El PSPV duda que se llegue a reformar la Ley de Participación Institucional antes de elecciones

VALÈNCIA. El debate de Presupuestos del año pasado fue, probablemente, el más delicado de toda la legislatura. A la negativa de Podemos a aprobar las cuentas si no se avanzaban en cuestiones como la tasa turística o el SDDR, se sumaron iniciativas inesperadas y polémicas como la presentada por el PPCV que lidera Isabel Bonig que pedía quitar las ayudas directas a los sindicatos mayoritarios y la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) para que estas se repartieran por concurrencia competitiva entre todas las organizaciones sindicales y patronales. 

Después de que aquel revés se viera frustrado, los populares registraron en noviembre del año pasado una propuesta para reformar la Ley de Participación Institucional aprobada por el último Consell del PP para cambiar el sistema de reparto de ayudas. Tanto esta, como la enmienda a los Presupuestos vino motivada por la participación de UGT, CCOO y la CEV en la manifestación del 18 de noviembre que reclamaba al Gobierno de Mariano Rajoy una financiación justa para la Comunitat Valenciana.

La tramitación de la propuesta de reforma fue validada por todos los grupos parlamentarios y en marzo comenzaron las comparecencias de los distintos agentes implicados en la Comisión de Coordinación de Les Corts. Así, en junio terminó el plazo de presentación de enmiendas a la ley, penúltimo paso para que la modificación de la ley llegue a un pleno de la cámara. Sin embargo, a pesar de que tan solo quedan dos trámites para zanjar el debate, fuentes del PSPV dudan que se pueda aprobar cualquier cambio en la normativa en esta legislatura. "No da tiempo", confirman otras fuentes socialistas. 

En este sentido, recuerdan que en diciembre no hay ningún pleno ordinario convocado, ya que todos los que se celebrarán serán para trabajar en la Ley de Acompañamiento y los Presupuestos de la Generalitat de 2019. Además, enero es inhábil y si se habilita "será para agilizar trabajos en las comisiones, no para plenos". A todo ello se suma que la cámara se disolverá a finales del mes de marzo -si no hay adelanto electoral-, mes en el que no se suelen agendar plenos por la cantidad de fiestas populares de la Comunitat: La Magdalena de Castellón y Fallas de València. 

Con este escenario, cabe recordar que Podemos y el Consell firmaron un acuerdo presupuestario hace dos semanas en el que, además de recoger las líneas maestras que tenían las cuentas del próximo ejercicio, fijaba cuáles eran las leyes prioritarias que se debían aprobar "sí o sí" en esta legislatura. Un total de 15 proyectos normativos entre los que no se encuentra la Ley de Participación Institucional. 

Entre ellas están la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup); la de LGTBI, la Ley Infancia y Adolescencia, y la de Servicios Sociales Inclusivos, las tres procedentes de la Conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra; la norma de Estructuras Agrarias; el proyecto de Ley de Mediación; modificación de la Ley del Síndic de Greuges; Ley de Lobbies y la reforma del Estatuto de Expresidents, que se debatieron este miércoles en comisión; Ley de Diputaciones; Ley de Prevención de Residuos y Economía Circular; la modificación de la Ley de Seguridad Ferroviaria; Proposición de Ley de Información de Préstamos Hipotecarios; la reforma de la Ley del Consell del Audiovisual y la frustrada modificación de la Ley Electoral Valenciana.

Malestar en los sindicatos mayoritarios

Otra de las preocupaciones que exponen con este tema los socialistas es la dificultad para hallar una "fórmula que resuelva el problema de reparto entre mayoritarios y minoritarios" puesto que en las comparecencias "ya se pudo ver que llegar a un método óptimo que contentara a todos no era fácil". No en vano, ante el primer diseño de reforma que plantearon los socios del Botànic, los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) se revelaron y tacharon de "frívola" la propuesta.

El cambio más significativo que plantearon entonces introducir era basar el sistema de reparto de ayudas en el número de delegados de cada sindicato. La intención era definir en el articulado cuánto se pagaba por delegado sindical, pero no fijar una cuantía anual, sino introducir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como indicador de referencia y establecer un porcentaje que se encontraría entre el 8% y el 10% sobre ese referente. 

El rechazo frontal de ambos sindicatos, la tímida insistencia del PP para agilizar los trámites con esta reforma -según fuentes parlamentarias no han solicitado que se convoque para zanjarlo-, el calendario parlamentario, y las prioridades legislativas entre las que no se encuentra la modificación de la Ley de Participación Institucional, dejan en la cuerda floja esta normativa a cuatro meses de que se disuelvan Les Corts.