El Ayuntamiento de València se prepara para asumir gastos de La Marina en el impás administrativo

VALÈNCIA. La comisión liquidadora de La Marina continúa sus trabajos para poner fin al organismo que gestiona este espacio, el Consorcio Valencia 2007. Un proceso que se inició hace un año con la condonación de la deuda de 400 millones de euros del ente por parte del Gobierno central y que, por disputas jurídicas se demoró varios meses. Ahora, los liquidadores ya se encuentran en pleno proceso de desmantelamiento del consorcio, que se pretende concluir a final de año.

Para finales de octubre hay una nueva reunión de los tres miembros de la comisión liquidadora, correspondientes a las tres administraciones que constituyen el consorcio: el Gobierno central, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València. Y la pregunta que todavía no se ha resuelto es qué ocurrirá con el 'contenido' que ahora mismo gestiona el ente, pero que quedará en una suerte de limbo una vez se consume su liquidación.

Tanto el alcalde de València, Joan Ribó, como el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, acordaron hace dos semanas que se creará un nuevo organismo en forma de fundación o empresa pública para suceder al actual consorcio. El problema está en los tiempos y, precisamente, en el desfase temporal si el consorcio se liquida antes de que el nuevo ente público esté creado y formalizado, algo que no se considera improbable.

En ese caso, explican fuentes conocedoras de la situación, "lo normal" es que las concesiones en suelo municipal -como los espacios del Veles e Vents- volvieran a la gestión municipal. Pero hay otras cuestiones en medio de este 'divorcio' temporal, como el personal de La Marina, de las que debería hacerse cargo alguna administración. Y el Ayuntamiento trabaja con la posibilidad de que se dé esta situación de impás y tenga que asumir empleados, al menos de manera temporal hasta que la nueva fundación o empresa pública esté constituida.

Pero Ribó considera imprescindible que el nuevo ente nazca con la gestión de todo el espacio de La Marina y no sólo del suelo propiedad del Ayuntamiento -La Marina norte-. Por ello, ya ha reclamado varias veces que el Puerto inicie los trámites para entregar a la ciudad también La Marina sur. Y Puig, por su parte, ha pedido algo similar con la lámina de agua, que no puede ser de competencia municipal.

Crear el nuevo organismo sin esos espacios es, para el primer edil, una situación indeseable. Estas conversaciones para el traspaso de espacios pueden llegar suponer un retraso en la constitución de la fundación o empresa y alargar más de lo previsible el ínterin desde la disolución del consorcio. Por ello, no es descartable que el Ayuntamiento tenga que asumir, por ejemplo, a los trabajadores.

Por el momento ni la concejalía de Personal ni la de Hacienda tienen esta previsión recogida en los presupuestos municipales de 2023, actualmente en elaboración y negociación. Pero desde el departamento de Hacienda explicaron que, en principio, no habría problema en afrontar gastos extraordinarios e imprevistos como estos con modificaciones de crédito a lo largo del ejercicio.

El funcionamiento actual de La Marina

Mientras se trabaja en la liquidación del consorcio, el funcionamiento de La Marina ha variado ligeramente. Los empleados y directivos del organismo continúan tramitando los expedientes necesarios, pero la comisión liquidadora tiene la última palabra en autorizaciones o contratos. Y es el Ayuntamiento el que debe aprobar el aterrizaje de proyectos empresariales o de otra índole en terrenos de la fachada marítima. Pero durante este período, el consorcio no puede aprobar inversiones ni nuevas concesiones.

De hecho, el gobierno municipal aprobó a principios de julio recuperar el control de dos edificios como son el de La Base y el edificio Docks para el desarrollo de nuevos proyectos que, con la situación del consorcio, no podían salir adelante. En los Docks, actualmente sin uso, se proyecta un centro de datos en liza entre dos empresas. En La Base del Alinghi, por su parte, Ribó ha decidido alquilar un espacio a la agencia autonómica de empleo Labora para los próximos 30 años, en este caso sin el apoyo de sus socios de gobierno, el PSPV que encabeza la vicealcaldesa, Sandra Gómez.