las previsiones de crecimiento para 2021 llevará a la economía española a empezar 2022 con menor dinamismo del esperado, aunque el consenso entre analistas es que el PIB avanzará por encima del 5 % el año próximo.
La evolución del PIB dependerá en buena medida de la capacidad del Ejecutivo para acelerar el despliegue de los fondos europeos y del impacto negativo que en la economía pueda tener la situación epidemiológica, así como la persistencia de elevadas tasas de inflación y de cuellos de botella en la cadena global de suministro.
Tras los primeros desembolsos de la Unión Europea por importe de 19.000 millones de euros en 2021, España prevé recibir otros 18.000 millones en 2022, aunque el importe consignado en los presupuestos generales del Estado alcanza los 26.900 millones.
Comunidades autónomas y entidades locales han recibido 15.000 millones, según datos del Gobierno, que cifra el grado de ejecución para 2021 en el 73 % de lo presupuestado.
El despliegue de los fondos y la elección de proyectos verdaderamente trasformadores repercutirá en el avance económico de 2022 y en el aumento del crecimiento potencial de la economía española.
La elevada inflación es uno de los grandes desafíos de 2022, ya que un fenómeno en principio transitorio corre el riesgo de convertirse en algo más duradero, según los expertos, si las empresas trasladan todo el aumento de costes a los precios finales o si los salarios suben en la misma medida.
El Gobierno tendrá que lidiar con el control del precio de la electricidad, que comenzará el año en máximos históricos en el mercado mayorista, en línea con lo que ocurre en otros países europeos, ante lo que se ha comprometido a seguir aplicando recortes de impuestos y de cargos en la factura de la luz para evitar que se dispare.
Los altos precios de la electricidad se suman al progresivo encarecimiento que están registrando otras muchas materias primas a nivel internacional, lo que sumado a los cuellos de botella sufridos en el suministro de componentes, está afectando cada vez más a los costes de producción de la industria española, incluida la automovilística, que aún está muy lejos de recuperar el nivel de ventas que tenía antes de la pandemia.
Junto a la industria, otro de los grandes sectores económicos más afectados aún por la pandemia desatada en 2020 es el turístico, que antaño aportaba cerca del 15 % del PIB y en 2020 se quedó en menos de un 5 %.
Durante 2022, turismo y hostelería tratarán de recuperar el pulso, aunque el propio sector descarta alcanzar niveles prepandémicos hasta al menos 2023.
Las reformas estructurales forman parte de los objetivos comprometidos con Bruselas para el desembolso de los fondos y la fiscal es de las más importantes que se tendrá que diseñar en 2022 para que pueda entrar en vigor en 2023.
El Gobierno no abrirá el proceso hasta que reciba el informe del comité de expertos en el primer trimestre de 2022, aunque tendrá en cuenta la situación económica y el impacto distributivo de los cambios normativos en aras de un sistema más progresivo.
La reforma del sistema de financiación autonómica sigue pendiente desde 2014 y el año próximo podría por fin plantearse, una vez que se abra la reforma fiscal a la que está estrechamente ligada.
El principal reto de revisar el sistema consiste en determinar qué autonomías podrían estar infrafinanciadas y en abordar una homogeneización de los impuestos que se pagan en cada región para evitar grandes desigualdades.
Una vez en vigor la primera parte de la reforma de las pensiones, centrada en la recuperación de su poder adquisitivo y en medidas para fomentar que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal, el Gobierno aún tiene pendiente una segunda fase para acometer más medidas que ayuden a garantizar la sostenibilidad del sistema, entre ellas, el destope de las cotizaciones máximas.
También queda fijar los tramos para la cotización por ingresos reales de los autónomos, modificar el periodo de cómputo para compensar las lagunas de cotización y desarrollar los fondos públicos de pensiones.
Con el empleo recuperado y un número residual de trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el reto pasa por poner en marcha un mecanismo permanente que permita apoyar a las empresas para que no tengan que despedir a sus empleados en crisis coyunturales.
Los ERTE extraordinarios todavía seguirán en vigor hasta el 28 de febrero y a partir de ahí operará el nuevo "mecanismo Red" que aún está pendiente de cerrarse en la mesa de negociación de la reforma laboral.