VALÈNCIA. La semana pasada terminó el plazo para que los grupos parlamentarios presentaran sus enmiendas a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2019. Un trámite que Podemos aprovechó para registrar una modificación de la Ley de Participación Institucional con el objetivo de cambiar el sistema de reparto de ayudas a los sindicatos para permitir que los que sean minoritarios también puedan acceder a las subvenciones directas que ofrece la Generalitat Valenciana. Una maniobra que molestó a sus socios del Botànic; a Compromís por las formas y a PSPV por el fondo.
La iniciativa de la formación que dirige Antonio Estañ, que ahora podría salir adelante gracias al apoyo en la comisión de Presupuestos de los cuatro diputados no adsrcitos -Alexis Marí, David de Miguel, Domingo Rojo y Alberto García-, vino justificada por las dudas que los socialistas mostraron días atrás sobre la viabilidad para sacar adelante en esta legislatura la reforma de la norma que se estaba trabajando desde hacía 10 meses en la comisión de Coordinación de Les Corts.
El PPCV que lidera Isabel Bonig registró en noviembre del año pasado la propuesta de modificación de la ley de abril de 2015 para que las subvenciones no solo se repartieran entre las organizaciones más representativas (CCOO-PV y UGT-PV), sino que también alcanzaran a las minoritarias como Intersindical, CSIF o la Unión Sindical Obrera (USO), entre otros.
En marzo, todas las fuerzas políticas comenzaron a trabajar en las enmiendas al texto legal, pero a pesar de que desde junio están listas para ser votadas en comisión -paso previo a que llegue al pleno de Les Corts para validarse los cambios propuestos, o no-, hasta ahora ningún grupo había solicitado a la Mesa de la comisión de Coordinación que preside el PSPV que las introdujera en un orden del día para zanjar la cuestión. Y con el calendario parlamentario restando minutos a los plenos ordinarios en los que pudiera introducirse el debate, los socialistas dieron por hecho semanas atrás que esta reforma no saldría adelante.
Con la intención de que todo lo avanzado durante meses en comisión no decayeran con el fin de la legislatura sin llegar a tener ningún resultado, Podem registró las enmiendas que tenía previsto tramitar en la comisión de Coordinación como modificaciones a la Ley de Acompañamiento. Un atajo que tomó en solitario y que la coalición valencianista le echó en cara la semana pasada después de casi un año debatiendo esta cuestión. No obstante, en el contenido de la enmienda no discrepaban abiertamente. Tan solo cuestionaron que se quisiera abordar de esa manera siendo una cuestión tan significativa, ya que, a su juicio, merecía un debate más reposado.
El texto propuesto por los morados, contempla que la distribución se haga teniendo en cuenta el número de delegados que tiene cada sindicato, y no atendiendo únicamente al criterio de "más representativo" que establece actualmente la norma. Ahora bien, siempre y cuando las organizaciones sindicales que opten a recibir estas subvenciones reúnan "una cifra mínima de 500 representantes elegidos en centros de trabajo de las tres provincias -Castellón, Valencia y Alicante-, siempre que ello suponga al menos el 1,5% del total de los representantes electos".
Un redactado que ha suscitado apoyos en distintos sectores del arco parlamentario. Los populares adelantaron este martes que secundarían la propuesta, una postura compartida también por los cuatro diputados no adscritos ex de Ciudadanos. Una unión que, si bien en el hemiciclo valenciano no sumaría la mayoría requerida, sí lo hacen en la comisión de Presupuestos de Les Corts.
Las enmiendas a las leyes que se debaten en el Parlamento valenciano pasan previamente por una comisión, en este caso, la de Presupuestos y Economía. En esta comisión integrada por 15 diputados, cada grupo parlamentario tiene una representación proporcional a la que tiene en el pleno: PP (5), PSPV (3), Compromís (3), Podemos (2), Ciudadanos (1) y No Adscritos (1).
Con la suma de populares, morados y ex de Cs, la enmienda sumaría un total de 8 apoyos, por lo que, a pesar de que socialistas, valencianistas y naranjas se opusieran a ella, no sumarán lo suficiente para evitar el cambio en la ley. Cabe señalar, además, que las enmiendas que se aprueban en una comisión, ya no pasan posteriormente a ser debatidas en un pleno de la cámara, ya que a estos tan solo llegan aquellas que son rechazadas.
En este sentido, el apoyo de los No Adscritos a esta enmienda de Podemos es clave, ya que de haberse tenido que debatir en un pleno de Les Corts, su validación estaría más lejos de producirse, ya que en el hemiciclo PP (31), Podemos (13) y Marí y los suyos (4), hubieran sumado 48 escaños. Una cantidad que sería insuficiente si PSPV (23), Compromís (19) y Ciudadanos (9) se opusieran a este cambio.
A pesar de todo, conviene apuntar que el grupo de Mari Carmen Sánchez trasladó a Valencia Plaza que, de la misma manera que Compromís, se sentían cómodos con el contenido, pero no con las formas de Podem. Por lo que el posicionamiento esperado de ambas formaciones podría ser la abstención. En la próxima comisión del 5 de diciembre podrá observarse si los posicionamientos de cada grupo se mantienen o, de lo contrario, alguno cambia y modifica el escenario.