El año de la reforma fiscal

A principios de los años 70 un grupo de economistas encabezado por el entonces presidente del Instituto de Estudios Fiscales, Enrique Fuentes Quintana, elaboró un informe sobre la reforma de la fiscalidad en España. El por entonces ministro de hacienda, Alberto Monreal, le hizo llegar ese documento a Franco que, como respuesta, lo destituyó de su cargo. Según cuentan también se ordenó destruir todos los ejemplares impresos de dicho informe.

La mayoría de la gente desconoce que la primera ley de la democracia en España fue precisamente la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, aprobada en noviembre de 1977, que incluía entre otros preceptos el levantamiento del secreto bancario, la creación del delito fiscal o el establecimiento del Impuesto de Patrimonio. Se trata de la primera de un haz de leyes que desarrollaron la vertiente tributaria de los llamados Pactos de la Moncloa y que conllevaron también la aprobación de una nueva normativa para el IRPF, el Impuesto de Sociedades y, finalmente, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en 1987. Algunos autores bautizaron posteriormente ese conjunto de leyes como la “Constitución fiscal española”.

Los Pactos de la Moncloa tenían como misión fundamental anudar un acuerdo político con concesiones mutuas para afrontar la crisis económica del momento. No puede decirse que fuera un acuerdo equilibrado precisamente. Para atajar una inflación rampante se aceptó un durísimo ajuste de los salarios y mantener la paz social a pesar de que, desde entonces, España ha tenido una de las mayores tasas de paro de Europa. Como contrapartida, las fuerzas democráticas arrancaron el compromiso de desarrollar un sistema de bienestar equiparable a los estándares europeos financiado mediante un sistema fiscal progresivo. Durante la dictadura, el Estado se había financiado abusando de la imposición sobre los trabajadores a través de las cotizaciones sociales y absteniéndose así de gravar la riqueza. Era el momento de darle la vuelta a aquello.

Sin embargo, los compromisos firmados en los Pactos de la Moncloa no solo no llegaron jamás a desarrollarse plenamente, sino que, de hecho, fueron rápidamente enmendados y puestos en cuestión. No hubo jamás un ciclo socialdemócrata fuerte en España. Hay que tener en cuenta las fechas: uno de los grandes dramas de nuestra historia reciente fue el solapamiento entre el final de la dictadura en 1975 y la expansión de la contrarrevolución neoliberal encabezada por Thatcher y Reagan a partir de 1978. La receta que se aplicó en todo el mundo desde entonces fue situar la carga fiscal sobre el consumo y las rentas del trabajo mientras se agujereaba y se rebajaba la fiscalidad sobre la riqueza y los beneficios empresariales. El dogma era la competitividad fiscal para atraer inversiones y retener a los grandes patrimonios.

Todo eso empieza a cambiar a partir de la crisis del 2008 como consecuencia del severo descrédito del pensamiento económico ortodoxo que indujo un resurgimiento del interés por problemas que habían quedado aparcados hasta entonces. El incremento vertiginoso de las desigualdades sociales a escala global desde los años 70 se ha convertido en un campo de estudio que concentra cada vez mayor atención al tiempo que plantea políticas públicas, tanto predistributivas como redistributivas, para limitar su alcance. Aunque todavía sea una iniciativa modesta, el año pasado se planteó seriamente, por primera vez en la historia, un diálogo entre estados para establecer un impuesto mínimo global sobre los beneficios de las multinacionales. Es indudable que se está produciendo un cambio de tendencia. Hace unas semanas el Papa Francisco denunciaba la evasión fiscal y defendía que los impuestos deben servir para evitar que los más débiles sean “aplastados por los más poderosos”.

Desde la Transición no ha vuelto a haber una reforma fiscal en España. Hoy tenemos un sistema fiscal desequilibrado, agujereado por los beneficios fiscales y mermado por un volumen de fraude que duplica la media europea. A modo de ejemplo, hoy la recaudación del Impuesto de Sociedades es un 40% inferior a la del año 2007. Durante los últimos años la derecha española ha lanzado una ofensiva para tratar de tumbar el Impuesto de Sucesiones y el Impuesto de Patrimonio mediante la competición fiscal a la baja entre Comunidades Autónomas. En contraposición, los estudios demoscópicos del CIS certifican desde hace años que una abrumadora mayoría de ciudadanos serían favorables a robustecer el sistema fiscal con el fin de mejorar los servicios públicos y que, al mismo tiempo, consideran que no paga más quien más tiene.

En los próximos meses está previsto que el grupo de expertos creado por el Ministerio de Hacienda presente sus conclusiones sobre la reforma fiscal en España. Se trata de un compromiso del Gobierno de coalición progresista plasmado en su programa de legislatura y cuyos compromisos figuran tanto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a la Unión Europea como en la estrategia nacional España 2050. El debate sobre la fiscalidad va a abrirse este año en España. Es un debate que nos concierne a todos y que tiene un carácter enormemente trascendente porque es, en realidad, un debate sobre el modelo de país que queremos para el presente y para el futuro. 70.000 millones de euros nos separan de la media de la Eurozona en presión fiscal, es hora de cerrar la brecha.