El austericidio

En los peores años de la crisis, cuando el Gobierno de Rajoy sacó la tijera y se puso a recortar y a obligar a recortar a los gobiernos autonómicos –más lo segundo que lo primero– para evitar ser intervenidos (aún más) por la Unión Europea, se popularizó el término "austericidio", bien construido pero mal empleado. En la Comunitat Valenciana, cada recorte de Fabra era un austericidi, en palabras del entonces portavoz de Compromís, Enric Morera, que amargó con esta etiqueta el ya de por sí duro mandato (2011-2015) del hoy senador popular.

Austericidio es una palabra construida con el sustantivo austeridad y el sufijo -cidio, pero significa justo lo contrario de lo que querían decir Morera y compañía. El sufijo -cidio significa "acción de matar" (RAE) y con él se construyen homicidio (matar a una persona), fratricidio (al hermano), parricidio (al padre o madre), regicidio (al rey o reina) o suicidio (a uno mismo). Así que austericidio significa matar la austeridad, que no es lo que ocurrió durante el mandato de Alberto Fabra sino lo que estamos viendo ahora con el Gobierno de Ximo Puig y sus socios del Botànic.

La política de austeridad vino provocada por una terrible crisis que dejó a muchos españoles sin trabajo y que se vio agravada por los recortes en inversiones públicas –más paro– y en personal de las administraciones –más paro–, además del empeoramiento de los servicios públicos que afectó sobre todo a quienes más necesitan de los servicios públicos, que son los más desfavorecidos.

El Gobierno de Puig dio por terminada la política de austeridad hace un par de años con un aumento de las inversiones y el gasto social que en algunas áreas era necesario aunque impidiera avanzar en el objetivo de déficit. En el presupuesto de 2019, año electoral, el Consell se desmelenó con un aumento del 10% del gasto sustentado por una previsión de ingresos irreal, "optimista" según reconoció el conseller Soler.

Inflación... de altos cargos

Pasadas las elecciones –y aún con el mismo presupuesto, que habrá que modificar–, se consuma el austericidio de una manera difícil de justificar. El Consell tendrá casi 40 nuevos altos cargos y otros tantos asesores adicionales que costarán unos 4 millones de euros más al año en nóminas; súmale los gastos corrientes que generarán y súmale las agencias, oficinas, institutos y demás chiringuitos ya anunciados. Más estructura que el Gobierno de Camps. 

Todo para colocar en muchos casos a compañeros de partido porque este va a ser un Consell menos técnico y más político. De ahí que hagan falta asesores para encaminar al político que no sabe de la materia. El problema es cuando los asesores también son compañeros legos, que los hay.

Vayamos con un ejemplo de inflación gerencial: Bajo la dirección de la consellera Mireia Mollà y subdirección de la secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Paula Tuzón, habrá nada menos que seis direcciones generales con las siguientes denominaciones: DG de Medio Natural y Evaluación Ambiental, DG de Calidad y Educación Ambiental, DG de Agua, DG de Prevención de Incendios Forestales, DG de Cambio Climático y DG de Transición Ecológica. El presupuesto total para todas ellas este año es de 123 millones de euros. La DG que tenía menos presupuesto, Cambio Climático y Calidad Ambiental (17 millones, cinco de ellos para personal) se ha dividido en dos, dos altos cargos para administrar las migajas de un presupuesto de la Generalitat de 22.000 millones.

Compárese con la Conselleria de Sanidad Universal toda la conselleria, que también tiene seis direcciones generales para gestionar un presupuesto de 6.600 millones de euros en A y 500 en B (las facturas en el cajón). 

El conseller Soler, que tiene que pagar la fiesta con el dinero de todos, el real y el ficticio, confía en que el aumento de altos cargos, asesores y chiringuitos haga que el Gobierno de Puig sea más eficiente. Mucho tendrá que mejorar, porque la eficiencia, como él sabe, es hacer más con menos.

El austericidio de los alcaldes

Quienes también han dado por terminada la época de austeridad son buena parte de los alcaldes y concejales de los ayuntamientos de toda España, de todos los partidos, que han logrado un primer acuerdo unánime –que en algunos casos será el único de la legislatura– para subirse los sueldos.

Con España creciendo de forma continuada durante cinco años, la situación ha mejorado pero seguimos con 3,3 millones de parados –muchas más mujeres que hombres–, unos sueldos que se han quedado anclados en la época de recortes y un riesgo de pobreza o exclusión social que en la Comunitat Valenciana alcanza al 30% de sus habitantes. Millón y medio de personas. El 7,3% de los hogares valencianos tiene mucha dificultad para llegar a fin de mes, el 36,% no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, el 40% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 6% tiene retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal (datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2018 del Instituto Nacional de Estadística).

Conscientes de que la caridad empieza por uno mismo, los alcaldes se han arreglado su sueldo, el de los concejales y el de los asesores porque les parece muy bajo. Joan Ribó le ha subido el salario 10.000 euros a un asesor –hasta 67.000 euros– que ni es cargo electo ni funcionario pero que cobra ya más que un conseller. Xavier Ribera es su director de Iniciativas y Estrategias, la primera de las cuales es que antes gobierne solo que con Sandra Gómez de vicealcaldesa. 

Al mismo tiempo, el alcalde ha bajado el sueldo a ocho concejales de la oposición quitándoles la dedicación exclusiva porque así lo establece una ley de 2014 ideada por el recortador Montoro para ahorrar. Pero hecha la ley, hecha la trampa. El alcalde de València ahorra con ello 36.000 euros pero le sube el sueldo a un asesor y contrata a tres más, con un coste total de 181.000 euros. Un austericidio en toda regla.

Por cierto, en la pasada legislatura Ribó no cumplió la ley de Montoro que ordenaba recortar el sueldo a ocho de los 33 concejales. Ningún partido se quejó, nadie lo llevó a la fiscalía ni a Antifraude, nadie va a devolver el dinero y nadie va a pagar por ello.