El Consell ultima una ley de renovables para acabar con el atasco de más de 400 proyectos 

VALÈNCIA. La dilatada tramitación de proyectos de energías renovables en la Comunitat Valenciana sigue siendo preocupante. La burocracia y el actual marco normativo no ayudan a la salida de los expedientes y el atasco se acumula. Se trata de un problema que no es nuevo, pero que preocupa al sector, que lleva años alzando la voz ante esta situación. Y más en contexto inflacionista como el actual y en el que los objetivos de descarbonización, con un cambio climático más que evidente, están más presentes que nunca. Por ello, conscientes de esta problemática, el Consell ultima una nueva ley valenciana para acelerar el proceso y acabar con el actual tapón de cerca de 420 expedientes.

Una nueva norma en la que lleva meses trabajando el departamento de la Conselleria de Industria, que dirige Nuria Montes, quien ya avanzó que se iba a acometer una reforma del marco legislativo que regula las renovables en la autonomía. Ahora, fuentes de este departamento, avanzan que esta regulación tendrá rango de ley y se presentará entre enero y febrero de este año con el objetivo de que el texto se apruebe en 2024. 

El objetivo es cumplir con el hito fijado por la autonomía de llegar a una potencia de 10.000 MW en 2030, de los que 7.000 serán de fotovoltaica y 3.000 de eólica. Unos números que actualmente están muy lejos de ser alcanzados, teniendo en cuenta que en este momento existe un profundo bloqueo de expedientes, muchos de ellos esperando evaluación y veredicto desde hace más de tres años, y que suponen una inversión estimada de 7.000 millones de euros. 

Una situación que es conocida por la Administración Valenciana que busca poner orden. Uno de los principales problemas es la burocracia en el proceso por el número de departamentos implicados en esta cuestión como son Medio Ambiente e Industria. Las comunicaciones entre Consellerias ha propiciado parte de las demoras, por lo que la intención es que los plazos se acorten. Asimismo, la colaboración con los ayuntamientos jugará un papel fundamental desde el principio del proceso, con el fin de evitar que un promotor que haya completado todo el periplo burocrático vea su desarrollo frenado por la paralización de la licencia municipal, como ha ocurrido en algunas ocasiones.

También, se pretende que la administración reciba el expediente en el mejor estado posible para evitar requerimientos, para lo que se se estudia generar una plataforma, vía convenio con colegios profesionales, para que los promotores suban la documentación y se detecte la falta de algún documento y no dilatar tanto el proceso. "Se han perdido ocho años de haber consolidado mejor la posición de la Comunitat Valenciana. Ahora no tenemos ni un minuto que perder. Como Consell no podemos desperdiciar ni un solo minuto porque ya se han cometido errores de los que hemos aprendido mucho", admitió la consellera Montes hace unos meses.

Desde el sector están expectantes y urgen a avanzar por este camino para acabar con la actual situación en la Comunitat Valenciana, en el tren de cola de las renovables a nivel nacional. De hecho, las empresas respiraron con la convalidación este miércoles del decreto anticrisis de Sánchez, que fijaba una moratoria de seis meses -del 25 de enero al 25 de julio-, para que los promotores obtuvieran el permiso de construcción de proyectos renovables. De no haberse aprobado, se corría el riesgo de que más de 60 proyectos y cerca 900 millones de inversión se perdieran precisamente por no llegar a tiempo para tramitar esos expedientes. 

No obstante, el volumen de proyectos parados en la autonomía es aún mayor. Según datos de la Asociación Valenciana de Empresas del sector de la Energía (Avaesen), a cierre de 2022 eran unos 350 los proyectos que la Generalitat Valenciana tenía pendientes de resolver, pero la cifra se ha elevado hasta los 420 a finales del pasado año 2023. Y ello con el agravante de que en solo un año se resolvieron unos 15 expedientes mientras que muchos otros empresarios desistieron, provocando una fuga de la inversión.

Solo 32 MW instalados en 2023

La mayor parte de esas iniciativas, cerca de un 80%, son plantas de menos de 20 MW, siendo el grueso por debajo de los 10 MW, por lo que su tramitación es más sencilla. En total, esos 420 expedientes pendientes sumarían una potencia de 8.000 MW y movilizarían cerca de 7.000 millones de euros, según datos de la patronal. Pero no solo eso, sino que estas obras generarán cerca de 5.000 nuevos empleos. Sin embargo, se corre el riesgo de que si no salen los permisos de forma gradual, "exista después un problema de falta de mano de obra ante la avalancha de obras a desarrollar", advierte la organización empresarial.

Fruto de esta situación, la región está en una situación de 'sequía' en cuanto a potencia renovable instalada. Así, solo este año se han montado y puesto en funcionamiento 32 MW en la Comunitat y 94 MW desde 2019, es decir, en el último lustro. Unas cifras que contrastan con las de otras autonomías limítrofes como Castilla-La Mancha, que solo en 2023 ha activado 1.888 MW, de acuerdo con los datos de Red Eléctrica. 

En concreto, en 2018 había en la autonomía valenciana 360 MW instalados, mientras que un año después tan solo se construyeron 5 MW más hasta los 365 MW, mientras que en 2020 ninguno. Ya en 2021 se dio cierto impulso con plantas que sumaron una potencia de 43 MW más hasta llegar a los 408 MW; en 2022 se llegó a los 427MW y el año pasado se cerró con 32 MW más hasta los 459 MW, según los mismos datos. 

Con todo, los datos de generación energética de Red Eléctrica muestran que la participación de la Comunitat Valenciana en el crecimiento de la capacidad fotovoltaica instalada en España es testimonial. Por tanto, con el despliegue actual, la autonomía tardaría 92 años en conseguir esa autonomía energética.

Lo cierto es que el atasco en la tramitación de las renovables ha sido uno de los principales caballos de batalla del Consell en los últimos años. El Botànic intentó sin éxito remedir este escenario de parálisis, pero las discrepancias entre los socios de gobierno -PSPV, Copromís y Podem- complicaron que así fuera. La disputa llegó a tales niveles por los diferentes modelos que cada socio del Botànic defendía que desencadenaron en el cese del director de Transición Ecológica. 

Ahora, el nuevo gobierno de PP y VOX busca de nuevo poner freno a este complejo panorama. Y lo harán a través de una nueva ley para sentar unas nuevas bases que pongan fin a un bloqueo que está impidiendo que la región cumpla con sus objetivos de descarbonización, a la vez que se está obstaculizando la puesta en marcha de proyectos, que, eso sí, ofrezcan garantías y cumplan con el marco normativo.