El Abogado del Estado decanta la adjudicación de la Estación Marítima hacia la belga Fosbury & Sons

VALÈNCIA. La transformación de la antigua Estación Marítima de València en un hub tecnológico está cada vez más cerca de ser acometida por la compañía Fosbury & Sons y su propuesta Valencia Innovation Bay. El pasado 30 de octubre, el Consorcio Valencia 2007 dejó en manos de la Abogacía del Estado la tarea de dirimir las dudas sobre el canon propuesto por la belga en su oferta al entender que no estaba claro que se ajustara a los pliegos marcados en el concurso. Ahora, el informe simplemente se remite a la postura afirmativa de la representante del Estado en la mesa de licitación.

Como remarcó la Marina de València en un comunicado, la petición procedía de Sandra Gómez, en representación del Ayuntamiento de València, y Manuel Illueca, en representación de la Generalitat valenciana, quienes manifestaron sus dudas sobre la valoración de la parte económica, en concreto sobre la legalidad del canon variable ofrecido por los belgas. Finalmente, desde la comisión delegada decidieron solicitar un informe específico sobre el cumplimiento de los pliegos.

Aunque la voluntad inicial era solicitarlo a la Junta Consultiva de Contratación Pública, finalmente se acabó consensuando que el encargo se realizara a la Abogacía del Estado. Sin embargo, el resultado final no se ha ajustado a la petición realizada. Y es que el autor del escrito manifestó, sin entrar en el fondo de la cuestión, que la Abogacía del Estado ya se pronunció en la mesa de licitación el pasado 1 de agosto a través de su representante, quien entendió en la apertura de sobres que la propuesta económica de Fosbury & Sons era válida. Y a esa decisión se remite.

La adjudicación podría aprobarse a finales de este mes

La intención de la dirección de la Marina de València era dar por finalizado el concurso en esta última comisión delegada con la adjudicación del espacio a Fosbury & Sons, que ya fue elevada como propuesta el pasado 1 de agosto. Presumiblemente el informe de la Abogacía del Estado supondrá la aprobación definitiva en la próxima comisión delegada, que debería ser el 27 de noviembre, a pesar de no aclarar de forma argumentada si realmente el canon escalonado que presentó la oferta belga computa como canon fijo.

Lo que es evidente es que este 'informe' no arroja luz sobre las dudas del proceso ni sobre las alegaciones ni los informes de la administración valenciana que apuntaban a una visión contraria y por los que se opusieron Illueca y Gómez, sino que devuelve al inicio la discusión al punto en el que se encontraba en agosto. La candidatura valenciana Valencia Innovation District ya presentó alegaciones en la misma dirección, que tampoco fueron resueltas con una explicación por parte de la comisión delegada.

Una de las dudas cuando se realizó la petición de informe a la Abogacía del Estado era quién lo realizaría, ya que actualmente tiene un contrato de asesoramiento legal con el Consorcio Valencia 2007 de 55.500 euros anuales, por el que presta asesoramiento, aunque con algunas salvedades de representación en determinados conflictos de interés. Las dudas eran si este informe tendría en cuenta a la persona en cuestión que presta servicios a la Marina de València o sería elevado a la Abogacía del Estado como ente, lo que finalmente no ha ocurrido. 

Desde la Asociación Valenciana de Startups, organización que apoya a Valencia Innovation District, se aceptará la adjudicación. Quienes probablemente no lo hagan son los inversores de la candidatura, cuya cara visible es Ángela Pérez, CEO de Imegen. Como ya señaló en una entrevista a València Plaza, su intención es llegar "hasta las últimas consecuencias". "Hay unas graves deficiencias jurídicas que vamos a ocuparnos de poner al descubierto y darlas a conocer a todo el mundo", señalaba Pérez.