VALENCIA. En el 82% de los expedientes de ayuda a la dependencia analizados por la Sindicatura de Comptes se incumple el plazo legal para resolver establecido, que es de seis meses. Este es uno de los datos recogidos en el informe entregado a la Generalitat por la institución, quien también apunta en el informe “Para una mejor gestión en el reconocimiento de la dependencia: Auditoría operativa sobre la ordenación y prestaciones de la dependencia”, que únicamente el 53% de las 45.933 solicitudes presentadas en el periodo 2011-2014, habían sido resueltas antes de febrero de 2015.
El informe analiza el nivel de implantación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, donde de los 96.610 reconocimientos de dependencia solicitados, se han emitido 93.075 dictámenes que han dado lugar a 54.810 personas beneficiarias con derecho a prestación. A 31 de octubre de 2014, 12.816 personas con derecho a prestación se encontraban pendientes de su concesión, lo que, no obstante, supone un 56,9% menos que tres años antes.
La Sindicatura evalúa con criterios de eficiencia y eficacia este programa que tenía un presupuesto inicial para el ejercicio 2014 de 128,83 millones de euros, lo que representa el 18,3% del total de la Conselleria de Bienestar Social. Esta estimación supone que sería necesario dota de un crédito presupuestario anual adicional de 114,6 millones de euros.
Entre las recomendaciones realizadas por la Sindicatura de Comptes a Bienestar Social se incluyen el implantar una nueva aplicación informática y unificar las bases de datos a través de las que gestiona el sistema de la dependencia de la Comunitat Valenciana. “Debe ser un objetivo a corto plazo de tal forma que permita conciliar la información que se genera en la Conselleria de Bienestar Social con la que se remite al IMSERSO “.
En relación con el fomento de la calidad de los servicios y prestaciones de la dependencia, a punta a la necesidad de crear una nueva aplicación informática que recoja toda la información necesaria para gestionar los centros de atención diurna o residencial para personas mayores o con discapacidad. También recomienda fomentar e impulsar la formación entre los cuidadores no profesionales.
Y como las cifras cuestionan, apuntan a la necesidad de adoptar las medidas necesarias para agilizar el procedimiento actual de reconocimiento de la situación de dependencia. “El tiempo excesivo que media entre la presentación de la solicitud y la percepción del servicio o prestación, incide en un colectivo especialmente vulnerable”, apunta el informe. “Se debe evitar, en la medida de lo posible, situaciones de desprotección de las personas que, potencialmente, serían beneficiarias de estas ayudas”.
